La crisis del precio del maíz, que estalló con paros y bloqueos nacionales en octubre y noviembre de 2025, trascendió rápidamente una disputa sectorial para convertirse en la primera gran crisis política de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el corazón de este conflicto yace una vulnerabilidad estructural: el nombramiento de Altagracia Gómez Sierra. Su dualidad como presidenta de Grupo Minsa, uno de los principales compradores industriales del grano, y coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal, generó un palpable conflicto de interés Sheinbaum, paralizando las negociaciones y exponiendo las contradicciones de la nueva administración.
El doble mandato de Altagracia Gómez y la crisis en palacio
El conflicto de 2025 no fue solo una negociación de precios; expuso la dualidad insostenible de Altagracia Gómez Sierra. Al actuar simultáneamente como presidenta del Consejo de Grupo Minsa y como coordinadora clave del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), la empresaria se convirtió en el punto focal del malestar agrícola.
Esta doble función generó una percepción generalizada de «captura de influencia», deslegitimando rápidamente los esfuerzos del gobierno federal ante los productores. Este informe analiza cómo dicha dualidad exacerbó la «guerra del maíz» de 2025, transformando una protesta por ingresos justos en un debate nacional sobre conflictos de interés en el más alto nivel.
La furia de los productores, combinada con el fracaso de las negociaciones, condujo directamente a la radical propuesta del líder campesino Perfecto Barrales de expropiar Minsa, buscando revertir la misma privatización que, décadas atrás, originó el poder de mercado del conglomerado.
Genealogía del poder: De Miconsa a Grupo Minsa
La posición actual de Grupo Minsa y, por extensión, de Altagracia Gómez, se vuelve incomprensible sin analizar su origen como un activo estratégico del Estado mexicano y su posterior transferencia a manos privadas.
El Estado industrial: Miconsa y CONASUPO
Antes de ser conocido como Minsa, la empresa operaba bajo el nombre de Maíz Industrializado CONASUPO (Miconsa). Esta era una parte integral de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), un conglomerado paraestatal que garantizaba la profunda intervención del Estado en el mercado de alimentos.
- Miconsa controlaba la industrialización y procesamiento del maíz a gran escala.
- Funcionaba como un pilar crucial de la política de seguridad alimentaria y control de precios del gobierno mexicano.
La venta de Miconsa y el ascenso de la familia Gómez
El desmantelamiento del modelo paraestatal comenzó en la década de 1980 con Miguel de la Madrid, pero se aceleró bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La privatización fue el «instrumento predilecto» para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, que buscaba la «modernización económica» y la «eficiencia en el sector público.»
Miconsa fue formalmente ingresada al proceso de desincorporación en 1991. La convocatoria pública de venta fue emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en marzo de 1993.
- El 4 de octubre de 1993, se anunció al ganador de la licitación: el grupo «Fideicomiso Molinero y Promotora Empresarial de Occidente S.A. de C.V.».
- Este grupo estaba encabezado por el empresario Raymundo Gómez Flores, padre de Altagracia Gómez.
- La oferta ganadora por los activos de la paraestatal fue de aproximadamente 431.2 millones de pesos.
El 13 de octubre de 1993, se constituyó formalmente la compañía Grupo Minsa S.A.B. de C.V. para adquirir y operar los activos de Miconsa, incluyendo la marca «Minsa» y cinco plantas de harina de maíz nixtamalizado ubicadas estratégicamente en Tlalnepantla, Arriaga, Jáltipan, Guadalajara y Los Mochis.
Esta adquisición se enmarcó en un período de activas compras estratégicas por parte de la familia Gómez Flores durante el sexenio de Salinas, que también incluyeron la paraestatal de camiones Diesel Nacional (DINA) en 1989 y el banco Cremi. La propia Altagracia Gómez afirmó que este fue el periodo en que su familia fue «haciéndose de los negocios estratégicos nacionales».
La privatización de Miconsa en 1993 fue el evento fundacional que define la crisis de 2025. El poder de mercado, la fortuna y la posición en la industria que habilitaron a Altagracia Gómez para ser nombrada asesora presidencial en 2024 se derivan directamente de este acto. El conflicto de interés actual no fue, en consecuencia, un accidente de nombramiento, sino la consecuencia genealógica y estructural de una decisión política tomada tres décadas antes.
La arquitecta del «Plan México» y su rol estratégico
La ascensión de Altagracia Gómez Sierra a la cúspide del poder político-económico representa una nueva fase en la relación entre el gobierno y el sector privado, enfocada en la reindustrialización física del país.
Perfil y misión en el gobierno
Nacida en 1991, Altagracia Gómez Sierra es abogada por la Escuela Libre de Derecho, con estudios en instituciones de élite como Oxford Royale Academy y Harvard Business School. Ella preside el Consejo de Grupo Minsa, DINA, y la compañía de logística Almer, todas ellas parte del conglomerado familiar Grupo Promotora Empresarial de Occidente (PEO).
