A dos años de su implementación, el polémico «protocolo antipiquetes» del gobierno de Javier Milei ha sido puesto en jaque por la justicia argentina. La disputa legal sobre esta medida, que habilita el uso de la fuerza para despejar vías, redefine la delgada línea entre el derecho a la protesta y el orden público en medio de la drástica reforma judicial Argentina y las políticas de austeridad.
El litigio constitucional y la anulación del juez federal
El denominado «protocolo antipiquetes», que comenzó a aplicarse desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, está ahora bajo revisión judicial en Buenos Aires. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a despejar la vía pública por la fuerza durante las manifestaciones.
El juez federal, Martín Cormick, determinó el lunes pasado dejar sin efecto la resolución ministerial que da soporte al protocolo. El magistrado consideró que esta medida administrativa limita directamente el derecho a la protesta y el de reunión de los ciudadanos.
En su fallo, Cormick objetó que estos derechos fundamentales «solo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional», argumentando que el Ejecutivo excedió sus facultades. La resolución judicial responde a una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos.
Amnistía Internacional, una de las organizaciones querellantes en el caso, celebró la decisión:
- «Este es un triunfo colectivo», indicó Amnistía Internacional en su reacción.
El gobierno apela para mantener vigente el protocolo
A pesar del fallo que anulaba la medida, el protocolo se mantiene vigente temporalmente debido a la respuesta inmediata del gobierno de Javier Milei. La administración apeló el fallo este martes, 30 de diciembre de 2025.
Tras la apelación gubernamental, el juez suspendió los efectos de la anulación hasta que el tribunal de segunda instancia se pronuncie sobre la constitucionalidad del instrumento.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la necesidad del protocolo al argumentar que su ausencia llevaría al desorden:
- «Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8 mil piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior», señaló Adorni.
El contexto social: incidentes y crisis económica
Desde su implementación, el «protocolo antipiquetes» ha sido una fuente constante de tensión, generando incidentes violentos entre policías y manifestantes. Se han reportado heridos graves, incluidos jubilados y periodistas.
Los «piquetes» o cortes de calles y rutas se han consolidado como una forma habitual de protesta en Argentina desde la crisis social y económica de 2001.
El conflicto actual se enmarca en las políticas de drástico ajuste económico impulsadas por la administración Milei. Al inicio de su mandato, el presidente llevó a cabo una devaluación del peso que superó el 50 por ciento e implementó una severa reducción del gasto público, que ha incluido:
- La eliminación de subsidios en áreas críticas como transporte, salud y educación.
- El despido de miles de funcionarios públicos en diversas dependencias gubernamentales.
Este pulso legal no es solo un debate sobre el ordenamiento de las calles, sino una confrontación profunda entre la capacidad del Ejecutivo para imponer medidas de seguridad y la garantía constitucional de los derechos ciudadanos. Mientras la administración de Javier Milei busca mantener el control en un clima de fuertes ajustes económicos, el resultado del recurso de segunda instancia definirá si la represión es la vía legal para gestionar la protesta social en Argentina.
