La administración de Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, ha anunciado la expropiación de cuatro predios particulares, sumando una superficie de ocho hectáreas, para la construcción de la Universidad “Rosario Castellanos”. Esta medida adquiere una relevancia particular al conocerse que uno de los terrenos pertenece a Yolanda Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.
La expropiación: Detalles de la acción gubernamental
La Secretaría de Gobierno de Campeche emitió un dictamen técnico jurídico el 26 de septiembre de 2025, concluyendo que existe una causa de utilidad pública plenamente justificada para la edificación de la Universidad de la Salud de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Los predios, ubicados en el fraccionamiento Miramar de la avenida Resurgimiento, son el blanco de esta acción.
Los predios y sus propietarios
Entre los terrenos a expropiar se encuentra uno propiedad de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del senador Alejandro Moreno Cárdenas. Adicionalmente, dos predios son de Juan José Salazar Ferrer, empresario constructor a quien, según versiones de la propia gobernadora Layda Sansores, se considera prestanombre del líder priista. La lista de propiedades expropiadas se completa con un cuarto predio, que corresponde a Gabriela Castilla Azar y Rafael Arturo Castilla Azar. Este último, Rafael Arturo, es actualmente el titular de la Coordinación General de la Oficina de la gobernadora Layda Sansores.
El controvertido marco legal de la expropiación
Esta expropiación se produce poco después de que la Ley de Expropiación del estado de Campeche fuera reformada el 3 de septiembre de 2025. Dicha modificación legislativa enfrentó la oposición de diputados de Movimiento Ciudadano y el PRI, quienes la calificaron como arbitraria.
La reforma a la ley de expropiación
Los legisladores opositores argumentaron que la reforma dejaba a los ciudadanos en una situación de indefensión. Entre las disposiciones más cuestionadas se encuentran la reducción a solo cinco días hábiles el plazo para presentar alegatos, la prolongación a 10 años del periodo para la indemnización correspondiente, y la facultad exclusiva del gobierno para la valuación del predio. Pese a las garantías oficiales de que esta reforma no sería usada en perjuicio de los ciudadanos, su primera aplicación tiene como objetivo un fraccionamiento privado y predios con claros vínculos políticos.
Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación de la Declaratoria en el Periódico Oficial del Estado para manifestar ante la Secretaría de Gobierno lo que a su derecho e interés convenga y presentar las pruebas pertinentes.