En 2024, la presidenta electa Claudia Sheinbaum la nombró «coordinadora del Consejo Empresarial», formalizado como el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).
- Gómez Sierra coordina a un grupo de 15 líderes empresariales de sectores estratégicos (energía, infraestructura, agroindustria, logística).
- Su función declarada es servir como el «vínculo permanente con la iniciativa privada» y «coordinar con el Secretario de Economía y de Hacienda».
- El objetivo explícito del CADERR es «promover y aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización» (Nearshoring).
Las metas son ambiciosas: fortalecer corredores industriales, desarrollar proveeduría local (PyMEs), incrementar exportaciones y reducir en un 50 por ciento el tiempo de inversión mediante la simplificación de trámites. La presidenta Sheinbaum defendió su contribución como «fundamental para implementar el Plan México» y «atraer inversiones.»
La colisión política interna
El rol de Gómez es de alta confianza para las élites empresariales nacionales e internacionales, siendo la cara del gobierno en reuniones con directores ejecutivos de Walmart Internacional, Citigroup y Black Rock México. Ella y sus defensores en el gobierno insisten en que su función es «honorífica» (sin salario), actuando como una «aliada» y un «puente técnico.»
Sin embargo, la decisión de nombrar a una industrial de activos duros (camiones, logística, alimentos) en lugar de un financiero tradicional, aunque priorizó la reindustrialización, creó una contradicción política interna: el «Plan México» se puso en curso de colisión directa con una base social fundamental del movimiento gobernante, el campo. La «guerra del maíz» de octubre de 2025 demostró que esta apuesta tendría un costo político inmediato y elevado.
Anatomía de la «guerra del maíz» de 2025
El conflicto de precios de octubre-noviembre de 2025 fue la colisión inevitable entre las presiones del mercado global, los márgenes de la industria nacional y la supervivencia de los productores agrícolas.
Precios globales y la primera protesta
La crisis se gestó en un año de «precios de maíz excepcionalmente bajos en todo el mundo.» Esta caída internacional desplomó el precio de referencia en México a niveles que, según los productores, no cubrían ni los costos de producción.
Mientras tanto, los grandes industriales reportaban presiones. Gruma (Grupo Industrial Maseca, GIMSA), principal competidor de Minsa, reportó el 22 de octubre de 2025 que sus costos de ventas en México habían aumentado un 3% «como resultado de un mayor costo del maíz.»
El 27 de octubre de 2025, la tensión estalló con un paro nacional de agricultores, realizando bloqueos de carreteras y casetas en al menos 17 entidades.
- 28 de octubre: El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció una primera oferta de precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco.
- El rechazo: El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) rechazó la oferta, calificándola de «insulto al campo mexicano,» una «burla» y una «limosna.»
- Los productores, que exigían un precio de 7,200 pesos por tonelada, argumentaron que la oferta no cubría los costos de fertilizantes, agua y maquinaria.
El fracaso de las negociaciones de noviembre
Acorralado, el gobierno intentó una segunda estrategia. El 30 de octubre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) anunció un nuevo pacto: un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, compuesto por 800 pesos federales y 150 pesos estatales.
Posteriormente, el 6 de noviembre, SADER complementó este anuncio con un supuesto acuerdo con la industria (Minsa, Maseca y Cargill) para establecer una «base de comercialización histórica.»
- Esta base fijaba un mínimo a pagar al productor de 105 dólares por tonelada, además de una base estandarizada de 143 dólares.
- El gobierno lo presentó como un «buen acuerdo,» con un precio total «aproximadamente 25% superior» al del mercado.
Nuevamente, los productores rechazaron el acuerdo. El MAC emitió comunicados denunciando que el anuncio de Berdegué era una «simulación.» Señalaron dos fallas críticas:
- El apoyo de 950 pesos era una «imposición» unilateral, no un acuerdo negociado.
- La «base histórica» de 105 dólares no era un precio fijo garantizado, sino que seguía sujeto a las fluctuaciones del dólar y la Bolsa de Chicago.
Un líder productor lo describió sucintamente: «En esta enfermedad que tiene el campo mexicano… le pusieron un curita a la herida nada más; no curaron la herida.» Los bloqueos en Guanajuato y Michoacán continuaron, evidenciando la brecha persistente.
Análisis central: Conflicto de interés y la «captura de influencia»
La incapacidad del gobierno para cerrar la brecha con los productores se vio fatalmente comprometida por la percepción de un conflicto de interés estructural en el centro mismo de la toma de decisiones.
La defensa presidencial: ¿Jueza y parte?
La posición de Altagracia Gómez Sierra era estructuralmente insostenible. Como presidenta de Minsa, su objetivo comercial es minimizar el costo del maíz. Como Coordinadora del CADERR y asesora presidencial, su función es asesorar al gobierno en la política económica que define esos mismos costos.
