El comercio legal en México se ha convertido en la fachada perfecta para el narcotráfico. Autoridades de alto nivel, tanto mexicanas como estadounidenses, han puesto el foco en empresas clave del sector químico y agroindustrial sospechosas de facilitar la adquisición y desvío de precursores químicos narco México para la fabricación de drogas sintéticas.
La red de complicidad corporativa
Autoridades de alto nivel de México y Estados Unidos han logrado ubicar a varias empresas con sede en territorio mexicano como «sospechosas» de tener vínculos directos con grupos de la delincuencia organizada. Estas firmas se dedican principalmente al área química y agroindustrial.
De acuerdo con fuentes de alto nivel que solicitaron el anonimato, diversos cárteles de la droga han establecido relaciones estrechas con estas empresas con un objetivo claro: garantizar la adquisición, importación y distribución de los componentes esenciales requeridos para la elaboración de narcóticos sintéticos.
Hasta la fecha, las indagatorias binacionales han logrado ubicar al menos a cuatro compañías presuntamente involucradas en estas prácticas ilícitas:
- Agrícola Santa Fernanda S de RL de CV
- Agropecuaria Alfa y Omega S de RL de CV
- Grupo Pochteca SAB de CV
- Globe Chemicals SA de CV
Fuentes del gabinete de seguridad del gobierno de México confirmaron a La Jornada que, de las empresas señaladas, existe una investigación en curso sobre Grupo Pochteca, pues se han encontrado elementos suficientes para ligarla a posibles vínculos con el crimen organizado. Respecto a las otras tres, los informantes señalaron que actualmente se realiza una revisión exhaustiva para definir si se les indaga formalmente.
Los informantes sostuvieron que existen más firmas sospechosas de estar involucradas en estas prácticas, pero por ahora se tiene conocimiento de las cuatro mencionadas, las cuales “tienen un modelo de negocio” con cárteles de las drogas.
Modus operandi: químicos inocuos desviados
Las organizaciones del crimen organizado, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han detectado la necesidad de tejer alianzas o ejercer prácticas coercitivas con empresas establecidas que se convierten en una «fachada» para asegurar los elementos requeridos para la producción de sustancias ilícitas.
Las actividades de estas compañías, de acuerdo con las indagatorias, han consistido en facilitar:
- La adquisición y el transporte.
- El almacenamiento de los precursores.
- El desvío de estos químicos.
Todo esto ocurre al amparo de sus tareas agroindustriales, lo cual les permite esconder las actividades ilegales dentro del comercio legal. Los precursores químicos desviados suelen ser químicos inocuos, utilizados legítimamente en la conserva de alimentos, productos farmacéuticos y perfumería, entre otros usos industriales.
En julio del año pasado, La Jornada publicó información de la Secretaría de Marina que alertaba que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya estaban produciendo sus propios precursores para fabricar drogas sintéticas, a partir de estos químicos de uso dual que son “desviados” de su propósito original.
La huella global de las empresas señaladas
Las empresas bajo sospecha presentan una compleja estructura corporativa y una amplia presencia internacional, lo que subraya la dificultad de rastrear el origen y destino de los insumos.
- Grupo Pochteca cuenta con 56 sucursales, distribuidas en 33 en México, una en Estados Unidos, cuatro en Centroamérica y 18 en Sudamérica.
- Agrícola Santa Fernanda, con sede en Sinaloa, reporta, entre otras actividades, la adquisición de fertilizantes y pesticidas, aunque las autoridades indican que es una fachada para importar precursores químicos.
- Agropecuaria Alfa y Omega tiene varias subdivisiones y sedes, incluyendo una en Michoacán y una más en Venezuela.
- Globe Chemicals reporta presencia en México, Chile, Alemania, España e Italia, con filiales adicionales en Estados Unidos, Brasil, Polonia, Países Bajos, Sudáfrica, Hong Kong e India.
El eje binacional contra el financiamiento
Estos hallazgos se enmarcan en los entendimientos de seguridad alcanzados recientemente entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Durante la reciente visita a México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció un pilar estratégico: centrar los esfuerzos no solo en el combate directo a los grupos criminales, sino también en la detección y sanción de las empresas que se han vinculado con ellos.
Esta estrategia está alineada con acciones tomadas por el gobierno estadounidense. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones económicas para propietarios, directivos y empresas a las que ha señalado de mantener alianzas con los cárteles de las drogas, buscando desmantelar la cadena logística y financiera del narcotráfico desde su origen corporativo.
La sofisticación del crimen organizado al usar la estructura legal de México y la ingeniería química con fines ilícitos plantea uno de los desafíos más complejos para la seguridad nacional y la cooperación binacional. La verdad sobre la cadena de suministro de las drogas sintéticas está oculta a plena vista, en los registros de comercio y en las facturas de empresas que simulan operar dentro de la ley. La contundencia de las sanciones y el rigor de las investigaciones determinarán si es posible desmantelar esta peligrosa simbiosis entre el narco y el sector corporativo.
