El escándalo de la red de corrupción y tráfico de hidrocarburos que toca a Petróleos Mexicanos (Pemex) se profundiza. Documentos oficiales revelan el sofisticado modus operandi de una organización delictiva, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) señala al empresario Raúl Rocha Cantú como partícipe clave. Este esquema criminal va más allá del huachicol y expone una peligrosa corrupción Pemex Raúl Rocha con tentáculos en la FGR y alcance internacional.
La denuncia de Pemex que desvela la estructura delictiva
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia formal ante la FGR que documenta la existencia de un grupo delictivo organizado. En su oficio con folio interno 2178-2025, signado por Mario Antonio Zapata Cázares, apoderado de Pemex, se presentó la “formal denuncia contra quien resulte responsable por hechos que resultan probablemente constitutivos de delito” el 10 de septiembre de este año.
Según los documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF), Pemex señaló que la estructura criminal estaba “debidamente organizada para cometer de manera permanente y reiterada delitos, entre otros, en materia de hidrocarburos”.
El hallazgo más preocupante para la petrolera es la red de complicidades que esta organización ha tejido:
- Alianzas con otras organizaciones delictivas.
- Vínculos con servidores públicos en distintos niveles.
- Involucramiento de diversas dependencias.
- Posible participación de trabajadores de Pemex.
La orden de aprehensión y los alcances internacionales
La orden de aprehensión librada contra Raúl Rocha Cantú y otros miembros del grupo delictivo detalla en la página 243 que sus actividades ilícitas eran de naturaleza pluriconductual.
Si bien la base de sus operaciones eran los delitos en materia de hidrocarburos, la FGR sostiene que el grupo también traficaba armas, introducidas desde Estados Unidos y Guatemala, para proveer a cárteles mexicanos de alto impacto, tales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Unión Tepito.
Además, los documentos asegurados señalan que la organización buscaba expandir sus operaciones:
- Acrecentar o potencializar su mercado delincuencial.
- Expandir sus actividades a otros sectores, específicamente el inmobiliario.
- Transicionar de la introducción de cantidades bajas («bidones o tótems») en la frontera sur, a la incursión con producto proveniente de Estados Unidos.
La infiltración de la FGR y el riesgo de Deer Park
Uno de los detalles más delicados revelados en la resolución judicial emitida por un juzgado de Querétaro es la confirmación de la cooptación de autoridades federales. La investigación indica que existe “una participación activa de personal de la Fiscalía General de la República en las actividades delictivas de este grupo delincuencial innominado”.
La mecánica de corrupción no fue catalogada como cohecho, ya que los documentos encontrados en los domicilios cateados advierten una sofisticada estructura de financiamiento criminal. La organización mantenía:
- Un reparto de funciones y una estructura jerárquica.
- Una contraprestación de carácter quincenal a cada servidor público integrante de la organización.
Adicionalmente, el expediente advierte que la corrupción pudo haber trascendido las fronteras, afectando las operaciones de la planta Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, y que es propiedad de Pemex. Los documentos asegurados sugieren que “los tentáculos de la corrupción e involucramiento del personal de mi representada pudieron haber trascendido” hasta esa instalación internacional.
El detalle de la orden de aprehensión, que menciona la contraprestación quincenal a servidores públicos y la cooptación de la FGR, no solo subraya la sofisticación del crimen, sino que plantea la pregunta: ¿hasta qué nivel jerárquico del aparato estatal pudo ascender esta red antes de ser documentada, y qué otras dependencias siguen comprometidas?
