Tras más de un siglo con una jornada laboral inamovible, México se encamina hacia un cambio histórico. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa para reformar la jornada laboral 40 horas México, la cual se reducirá paulatinamente de 48 a 40 horas semanales a partir de 2027. La propuesta, fruto de meses de negociaciones tripartitas, busca un incremento en la productividad sin generar mayores costos al sector empresarial.
Una reforma laboral histórica que despegará en 2027
La Secretaría del Trabajo, a través de su titular, Marath Bolaños, confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025 que la propuesta para reducir la jornada laboral será enviada al Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación. Este cambio implica una reforma a nivel constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, que requerirá el aval del Congreso de la Unión y de los congresos locales.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el calendario de implementación de la medida, puntualizando que la modificación permitirá pasar del modelo actual de 48 horas de manera gradual:
- 2026: Será el año de transición para que las empresas, los sindicatos y los trabajadores puedan adecuar sus actuales formas de producción. La iniciativa de reforma será presentada formalmente ante el Congreso.
- A partir de 2027: Se iniciará la reducción gradual, disminuyendo dos horas anuales en esta jornada.
- 2030: Se alcanzarán las 40 horas semanales, concretando la reforma laboral.
Respecto al periodo de gracia, la presidenta Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que el 2026 las empresas harán las adecuaciones necesarias para garantizar que se pueda reducir la jornada laboral en 46 horas.
El universo de beneficiarios y los desafíos del consenso
De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y citados por el secretario Marath Bolaños, la reforma beneficiará a un universo de 13.4 millones de trabajadores en México que actualmente laboran más de 40 horas a la semana, o incluso más de 56 horas, a pesar de que el máximo legal es de 48.
El funcionario federal enfatizó que la negociación de esta reforma, que tardó meses en despegar (el banderazo de salida se dio en mayo, durante la conmemoración del Día del Trabajo), involucró a empresarios, sindicatos y trabajadores a través de 40 mesas de trabajo.
La presidenta Sheinbaum reconoció la dificultad de alcanzar un acuerdo, señalando que las negociaciones no fueron fáciles debido a las presiones contrapuestas:
- Algunas de las principales organizaciones sindicales demandaban que la jornada de 40 horas comenzara desde 2026.
- Sectores del sector empresarial rechazaban «absolutamente la reforma» argumentando que afectaría a las empresas.
A pesar de las tensiones, Bolaños comentó que la decisión de que la reforma entre de manera gradual está en consonancia con las recomendaciones que se desprenden del convenio 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Productividad y bienestar, las claves de la argumentación
El gobierno argumentó que la reducción de la jornada no solo beneficia a los trabajadores, sino que también produce múltiples beneficios para la economía y las unidades económicas.
Bolaños, desde Palacio Nacional, destacó que «la reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social, al igual que produce múltiples beneficios». Sheinbaum sostuvo que se ha demostrado en otras experiencias en el mundo que la reducción a 40 horas ha redundado en mayores beneficios, incrementando la productividad. Incluso mencionó el ejemplo de países nórdicos que redujeron la jornada hasta las 36 horas por los resultados obtenidos.
Sheinbaum fue enfática al asegurar que la propuesta «no implica mayores costos para el sector empresarial y es un acuerdo de consenso». El funcionario del Trabajo puntualizó que esta reducción no implicará disminución de salarios ni prestaciones. Estos cambios, según Bolaños, redundarán en bienestar para los trabajadores porque reducirán los riesgos para su salud al disminuir la fatiga, y les permitirán más tiempo para el esparcimiento y mayores cuidados en su alimentación.
Marco regulatorio y nuevas reglas para horas extra
La iniciativa busca ordenar legalmente la semana laboral. Actualmente, aunque la ley establece 48 horas con un día de descanso, en la práctica hay trabajadores que laboran más de 56 horas por semana sin ninguna sanción para el empleador. Con la reforma, la reducción a 40 horas implicaría ordenar dos días obligatorios de descanso.
Para garantizar el cumplimiento de los nuevos umbrales de trabajo, se establecerán mecanismos de supervisión:
- A partir de 2027, se creará un registro electrónico de jornada laboral para que las autoridades puedan supervisar el cumplimiento.
- La iniciativa establece nuevas reglas claras para el trabajo extraordinario, incluyendo la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras.
- Las horas extraordinarias serán voluntarias.
- No podrán rebasar las cuatro horas diarias ni realizarse por más de cuatro días a la semana.
- El pago de cada hora extra será al doble del salario correspondiente a la hora ordinaria.
El contexto económico: aumento salarial simultáneo
El acuerdo tripartita (gobierno, sector obrero y empresarial) logró otros cambios en el mundo laboral, como la ampliación de las vacaciones y la eliminación del outsourcing. En este contexto, se acordó elevar el salario mínimo general para 2026:
- Aumento del 13% para el salario mínimo general en el resto del país, pasando de 278.80 pesos a 315 pesos diarios (equivalente a 9,582 pesos al mes).
- Aumento del 5% para los estados de la frontera, llegando a 440 pesos diarios (equivalente a 13,409 pesos mensuales).
El secretario del Trabajo hizo hincapié en que con esta alza, el salario alcanzará para pagar dos canastas básicas, avanzando hacia la meta sexenal de llegar a cubrir 2.5 canastas básicas, y descartó que estos aumentos consecutivos se traduzcan en inflación.
La aprobación de la reforma de la jornada laboral en 2026, con su aplicación gradual hasta 2030, se posiciona como una de las transformaciones sociales más significativas del sexenio. No obstante, los nuevos desafíos para el país—en un entorno de desaceleración económica, disminución de la inversión y baja creación de empleos, tal como se mencionó en mayo durante el inicio de la discusión— obligarán a las autoridades a garantizar una supervisión estricta y a evitar que la flexibilidad del periodo de transición se convierta en un vacío legal que perpetúe la inamovilidad histórica de la legislación laboral.
