La fiscalía de Campeche intensifica la censura contra Telemar y medios críticos

La FGECAM ordena a Producciones Telemar revelar sus redactores, denunciado como censura. Analizamos el riesgo de la censura Campeche periodismo y el uso faccioso de la ley.
La fiscalía de Campeche intensifica la censura contra Telemar y medios críticos

La batalla por la libertad de expresión en Campeche se recrudece. La fiscalía general del estado (FGECAM) ordenó a Producciones Telemar entregar detalles de sus redactores, una medida que la empresa denuncia como un intento de control y censura Campeche periodismo. Este acto genera alarma sobre la autocensura.

La orden de la FGCAM: Información detallada bajo amenaza

El 16 de octubre de 2025, la fiscalía general del estado de Campeche (FGECAM) dictó una orden directa a la empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V.

El requerimiento exige a la empresa proporcionar “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales”. La FGECAM, a través del oficio 040/2025, advirtió a Telemar de lo siguiente:

  •  Sanciones económicas.
  •  Procesos legales en caso de no cumplir con los requerimientos.

Para sustentar esta exigencia, el oficio 040/2025 hace referencia a artículos de la constitución federal y del código nacional de procedimientos penales. También se citó la ley orgánica de la fiscalía general del estado de Campeche, disposiciones que obligan a personas y empresas a suministrar información en investigaciones del ministerio público.

No obstante, la empresa añadió que el uso de estas disposiciones en casos donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad, sentando un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche. En el ámbito nacional, la doctora Sheinbaum declaró que la libertad de expresión no debe ser castigada y «menos penalmente”.

Un precedente de censura: El caso tribuna y Jorge González Valdez

Telemar, que es una filial del corporativo “organización editorial del sureste”, que también administraba TRIBUNA, consideró esta medida de la FGECAM como “un intento de control y censura”.

La empresa señaló que la acción es similar a la impuesta previamente a TRIBUNA y al periodista Jorge González Valdez, quienes ya sufren medidas de control. En el caso de TRIBUNA y González Valdez, se dictaron medidas cautelares para:

  • Impedir que sus publicaciones hicieran referencia a la gobernadora Layda Sansores.
  • Obligar a enviar las notas a una oficina del tribunal superior de justicia del estado, donde un censor es quien decide si la publicación se autoriza o no.

La jueza de Campeche ordenó extender tres meses dichas medidas cautelares de censura al diario TRIBUNA. Layda Sansores, por su parte, exigió al periodista del periódico TRIBUNA ser “muy cuidadoso” en lo que publica.

El riesgo de autocensura y la estrategia de intimidación

La empresa Telemar funciona actualmente solo como plataforma digital, habiendo dejado de salir al aire a través de las señales de cable desde hace más de dos años.

Telemar enfatizó que la acción de la FGECAM “refuerza la percepción de que los órganos del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad”. El resultado directo de estas acciones es generar un ambiente de autocensura entre los medios locales.

Además, otros sucesos estatales fueron reportados el 16 de octubre de 2025. Un grupo armado atacó a elementos del ejército en un municipio fronterizo de Coahuila alrededor de las 6:30 horas de este jueves en una brecha conocida como el callejón, dejando dos soldados heridos. Sindicalizados del CIAD Sonora pararon actividades exigiendo el pago retroactivo y señalaron incertidumbre debido a que la dirección del centro no ha definido la fecha para el aumento salarial. Finalmente, Ecatepec lanzó el programa ‘mochila de paz’, detectando armas y drogas en escuelas, donde los alumnos, con presencia de padres de familia, dejan voluntariamente objetos prohibidos que se entregan a las autoridades académicas.

El cerco judicial y económico impuesto a telemar y TRIBUNA no solo silencia a dos plataformas; proyecta una sombra de intimidación sobre todo el periodismo en Campeche. La pregunta obligada para la clase política y los defensores de la democracia es si permitiremos que el uso faccioso de la ley ahogue la crítica, sentando así un modelo de represión replicable a nivel nacional.

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