La crisis que estalló en el campo mexicano entre octubre y noviembre de 2025, conocida como la “Guerra del Maíz”, no fue un evento aislado. Fue la colisión inevitable de dos modelos políticos fallidos. El estallido fue la respuesta del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) a una indiferencia estructural que favoreció directamente al duopolio harinero, cuyo poder se ha incrustado en el círculo íntimo de la Cuarta Transformación.
El círculo vicioso: Abandono estatal y la patología de la crisis de 2025
El conflicto de 2025 se definió por bloqueos carreteros masivos y protestas lideradas por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), que emitió una “declaración de guerra contra la indiferencia”. Este estallido fue producto de una “tormenta perfecta”:
- Una sequía histórica que mermó la producción.
- La infiltración documentada del crimen organizado en el sector agrícola.
- Un incremento descontrolado en los costos de producción.
- Un colapso en los precios internacionales del grano.
El informe demuestra que la crisis es el resultado directo del diseño de la política agrícola de la 4T. Al desproteger al sector agrícola comercial, el gobierno generó un vacío de producción que fortaleció el poder del duopolio harinero (Minsa/Maseca) y de los grandes importadores.
El nexo que encarna esta contradicción es el nombramiento de Altagracia Gómez Sierra, presidenta de MINSA —uno de los monopolios denunciados por los agricultores—, como la principal asesora empresarial de la 4T. Este nombramiento coincidió con el periodo en que las importaciones de maíz, que benefician a su industria, batieron récords históricos.
El abandono de los productores comerciales
El gobierno de la 4T enfocó los Precios de Garantía exclusivamente en productores de subsistencia (hasta 5.5 hectáreas). Esto provocó el abandono de los productores medianos y grandes:
- Son los que siembran el volumen comercial en estados clave como Sinaloa y el Bajío.
- Quedaron a merced de la volatilidad del mercado internacional y del poder de compra del duopolio.
Cuando los precios internacionales colapsaron y los costos internos subieron, estos productores enfrentaron la quiebra, detonando las protestas.
El legado de la liberalización: La «justicia para el campo» del PRI y el PAN
La patología del campo tiene raíces profundas en los modelos anteriores.
El desmantelamiento del estado regulador (1988-1994)
El sistema de precios de garantía para granos básicos, que había sido un pilar desde 1953, se redujo drásticamente antes del TLCAN.
- Su eliminación comenzó bajo el gobierno del PRI, durante las presidencias de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
- Con la implementación de los Pactos de Solidaridad Económica (PSE) en 1988 y para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) en 1989, el régimen de precios de garantía se restringió (en 1989 solo incluyó maíz y trigo).
- El objetivo fue que los precios domésticos tuvieran como único parámetro los precios internacionales. El resultado fue devastador: entre 1993 y 2001, los precios reales del maíz en México cayeron un 44%.
PROCAMPO: Una transferencia regresiva de riqueza
Para mitigar el impacto del TLCAN, el gobierno de Salinas introdujo PROCAMPO en 1993. Este no era un subsidio a la producción, sino un «apoyo directo otorgado en base a la superficie» para compensar por la nueva competencia.
Sin embargo, PROCAMPO funcionó como una transferencia de riqueza:
- Un estudio reveló que el 5% de los agricultores más ricos del país concentró el 44% de todos los recursos de PROCAMPO entre 1994 y 2008.
- En contraste, el 80% de los beneficiarios más pobres recibió apenas el 27% de los fondos.
La política benefició abrumadoramente a entidades con grandes predios, riego y tracción mecánica, como Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. Su propósito real no era la justicia económica, sino comprar la lealtad de la élite agrícola (base electoral del PRI y del PAN en el norte) para asegurar la «estabilidad política» ante la liberalización comercial.
La arquitectura del poder: El duopolio que controla el precio del maíz
El poder sobre el precio del maíz reside en manos de un duopolio industrial y un oligopolio de comerciantes internacionales.
Duopolio y oligopolio
El control del mercado de la harina de maíz nixtamalizada pertenece a GRUMA (Maseca) y a Grupo MINSA. Juntas, estas dos corporaciones controlan el 25% del mercado total de maíz en el país.
