El estallido de un vehículo explosivo frente a una base de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, confirmó la peligrosa escalada de violencia en el estado. Con un saldo inicial de cinco muertos y múltiples heridos, la Fiscalía General de la República (FGR) clasificó el suceso como un ataque terrorista Michoacán, una calificación que no se usaba desde hace más de una década.
La FGR clasifica el ataque de Coahuayana como terrorismo
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación profunda tras la explosión ocurrida el pasado sábado (06). La detonación se registró alrededor de las 11:00 o 11:40 de la mañana en la calle Ignacio López Rayón (Avenida Rayón, colonia Centro), frente a la base policial comunitaria de dicha demarcación. La dependencia informó que trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para esclarecer los hechos.
Inicialmente, la FGR abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Sin embargo, el Ministerio Público federal precisó que también se inició la indagatoria en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo, derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal.
Para esta compleja investigación, que involucra tanto delincuencia organizada como terrorismo, participan diversas áreas especializadas:
- Fiscalía Especializada de Control Regional.
- Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
- Fiscalía de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
En el sitio del siniestro trabajan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal, especialistas en criminalística, medicina, genética, incendios, explosivos, telecomunicaciones e ingeniería.
El saldo de víctimas y la precisión del ataque
El ataque se produjo directamente frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, una estructura encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido con el alias de “El Comandante Teto”, exintegrante de los grupos de autodefensa surgidos en 2014.
Según las autoridades, el saldo fatal asciende a cinco personas muertas. La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que se localizaron los restos de dos personas dentro de la camioneta siniestrada, mientras que tres de las víctimas pertenecían a la Policía Comunitaria local y perecieron cuando recibían atención médica. En total, ocho integrantes de la policía comunitaria resultaron heridos.
El secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda, explicó que los lesionados fueron trasladados en helicópteros de los gobiernos federal y estatal a hospitales de alta especialidad en Morelia para su atención. Hasta anoche, ni las personas fallecidas ni las heridas habían sido identificadas.
La explosión sacudió al poblado de Coahuayana, ubicado a unos 40 kilómetros de Tecomán, Colima. La detonación dañó el servicio eléctrico, varias viviendas cercanas y al menos cinco vehículos estacionados.
Antecedentes de la clasificación de terrorismo en México
El uso de esta clasificación por parte de la FGR es significativo, ya que en los años recientes solo un caso había sido considerado terrorista: la agresión con granadas perpetrada en los festejos del 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia. Aquel ataque tuvo un saldo de ocho personas muertas y más de 120 heridas.
En el caso de 2008, tres presuntos integrantes del grupo criminal Los Zetas fueron detenidos y acusados de terrorismo, aunque posteriormente fueron absueltos tras siete años de prisión, luego de demostrar que habían sido torturados para confesar su culpa. Otro antecedente similar tuvo lugar el 1° de mayo de 1984, cuando un hombre lanzó dos bombas molotov contra el balcón presidencial de Palacio Nacional, hiriendo a varias personas.
El control territorial y la guerra por el fentanilo
El coche bomba de Coahuayana es percibido por analistas como un nuevo paso en la violencia que más temprano que tarde será replicada en otros estados, pues la intención clara fue el terrorismo y atacar a la población civil.
Michoacán es considerado un «laboratorio del crimen» donde se combina la extorsión, la violencia inédita (drones artillados, minas antipersonales) y la profunda penetración de las autoridades, comprobada desde el Michoacanazo en tiempos de Felipe Calderón.
El ataque ocurre en un contexto de alta tensión. Los gobiernos federal y estatal implementaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a fin de erradicar la violencia, especialmente luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado el pasado 1° o 10 de noviembre.
Las autoridades (Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército y Marina) operan en la región debido a la intensa disputa entre policías comunitarias y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las rutas de tráfico de drogas.
La economía criminal se centra en:
- Lázaro Cárdenas: El puerto es una «tierra perdida» controlada por el CJNG, convirtiéndose en la puerta de entrada de precursores químicos que llegan de Asia. Estos químicos son clave para la producción de fentanilo y drogas sintéticas, el negocio más redituable en la actualidad.
- Rutas clave: Los precursores, contrabando y productos piratas son llevados desde el puerto a Apatzingán para su distribución hacia Uruapan, Morelia y otras ciudades.
- Conflicto central: La violencia se concentra en la región de Apatzingán hacia Coalcomán, frontera con Colima y Jalisco. Allí se desarrolla la guerra entre Cárteles Unidos (apoyados por La Nueva Familia Michoacana) y el CJNG, que busca el control hegemónico de la frontera estatal y el puerto de Manzanillo.
El control es la palabra clave. El narcotráfico ha financiado campañas y cooptado fuerzas policiales locales para tener control no solo territorial, sino social y económico. Este esquema es el que los operativos buscan romper.
En respuesta al ataque, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y de Seguridad Pública estatal reforzaron la vigilancia en la zona. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, publicó en su cuenta de X que activaron de inmediato los servicios de emergencia por tierra y aire para el rápido traslado de las personas lesionadas.
El coche bomba de Coahuayana no es un incidente aislado, sino «un recuerdo del futuro» para México. ¿Aceptará el Estado mexicano la contundencia de la calificación de «terrorismo» y la urgencia de enfrentar una guerra que se libra, no solo por el trasiego de drogas, sino por el control absoluto de las autoridades locales y la puerta de entrada del fentanilo? El desafío que ha escalado en Michoacán exige una redefinición total de la estrategia de seguridad nacional.
