Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, buscó una maniobra legal sin precedentes para detener al máximo tribunal del país. La empresa intentó que los nueve ministros del pleno fueran apartados de dos litigios por créditos fiscales ante el SAT, que superan los 34 mil millones de pesos. Este conflicto fiscal escaló rápidamente, provocando una respuesta contundente del presidente de la Corte.
La estrategia inaudita para paralizar al máximo tribunal
Grupo Elektra intentó paralizar a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la resolución de dos litigios que promovió contra créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En conjunto, estos créditos fiscales ascienden a más de 34 mil 373 millones de pesos, correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos.
La empresa, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, utilizó dos solicitudes de impedimento, un recurso legal usado para separar a un juzgador de un asunto cuando existe riesgo en su imparcialidad o un posible conflicto de intereses. Por medio de estas solicitudes, Elektra pidió al alto tribunal que fueran apartados los nueve integrantes del pleno de la Corte sobre la revisión de amparos.
El objetivo de la recusación era detener la resolución de dos casos cruciales:
- Amparo Directo en Revisión 6321/2024: Este es el juicio más cuantioso que enfrenta el grupo, en el que impugna un crédito fiscal de 2013 por más de 33 mil 306 millones de pesos.
- Juicio 5654/2024: Relativo a otro crédito fiscal de 2008, cuyo monto es superior a mil 431 millones de pesos.
Rechazo tajante y la imposición de multas por dilación
Las solicitudes de impedimento promovidas por Grupo Elektra fueron rechazadas sin mayor trámite por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
En lugar de procesar la petición, el ministro Aguilar Ortiz impuso multas a la empresa. La sanción se debe a que la presidencia consideró que la maniobra legal buscó “entorpecer o dilatar” los juicios.
La notificación de la SCJN, emitida ayer en listas electrónicas, precisó la negativa de revisar las pruebas ofrecidas por la parte demandante:
> «Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen (Elektra)”.
Si bien las razones de Elektra para buscar la recusación total no son públicas, tampoco se ha detallado el monto de las multas impuestas. Sin embargo, el marco legal establece la posibilidad de esta sanción. El artículo 250 de la Ley de Amparo prevé que “cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de 70 a 690 unidades de medida y actualización”.
La nueva integración del pleno y los precedentes
Esta es la primera ocasión en que la empresa ha intentado recusar a la totalidad del pleno de la Suprema Corte. El pleno actualmente está integrado tras las recientes elecciones judiciales, y se compone de la siguiente manera:
- Ministras que repitieron en el cargo: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
- Ministros que asumieron el cargo por primera vez: Hugo Aguilar Ortiz (Presidente), Arístides García Guerrero, Giovanni Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González e Irving Espinosa Betanzo.
En la anterior integración, el grupo empresarial ya había tramitado recursos de impedimento en lo individual contra seis ministros: Batres Guadarrama, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
El litigio completo del Grupo Salinas
El conflicto fiscal de Elektra forma parte de un panorama más amplio de litigios que involucran al emporio de Ricardo Salinas Pliego. Actualmente, en la Corte hay pendientes de resolución seis asuntos de Grupo Salinas, que impugnan créditos fiscales por más de 41 mil millones de pesos.
De estos seis asuntos pendientes, cinco corresponden directamente a Grupo Elektra y uno a Tv Azteca.
Este panorama judicial se enmarca en un contexto de tensión pública. Recientemente, Presidencia, a cargo de Claudia Sheinbaum, rechazó la posibilidad de un acuerdo fiscal con el conglomerado, enfatizando: “si quieren pagar, paguen”. Por su parte, Grupo Salinas ha afirmado que acudirá a instancias internacionales para dirimir la deuda ante el SAT.
El rechazo del presidente Aguilar Ortiz no solo pone fin a una estrategia dilatoria, sino que sienta un precedente de contundencia en la renovada SCJN. La postura de la Corte parece ser de cero tolerancia a tácticas que busquen evadir la justicia fiscal, preparando el escenario para la resolución de la multimillonaria deuda que enfrenta el emporio de Ricardo Salinas Pliego.
