La violencia sexual masiva en el conflicto de Sudán entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha convertido a las mujeres en las principales víctimas de abusos, sufriendo lo que una ministra ha calificado como «la peor violencia sexual del mundo». Este tipo de agresión no es incidental; es sistemática en el grupo paramilitar de las FAR, que la despliega activamente como un arma de guerra con el objetivo explícito de «limpieza étnica» y humillación, según denuncias recientes. La crisis ha provocado el desplazamiento forzado de 11 millones de personas, mientras que los registros de abusos superan ya las 1,800 violaciones documentadas hasta octubre de 2025.
La situación es crítica y se caracteriza por una impunidad casi total, lo que permite que los delitos se cometan abiertamente, incluso «bajo la mirada de los familiares». La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha abierto una investigación por «crímenes de guerra» contra ambos bandos, aunque la documentación y el acceso a las víctimas siguen siendo retos significativos.
El uso sistemático de la violencia y la crisis de desplazamiento
Desde que estalló la guerra en Sudán en abril de 2023, la contienda ha dejado decenas de miles de muertos y desencadenado la peor crisis humanitaria global, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). La característica definitoria de este conflicto es el uso generalizado de la violencia sexual, aunque su aplicación difiere entre las partes.
Sulaima Ishaq al Jalifa, ministra de Asuntos Sociales de Sudán, confirmó a la Afp que la violencia existe en ambos bandos, pero la calificó de «sistemática» en las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La activista, psicóloga de formación, enfatizó que los abusos no respetan edad; se han documentado casos de mujeres de 85 años y niños de un año de edad que han sido violados.
Datos clave y la atribución de abusos
Los datos del ministerio de Asuntos Sociales indican que se registraron más de 1,800 violaciones desde el inicio del conflicto en abril de 2023 hasta octubre de 2025. Es crucial notar que estas cifras excluyen las atrocidades cometidas en las regiones de Darfur y Kordofán a partir de finales de octubre de ese año, sugiriendo que el número real es considerablemente mayor.
Un informe de la red Siha, organización que defiende los derechos de las mujeres en el Cuerno de África, recolectó información que atribuye el 77 por ciento de los actos violentos a las FAR en el 87 por ciento de los casos.
Estrategia de guerra: Destrucción del tejido social
La escalada de violencia en Darfur ha alarmado particularmente a la ONU, que ha expresado preocupación por los ataques de las FAR contra comunidades no árabes en el oeste del país. El Fasher, capital regional de Darfur, fue tomada por las FAR a finales de octubre y, según Nazhat Shameem Khan, vicefiscal de la CPI, sufrió una «campaña organizada».
Esta campaña no solo incluyó ejecuciones, sino también violaciones «a gran escala», a veces «filmadas y celebradas» por sus perpetradores, quienes actúan «alentados por un sentimiento de total impunidad».
La ministra Sulaima Ishaq al Jalifa explicó la lógica estratégica detrás de estos actos. La violencia sexual busca doblegar y humillar, obligando a las personas a huir de sus hogares. Más allá de la limpieza étnica, el objetivo es «romper el tejido social». Cuando se emplea la violencia sexual como un arma, la intención es prolongar el conflicto indefinidamente porque «alimenta el espíritu de venganza».
Darfur ya tiene un precedente sangriento de principios de la década de 2000. De hecho, las FAR son herederas de las milicias yanyauid, cuyo antiguo líder fue recientemente condenado por la CPI por múltiples crímenes de guerra, incluidas violaciones. No obstante, la ministra sostiene que «lo que está ocurriendo hoy es peor. Se están produciendo violaciones masivas, está documentado,» y los autores actúan con impunidad y orgullo.
Desafíos post-abuso y las redes de trata
Los abusos contra las mujeres suelen ir de la mano con saqueos y agresiones físicas. Además, en Jartum y Darfur, las sobrevivientes han reportado violaciones perpetradas por mercenarios que, según la ministra, incluyen combatientes francófonos de África Occidental (Malí, Burkina Faso, Nigeria, Chad), así como colombianos y libios, acusados de combatir con las FAR.
La violencia no termina con el ataque. Algunas víctimas son secuestradas y retenidas como esclavas sexuales. Otras son vendidas a redes de tráfico de personas, aprovechando la inestabilidad del país y la porosidad de las fronteras.
Uno de los principales desafíos para la justicia y la documentación es que las propias víctimas se atrevan a hablar. En muchos casos, las familias, buscando «ocultar lo sucedido», optan por casar a la fuerza a las sobrevivientes, especialmente si quedan embarazadas. La ministra calificó estos «aterradores» matrimonios forzados de niñas y adolescentes como una forma de tortura.
Obstáculos para la documentación y la justicia en el conflicto de Sudán
La impunidad generalizada y el colapso institucional elevan las barreras para obtener justicia para las sobrevivientes.
- Reticencia de las víctimas a denunciar: El estigma social lleva a muchas familias a preferir ocultar los abusos.
- Matrimonio forzado: Se utiliza como mecanismo de control social para encubrir la violación, especialmente en casos de embarazo. La ministra lo considera una forma de tortura adicional.
- Regiones sin registro: Los datos de violaciones disponibles no incluyen las atrocidades cometidas en Darfur y Kordofán después de octubre de 2025.
- Complicidad de los perpetradores: Los responsables, que incluyen supuestos mercenarios extranjeros, actúan con «orgullo» y sin considerar sus actos un delito, lo que complica la captura y el proceso legal.
- Naturaleza sistemática del crimen: El uso estratégico y masivo de la violencia sexual como arma de guerra dificulta los esfuerzos de reparación individual y colectiva.
El continuo uso de la violencia sexual como herramienta para desintegrar la estructura social de Sudán, junto con la impunidad flagrante, garantiza que el conflicto deje cicatrices que trascenderán la firma de cualquier acuerdo de paz futuro. La comunidad internacional y la CPI tienen el reto de demostrar que los crímenes que buscan la destrucción étnica y social no quedarán sin respuesta.