Debajo de este duopolio opera un grupo de gigantescos comerciantes de granos: Cargill, Archer Daniels Midland (ADM), Bartlett Grain, Scoular y Cofco. Estas empresas manejan la logística de importación, moviendo aproximadamente 17.5 millones de toneladas de maíz anualmente (principalmente maíz amarillo).
El mecanismo de control es una alianza estratégica:
- El duopolio (Minsa/Maseca) usa la amenaza constante de la importación (manejada por los comerciantes como Cargill/ADM).
- Esta amenaza es su principal arma de negociación para suprimir los precios pagados a los productores nacionales.
Si los productores exigen un precio más alto, el duopolio puede simplemente sustituir la producción nacional por importaciones más baratas. Los análisis confirman que Minsa y Maseca son las «principales compradoras» del maíz blanco importado que entra a México.
La paradoja de la 4T: Una soberanía alimentaria que impulsa la importación
La administración de la 4T prometió «autosuficiencia alimentaria» y un «rescate al campo» mediante la reintroducción de los «Precios de Garantía» a través de SEGALMEX.
El diseño del fracaso de 2025
El diseño de esta política contenía la semilla de la crisis. A diferencia del antiguo sistema CONASUPO, los nuevos apoyos se diseñaron exclusivamente para «pequeños y medianos productores».
La definición operativa es crítica: para el maíz, el precio de garantía ($5,840 por tonelada) solo aplica a productores con hasta 5.5 hectáreas. Los productores medianos (hasta 50 hectáreas) solo reciben un «incentivo», y los grandes productores «simplemente quedan fuera».
Aunque el sector de subsistencia es crucial, los productores de 5.5 hectáreas «no alimentan a la nación» en términos de volumen comercial. Al retirar toda protección estatal a los productores medianos y grandes (los de Sinaloa y el Bajío), el gobierno los sacrificó y expuso a la volatilidad del mercado de Chicago.Se produjo la paradoja: La política de «soberanía» de la 4T es, en la práctica, una política de fomento a la importación. Al destruir el incentivo para la producción comercial nacional, la producción colapsó. Este vacío de oferta fue llenado por importaciones. Irónicamente, esta política fortaleció a:
- Los productores estadounidenses.
- El duopolio Minsa/Maseca, que ahora puede adquirir maíz importado (manejado por Cargill y ADM) sin competencia de un sector comercial nacional protegido.
Altagracia Gómez: El conflicto de interés en el corazón del nuevo gobierno
El “doble mandato” de Altagracia Gómez Sierra la sitúa en el epicentro de la contradicción estructural:
Rol 1: Presidenta de MINSA. Es presidenta del consejo de la segunda harinera más grande de México, parte del duopolio del maíz y una de las principales compradoras de maíz blanco importado para su operación.
Rol 2: Asesora de la 4T. Fue nombrada coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum, sirviendo como la «interlocutora» oficial entre el nuevo gobierno y el sector privado.
Los orígenes del poder familiar
La ironía del nombramiento se acentúa por los orígenes de su fortuna familiar, consolidada gracias a las políticas del «PRIAN» que la 4T denuncia:
- Privatización Salinista: Su padre, Raymundo Gómez Flores, fue un prominente priista que se benefició de las privatizaciones del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Adquirió la empresa fabricante de camiones DINA en 1989 y, de manera crucial, adquirió la propia MINSA —entonces una empresa estatal— en 1993.
- Rescate FOBAPROA: Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la familia Gómez fue beneficiada «en al menos tres ocasiones» por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Los rescates a las empresas de la familia ascendieron a 300 millones de dólares, incluyendo un rescate personal para Raymundo Gómez Flores.
La contradicción es total, dado que Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 4T, fue quien en los años 90 denunció originalmente a Raymundo Gómez Flores como beneficiario principal del FOBAPROA.
Ante el conflicto, la presidenta Sheinbaum defendió a Gómez desviando el fondo del asunto, atribuyendo todo cuestionamiento a “insidia, mucha misoginia” o “bots”. Esta defensa ignora deliberadamente el conflicto estructural documentado.
2024-2025: Récords de dependencia y la revuelta final
El año 2024, con Altagracia Gómez posicionada como asesora clave, vio el materializarse del fracaso de la política de autosuficiencia.