Aunque los productores negociaban formalmente con SADER, sabían que SADER coordina su política con el gabinete económico y el CADERR, encabezado por Gómez. La percepción era que estaban negociando, directa o indirectamente, con la líder de Minsa, su principal contraparte industrial.
A medida que la crisis se intensificaba, la crítica pública al doble rol de Gómez se generalizó, fusionándose con señalamientos sobre su riqueza, como un vestido o abrigo de diseñador valuado en más de 60,000 pesos utilizado en un evento oficial.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa enérgica y personal de Gómez, basada en cuatro argumentos:
- El puesto es «Honorífico»: Insistió en que Gómez «no trabaja en el gobierno de México» y «no gana nada del gobierno.»
- No hay Conflicto de Interés: Afirmó explícitamente que «no hay ningún conflicto de interés que tenga que ver con sus empresas.»
- Las Críticas son Misoginia: Desestimó los señalamientos, atribuyéndolos a «mucho odio, cobardía, insidia y misoginia.»
- Su Trabajo es «Solidario»: Describió la labor de Gómez como «solidaria y fraterna.»
El contrapunto: La captura del Estado
La defensa presidencial fue un error de cálculo político. El argumento «honorífico» fue visto como irrelevante, ya que la crítica se centraba en su influencia y acceso. Más problemático fue el uso del argumento de la «misoginia» como un escudo para desestimar todas las objeciones estructurales sobre el conflicto económico.
Analistas plantearon el concepto de «captura de influencia» y se cuestionó abiertamente la «capacidad de mantener independencia entre empresa y Estado.» Aunque Gómez Sierra intentó contrarrestar la narrativa, insistiendo en ser un «puente técnico» con la transparencia como «línea roja,» la defensa de la presidenta Sheinbaum socavó esta distinción.
Al personalizar la defensa y blindar a Gómez en lugar de abordar la queja estructural, el gobierno confirmó las peores sospechas de los productores: que la administración estaba fusionada con los intereses industriales. Para el Movimiento Agrícola Campesino, la defensa de Sheinbaum se percibió como una defensa de Minsa, prueba final de que el diálogo era una «simulación.»
La consecuencia política: La propuesta de expropiación de Minsa
El fracaso de las negociaciones de SADER y la percepción de un Estado capturado crearon un vacío político llenado por una propuesta radical desde el propio sector agrícola.
El proponente, Perfecto Barrales Domínguez, es un líder campesino y productor de maíz y amaranto del estado de Tlaxcala, con arraigo en el Movimiento Agrícola Campesino, el epicentro de la crisis de 2025. Su propuesta de nacionalizar Minsa surgió como la consecuencia política directa de la cadena de fracasos de noviembre de 2025, construida sobre tres pilares:
- Fracaso del Mercado: Los precios eran «excepcionalmente bajos,» haciendo inviable la producción nacional.
- Fracaso del Regulador: SADER fracasó en su rol de intermediario y sus acuerdos fueron rechazados por ser insuficientes y engañosos.
- Captura del Estado: La presencia de Altagracia Gómez (Minsa) en el círculo presidencial era la prueba de que el regulador estaba capturado por el oligopolio.
Según esta lógica, si el Estado no puede regular al actor dominante (Minsa) porque el Estado es percibido como indistinguible del actor dominante (vía Gómez Sierra), la única solución para restaurar el equilibrio del mercado es eliminar al actor privado y que el Estado reasuma su función. La expropiación, por lo tanto, se presentó como la reversión directa de la privatización de 1993.
Al provenir de un líder productor, la propuesta cambió la dinámica de un ataque político a una demanda social desesperada. Barrales argumentó que la caída de precios era un problema estructural iniciado con el Tratado de Libre Comercio (TLC). La exigencia colocó al gobierno de Sheinbaum en una trampa:
- Si rechazaba la expropiación, se alineaba públicamente con la privatización de Salinas para proteger a su asesora.
- Si la aceptaba, destruiría la confianza de todo el «Plan México» y del consejo empresarial que Gómez Sierra fue designada para construir.
El precedente de Minsa y el manejo del rol de Altagracia Gómez Sierra establecen una tensión fundamental en el proyecto de gobierno de Sheinbaum. La privatización de Miconsa en 1993 creó un poder de mercado que, en 2024, fue invitado al corazón del poder político, haciendo inevitable la crisis del maíz de 2025. Al optar por defender a la persona en lugar de resolver el conflicto estructural, el gobierno ha señalado a los sectores sociales que, ante un conflicto entre el capital industrial (necesario para el nearshoring) y las bases agrícolas, se arriesga la credibilidad para proteger al capital. El «puente técnico» que Gómez debía construir ahora está comprometido, y el «Plan México,» dependiente de la confianza social, enfrenta un profundo déficit de legitimidad que amenaza con socavar sus propios objetivos de desarrollo.
