La Fiscalía General de la República (FGR) busca sentencias severas contra cinco mandos navales y un ex funcionario de aduanas, acusados de encabezar una vasta red de huachicol fiscal. Esta organización, que introdujo ilegalmente millones de litros de combustible, operó entre 2018 y marzo pasado, desafiando la seguridad nacional y la integridad institucional.
La red de ‘Los Primos’: Corrupción y contrabando de combustible
La FGR ha iniciado un proceso para lograr condenas de 30 a 60 años de prisión contra cinco mandos navales y el ex director administrativo y de finanzas de la aduana de Tampico, Tamaulipas. Estos individuos son señalados como los cerebros de una compleja red de corrupción que facilitó la entrada ilícita de combustible.
Los buques, procedentes de Texas, Estados Unidos, introdujeron ilegalmente millones de litros de diésel a territorio nacional entre noviembre de 2018 y marzo pasado. Como evidencia de la magnitud de la operación, se incautó el buque ‘Challenge Procyon’ en Altamira, Tamaulipas, cargado con 10 millones de litros de diésel ilegal.
La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez identificó a esta banda como Los Primos, dirigida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna. Según la resolución, la organización «probablemente cuenta con numerosos miembros, armamento, poder económico y auxilio de diversas autoridades, tanto locales, estatales y federales, que les brindan protección y seguridad».
Nexos con la Semar y acceso a datos de seguridad nacional
La investigación revela conexiones profundas de la red dentro de la Secretaría de Marina (Semar). Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina, son figuras centrales. La jueza señaló que la organización cuenta con:
- Economía abundante: Financiamiento robusto para sus operaciones ilícitas.
- Acceso a datos de seguridad nacional: Información privilegiada que les permitía operar con impunidad.
- Adiestramiento especializado: Capacitación con armas de fuego, en combate de guerra y en misiones navales.
- Conocimiento estratégico: Dominio de rutas marítimas y aguas internacionales.
Estos argumentos fueron presentados por la FGR ante jueces federales con sede en Almoloya de Juárez, en el marco de la causa penal 325/2025.
Violencia y riesgo para la justicia: La operación continua de la red
La jueza Hidalgo Pérez subrayó la gravedad de la situación, al indicar que los involucrados en esta red tienen vinculación «con hechos violentos, privaciones de la vida contra personas que tienen relación con aduanas y la Semar o que han realizado denuncias o relatorías de la red de corrupción que se menciona en la presente investigación, y relación o contactos con personal de instalaciones estratégicas de seguridad nacional».
Existe un riesgo inminente para víctimas, testigos y la comunidad, ya que «estamos en presencia de una organización criminal que a la fecha se encuentra operando, la cual despliega conductas para protegerse y continuar funcionando». La resolución destaca «privaciones de la vida con armas de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada permanente, que empero sólo pueden ser portadas por personal de las mismas dependencias, esto es, entre otras, por la Semar».
Ante este escenario, la jueza advirtió un «riesgo claro para los operadores de justicia no sólo ministeriales, sino cualquier otro que intervenga en el proceso» al aprobar las 14 órdenes de aprehensión que sustentan la causa penal 325/2025.
Control de designaciones clave en la Marina
Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es la injerencia de la organización Los Primos en la propia estructura de la Semar. Señalan los argumentos de la FGR que esta red criminal controlaba las designaciones de mandos navales que tenían la responsabilidad de vigilar, supervisar y combatir el contrabando de combustible ilegal a territorio nacional. Esta infiltración plantea serias interrogantes sobre la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y el combate a la corrupción.
La solicitud de la FGR de sentencias tan elevadas subraya la determinación del Estado para desmantelar esta red de huachicol fiscal que, con sus tentáculos en altas esferas, comprometía la economía y la seguridad del país. ¿Logrará la justicia desarticular por completo esta organización criminal y sentar un precedente contra la corrupción que permea las instituciones clave?
