La Fiscalía General de la República (FGR) ha escalado la confrontación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. El 12 de diciembre de 2025, se judicializó la carpeta de investigación en su contra por el delito de uso ilícito de atribuciones. El caso central gira en torno a un supuesto fraude Pemex por 31 millones de pesos derivado de la pensión vitalicia que obtuvo tras el deceso de su esposo.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades
La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la judicialización de una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, y otras dos personas. El objetivo es que sean juzgadas “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”.
De acuerdo con los documentos consultados en el Poder Judicial de la Federación (PJF), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó la audiencia inicial para la imputación formal.
- El cargo se fundamenta en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, norma vigente al momento en que se cometieron los hechos.
- Según lo establecido en el Código Penal Federal, el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser imputado tanto a servidores públicos como a ciudadanos.
La acusación: fraude y la pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos
La controversia se origina en la pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) a María Amparo Casar tras el deceso de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
En mayo de 2024, Octavio Oropeza Romero, entonces director de Pemex, informó públicamente sobre la base de la acusación, destacando el breve periodo de colaboración del fallecido en la paraestatal:
- Ingreso y cargo: Márquez Padilla García ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración el 1 de junio de 2004, durante el sexenio del panista Vicente Fox.
- Tiempo de servicio: Falleció el 7 de octubre de 2004, habiendo colaborado en ese puesto directivo por solo 129 días.
- Causa del deceso: La muerte de Márquez Padilla se dio tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque los peritajes correspondientes señalaron que se trató de un suicidio, se subraya que “en ninguno de los documentos difundidos se asienta tal hecho”.
La solicitud del pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios se realizó el 19 de octubre de 2004, con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del deceso. El ex director de Pemex, Oropeza Romero, señaló que Casar había incurrido en un fraude a la paraestatal por 31 millones de pesos, al haber cobrado 125 mil pesos mensuales.
El proceso judicial y las consecuencias
La normativa del Código Penal Federal precisa las conductas sancionables. En cuanto a quienes laboran en instituciones públicas, se establece que se castigará al servidor que ilícitamente “otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico”.
Respecto a los ciudadanos, se puede acusar de este ilícito a:
- “Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior, o sea parte en las mismas”.
Para quien cometa el delito, se le impondrán de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa.
La audiencia inicial, según los registros del Poder Judicial de la Federación, está programada para el próximo 16 de diciembre. En esta fecha, se darán a conocer a María Amparo Casar Pérez y a las otras dos personas imputadas los resultados de la investigación. Debido a que no se trata de un delito grave, los señalados como responsables podrán seguir su juicio en libertad condicional, en caso de que se les decrete la vinculación a proceso.
El antecedente del amparo y la suspensión de pagos
Es relevante mencionar que la pensión fue suspendida por Pemex en febrero de 2024.
Tras la suspensión, María Amparo Casar tramitó un juicio de amparo. En respuesta, el juzgado sexto de distrito en materia del trabajo ordenó a Petróleos Mexicanos que reintegrara el pago, reinstaurando el beneficio hasta la resolución definitiva.
La judicialización del caso por parte de la FGR, pocos meses después de la suspensión de la pensión, marca un punto de inflexión en la disputa entre el gobierno y una de las organizaciones de la sociedad civil más críticas. ¿Esta acción judicial representa la búsqueda de la verdad o una advertencia del círculo rojo contra el activismo anticorrupción?