El récord de la dependencia
La producción nacional de maíz se desplomó a su nivel más bajo en más de una década. Como consecuencia, las importaciones totales de granos rompieron todos los récords históricos, alcanzando 46.7 millones de toneladas en 2024, un incremento del 16.2% respecto al año anterior.
El dato más crítico desmiente la narrativa oficial de ser «autosuficiente» en maíz blanco:
- Datos de la SADER y el Banco de México muestran un incremento del 126% en la importación de maíz blanco.
- Reportes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) indican que las importaciones de maíz blanco se cuadruplicaron (un aumento del 291%) en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con 2024.
Las principales compradoras de este maíz blanco importado, que compite directamente con el grano de los productores nacionales, fueron Maseca y Minsa.
| Tipo de Maíz | 2023 (Volumen) | 2024/2025 (Volumen) | Crecimiento % | Principal Comprador/Uso | | :— | :— | :— | :— | :— | | Maíz Amarillo (Importado) | 12.7 MMT (Ene-Ago) | 16.1 MMT (Ene-Ago) | +26.9% | Pecuario/Industrial (Cargill, ADM) | | Maíz Blanco (Importado) | 210 Mil Ton (Ene-Sep 2024) | 822 Mil Ton (Ene-Sep 2025) | +291% (Cuadruplicado) | Harineras (Minsa, Maseca) | | Total Granos (Importados) | 39.3 MMT (Estimado 2023) | 46.7 MMT (2024) | +16.2% | (Total) |
2025: El ataque a los monopolios
Con precios internacionales bajos y sin apoyo gubernamental, los productores comerciales de Sinaloa y el Bajío enfrentaron la quiebra. Sus protestas no fueron solo por apoyos, sino que se dirigieron contra los actores que se beneficiaban de su crisis.
El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) llevó sus protestas directamente a las plantas de Maseca y acusó públicamente a los «grandes monopolios» —Minsa, Bachoco y Sukarne— de imponer «precios de miseria».
La «Guerra del Maíz» expone el círculo causal completo:
- La política de la 4T abandonó al productor comercial.
- La producción nacional cayó.
- MINSA y Maseca (con la presidenta de MINSA como asesora) llenaron el vacío con importaciones récord de maíz blanco.
- Usaron estas importaciones para desplomar el precio nacional.
- Los productores quebraron y protestaron, atacando exactamente a Minsa y Maseca.
El gobierno reconoció la demanda como «legítima» pero con «intereses políticos», negándose a aumentar el apoyo. Solo se logró un acuerdo parcial de 950 pesos por tonelada, únicamente para el Bajío y pagadero en 2026, junto con la promesa de un nuevo «Sistema de Ordenamiento».
Conclusión y perspectivas: La nueva política de cooptación
El campo mexicano ha sido víctima de dos modelos fallidos: la transferencia regresiva del PRI/PAN y el esquema bifurcado de la 4T, que provocó una dependencia récord de las importaciones y fortaleció al duopolio harinero.
La “Guerra del Maíz” de 2025 expuso el conflicto de interés en el corazón de la nueva administración: los productores protestaron contra Minsa mientras la presidenta de MINSA, Altagracia Gómez, funge como la principal asesora empresarial del gobierno, un gobierno cuya política agrícola beneficia directamente a las importaciones que MINSA necesita.
El nombramiento de Gómez no parece ser un error, sino una alianza estratégica. La 4T coopta a una figura emblemática del «viejo régimen» (beneficiaria de las privatizaciones de Salinas y los rescates del FOBAPROA) para que actúe como su puente con el sector privado. A cambio, el duopolio obtiene acceso directo al poder y una política que favorece sus importaciones. La actitud de esta nueva alianza quedó resumida en la frase de Gómez a los productores de Sinaloa: “Al gobierno no se le exige, se le pide”.
El conflicto no es una anomalía; es la característica central de la nueva política económica de la 4T. Mientras el gobierno desvía las críticas como «misoginia» o «intereses políticos» ante demandas legítimas, la duda sobre el prometido «Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado» persiste. ¿Puede un sistema garantizar la justicia para el campo cuando sus arquitectos son, simultáneamente, los principales beneficiarios del fracaso productivo nacional?
