El presidente argentino, Javier Milei, ha firmado un decreto que sacude los cimientos institucionales: la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) otorga a sus agentes facultades de detención. Esta drástica ampliación de los poderes inteligencia Argentina ha encendido las alarmas de la oposición, que denuncia el riesgo de una «policía secreta».
El decreto presidencial que redefine la side
Desde Buenos Aires, Argentina, el 2 de enero de 2026, se hizo pública la decisión del presidente Javier Milei, documentada en un decreto para la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). El documento, publicado el viernes en el boletín oficial, redefine sustancialmente las competencias del organismo.
La propia Side emitió un comunicado en el que detalló que la finalidad de la reforma es «acotar, definir y clarificar» tanto la estructura interna como las competencias asignadas al organismo de seguridad.
La potestad de aprehensión y el carácter encubierto
Entre los puntos más controversiales de la nueva legislación se encuentra la capacidad otorgada al personal de inteligencia para intervenir en la detención de ciudadanos.
El decreto dispone explícitamente lo siguiente:
- «El personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas».
- Dicho personal tiene la obligación de «dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes» una vez realizada la detención.
- Asimismo, se establece que las actividades de inteligencia que realice el personal tendrán un obligatorio «carácter encubierto».
La Side justificó la implementación de estas medidas, señalando que las tareas de contrainteligencia previstas en el decreto están destinadas «a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos».
La dura respuesta de la oposición y el fantasma de la policía secreta
La decisión de Milei generó un rechazo inmediato en el ámbito político. Los bloques legislativos opositores advirtieron sobre los peligros institucionales que implica esta ampliación de funciones a un organismo que no es policial.
Un interbloque de diputados emitió una denuncia, manifestando que los servicios de inteligencia «no pueden transformarse en una policía secreta», según el comunicado difundido.
Críticas sobre la vigilancia y la inteligencia interior
Legisladores de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal (identificados como centro y centroderecha) expresaron su preocupación crítica. Consideraron que la medida «abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles».
Por otra parte, el diputado peronista Agustín Rossi, de centroizquierda y miembro de la oposición, aseguró que la nueva normativa habilita a las fuerzas armadas a hacer tareas de inteligencia interior. Rossi advirtió que su bloque buscará revertir la decisión del ejecutivo, trabajando en el Congreso para hacer caer el decreto, lo cual requeriría el rechazo de ambas cámaras legislativas.
El contexto de los atentados históricos
La justificación de la necesidad de reforzar la seguridad interna se enmarca en la memoria de los graves atentados que sufrió Argentina en la década de 1990:
- 18 de julio de 1994: Un coche bomba destrozó la mutual judía Amia en Buenos Aires, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
- Dos años antes: Otra bomba había explotado en la embajada de Israel, con un balance de 29 muertos y más de 200 heridos.
La urgencia por proteger al Estado, invocando el fantasma de los atentados pasados, choca con la garantía de los derechos civiles. La potestad de detención otorgada a la inteligencia argentina, ¿es una medida necesaria para la contrainteligencia o el primer paso hacia la consolidación de un aparato de vigilancia que opere fuera de los límites convencionales de la policía? El Congreso tiene la última palabra sobre el futuro de esta controvertida reestructuración.
