La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, ha escalado a un conflicto político y judicial de alto calibre. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene una grave acusación: un presunto soborno de 10 millones de pesos a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, hecho que habría influido en su libertad provisional en junio de 2024.
Las graves imputaciones de la fiscalía federal
Durante la audiencia de imputación contra el exgobernador, el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, presentó argumentos que vinculan a Duarte con una presunta red de corrupción en el estado de Chihuahua.
Según lo expuesto por Granados Quiroz, y que fue dado a conocer el domingo 14 de diciembre de 2025:
- César Duarte es acusado de haber entregado 10 millones de pesos a la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, y al Fiscal General del Estado, César Jáuregui.
- El objetivo del soborno era obtener protección de funcionarios de Chihuahua y la concesión de libertad provisional en junio de 2024.
- La FGR también acusó a la jueza Hortensia García de haber sido impuesta como magistrada por Duarte como un pago por haberlo dejado en libertad.
La FGR argumentó que la existencia de esta red de cómplices en Chihuahua demuestra un riesgo real de fuga del exmandatario. Además, la Fiscalía sostuvo que el respaldo institucional a Duarte podía comprobarse en la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a proporcionar información sobre los bienes del exgobernador, utilizando el argumento del “secreto profesional”.
La respuesta legal de la defensa de duarte
El abogado de César Duarte, Héctor Villasana Ramírez, confirmó que procederán legalmente contra el Fiscal Manuel Granados Quiroz por las acusaciones que calificó de “irresponsables, sin pruebas y falsas”.
Villasana Ramírez señaló que las graves afirmaciones del funcionario, quien coordina la unidad de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República, «sin tener un dato objetivo, una prueba concreta», ponen de manifiesto los fines que hay detrás de la solicitud de que el exgobernador esté en prisión y aislado en un penal de alta seguridad.
Las acciones legales que se preparan en favor del licenciado Duarte, tras concluir la audiencia el día 14 de diciembre, incluyen:
- Iniciar procedimientos administrativos disciplinarios ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.
- Evaluar procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública Federal en contra de Granados Quiroz por sus afirmaciones “tan delicadas, tan graves y tan irresponsables, además, y falsas sobre todo”.
Villasana Ramírez reveló que la jueza incluso obligó y conminó al Ministerio Público a que presentara inmediatamente la denuncia penal, “so pena incluso de alguna investigación en su contra por esas afirmaciones”.
El contexto judicial y el impacto político
Tras una audiencia de 11 horas en la que se desahogaron 100 pruebas, la jueza de control María Jazmín Ambriz López dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra César Duarte, al estimar que existía un fundado riesgo de fuga. El 14 de diciembre de 2025, se vinculó a César “D” por “lavado de dinero”, determinando que permanecerá en el CEFERESO del Altiplano.
Duarte fue detenido el lunes 8 de diciembre en Chihuahua, en la colonia Jardines de San Francisco, para luego ser trasladado al penal federal del Altiplano.
- Delito imputado: Operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, en calidad de coautor.
- Monto: La FGR le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos en el sistema financiero.
- Mecanismo: Recursos que habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y canalizados a varias empresas ganaderas en las que Duarte era accionista mayoritario, y en las que también habría participado su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
La jueza Ambriz López negó la solicitud de la defensa de invalidar la orden de aprehensión (emitida en mayo de 2024), argumentando que los planteamientos se referían a causas penales distintas: una federal y la causa estatal que continúa por peculado.
La presión de javier corral jurado
El exgobernador de Chihuahua y actual senador morenista, Javier Corral Jurado, aseguró que la detención de Duarte puso fin a una etapa de impunidad que, según su versión, fue facilitada por la actual administración de María Eugenia Campos.
Corral detalló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bajo la gestión de Campos, no había activado ninguna de las 20 órdenes de aprehensión existentes contra Duarte, las cuales suman un monto aproximado de 6,000 millones de pesos. Entre estas causas se encuentran:
- La nómina secreta, que asciende a 1,048 millones de pesos.
- La operación Safiro, por 500 millones de pesos.
- Otros casos que suman entre 400 y 300 millones de pesos.
Corral afirmó que Campos y otros funcionarios de su administración formaron parte de la nómina secreta de Duarte, recibiendo pagos subrepticios cuando ella fue diputada local.
El panorama político en chihuahua y la violencia nacional
Mientras el caso Duarte ocupa los reflectores políticos, la senadora de Morena, Andrea Chávez, fue señalada por su actividad legislativa y su equipo de trabajo. Trascendió que la senadora contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, a pesar de que en 14 meses solo registró cinco iniciativas como única promovente (una aprobada: la declaratoria del Día Nacional de las y los alfareros).
Se destacó la disparidad de recursos y resultados en comparación con otras legisladoras:
| Legisladora | Asesores | Iniciativas propias | Aprobadas
Andrea Chávez | 10 | 5 | 1
Julieta Ramírez | 6 | 31 | 0
Reina Celeste Asencio | 11 | 52 | Sin datos de aprobación
Chávez presumió ocho puntos de acuerdo, incluyendo uno para exigir al gobierno de Maru Campos suscribir el convenio de colaboración del IMSS-Bienestar, y se centró en la entrega de apoyos sociales a través de redes sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción. Aunque presume contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, el Senado solo tiene registradas dos.
Este panorama político se desarrolla en un contexto de inseguridad persistente, pues el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo en 2025, detrás de Palestina, Birmania y Siria. El reporte subraya que los niveles de riesgo están asociados principalmente al Crimen Organizado, ataques a figuras políticas y la inestabilidad generada por los enfrentamientos entre fuerzas del Estado y grupos criminales.
Las acusaciones directas de la FGR, respaldadas por el contexto de la prisión preventiva justificada por lavado de dinero, no solo reabren el caso Duarte, sino que siembran una sombra de duda institucional sobre el gobierno de Chihuahua y la supuesta red de protección política que operaría en el estado. ¿Es esta la culminación de un caso de corrupción o el inicio de una nueva batalla política con tintes de venganza judicial, como alega la defensa?
