La política peruana Betssy Chávez Chino, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo, se encuentra asilada en la embajada mexicana, un movimiento que ha provocado la ruptura diplomática entre México y Perú. Acusada de complicidad en el fallido golpe de Estado de 2022, la decisión de otorgar el asilo a Betssy Chávez ha sido calificada por Lima como una «intromisión» en sus asuntos internos.
La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores: Asilo apegado a derecho internacional
El Gobierno de México rechazó y lamentó la decisión unilateral de Perú de romper las relaciones diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que la medida adoptada por el gobierno peruano es “excesiva y desproporcionada” frente a lo que considera un acto legítimo.
La Cancillería mexicana defendió que el asilo otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez es “legítimo y apegado a derecho internacional”, basando su argumentación en tres pilares legales:
- Convención de Caracas: El asilo se concedió «en pleno apego al derecho internacional», particularmente a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que México y Perú son parte.
- Facultad del estado asilante: México subrayó que, conforme a la Convención de Caracas, solo el Estado asilante tiene la facultad de calificar la naturaleza de la persecución política. Por tanto, su decisión “no constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.
- Marco legal interno: La decisión fue tomada tras una evaluación minuciosa y con base en el artículo 11 de la Constitución mexicana y en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
La SRE reafirmó que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado y sostuvo que Chávez denunció ser víctima de una persecución política y de violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023.
Perú responde con ruptura y expulsión diplomática
La ruptura diplomática anunciada por Lima ocurrió el 3 de noviembre de 2025, tras confirmarse que la excolaboradora cercana de Pedro Castillo estaba asilada en la embajada mexicana en Lima.
El presidente peruano José Jerí anunció que la encargada de la Embajada de México en Perú, Karla Ornela, tiene un plazo perentorio para abandonar el país. Este anuncio fue realizado vía la red social X, donde se escribió: “¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”.
México, por su parte, expresó su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo y reiteró los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de México y del Perú.
El rápido ascenso de Betssy Chávez y su contexto legal
Betssy Chávez, de origen aimara y nacida en la sureña región de Tacna, fronteriza con Chile, saltó a la política tras ser elegida en 2021 como congresista por el partido de corte marxista Perú Libre, el mismo que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia.
Abogada de profesión, demostró dotes políticas que la hicieron ascender rápidamente dentro del gabinete ministerial de Castillo, en medio de una constante rueda de cambios. Chávez sostuvo una gran lealtad a Castillo y se mantuvo hasta el final, ocupando:
- La cartera de Trabajo (desde octubre de 2021).
- El Ministerio de Cultura.
- La Presidencia del Ejecutivo (como primera ministra), cargo que ostentó fugazmente apenas dos semanas.
La política estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunciaba el discurso en el que ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para intentar gobernar por decretos. Si bien Castillo fue detenido minutos después, Chávez fue detenida en 2023 e internada en una cárcel de mujeres de Lima. Ella asegura que desconocía el contenido del mensaje.
La alarma de la fuga y la promesa de postulación
Durante su reclusión, Chávez denunció supuestos abusos y realizó varias huelgas de hambre, hasta que el Tribunal Constitucional reconoció que había sido víctima de una detención arbitraria, debido a que la Fiscalía no solicitó a tiempo la extensión de la prisión preventiva.
Desde el 4 de marzo de este año (2025), Chávez acudía tres veces por semana a las audiencias del juicio, defendiendo siempre su inocencia. Tras quedar en libertad, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó 10 meses de impedimento de salida de Perú contra la política, argumentando que existe “sospecha suficiente” para prohibirle salir del país.
Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró entonces que su cliente no había pensado “irse afuera” del país y que existía la posibilidad de que postulara a las elecciones generales del próximo año. De hecho, hace un mes, Chávez acudió a un podcast donde aseguró que en los próximos años sería presidenta de Perú.
Sin embargo, la semana pasada, Chávez dejó de asistir a las audiencias del juicio, lo que levantó las alarmas de una posible fuga, que se confirmó este lunes al conocerse que se encuentra asilada en la Embajada de México, provocando la ruptura diplomática México Perú.
La escalada del conflicto diplomático por el asilo a Betssy Chávez obliga a preguntarse: ¿Qué tan sólido es el argumento de la persecución política frente al proceso judicial que la mantiene acusada de complicidad de golpe de Estado, y hasta dónde está dispuesto a llegar México para defender su tradición humanista en el tenso contexto geopolítico regional?
