Tras perder la larga disputa por sus multimillonarios adeudos fiscales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, escaló el conflicto. El 13 de enero presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por «persecución política».
El contexto: la larga batalla de los adeudos fiscales
La acción del multimillonario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no surge de un vacío, sino del cierre de una disputa legal de casi dos décadas con el fisco mexicano. En una visita a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., Salinas Pliego se reunió con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, para entregar su expediente.
- El documento consta de más de 100 páginas de denuncia.
- El motivo inmediato de esta denuncia internacional es que el conglomerado de Salinas Pliego perdió en tribunales varios litigios cruciales por contribuciones al fisco que datan de hace casi dos décadas.
- Estos adeudos fiscales se originaron por operaciones contables fraudulentas realizadas hace varios lustros, según se detalla en las fuentes.
Grupo Salinas presentó decenas de amparos y recursos legales durante más de una década para evitar el pago de estos créditos. La batalla legal concluyó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el asunto el pasado 13 de noviembre, con la orden definitiva de que el conglomerado pague lo debido. Las empresas Elektra y TV Azteca, que forman parte de Grupo Salinas, deben más de 70 mil millones de pesos, de acuerdo con lo informado por las autoridades fiscales de México.
Cabe destacar que, aunque el empresario reconoció en reiteradas ocasiones que sus empresas deben al fisco, difiere del monto; no obstante, el comunicado emitido por el conglomerado omitió mencionar la larga batalla legal y la orden definitiva de la SCJN.
La acusación central: uso político del aparato estatal
La tesis principal de Salinas Pliego y Grupo Salinas es que la solicitud de pago de impuestos, que no se entregaron cuatro sexenios atrás, es en realidad una reprimenda por sus críticas y su postura disidente.
El multimillonario acusa al Estado mexicano de una “persecución política en su contra iniciada en 2023”, una acción que califica de sistemática y coordinada. En su denuncia, el conglomerado señaló que sus empresas han sido blanco de lo siguiente:
- Persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada.
- Auditorías simultáneas por parte de decenas de dependencias.
- Campañas de desprestigio en medios oficiales y redes sociales federales.
- Presiones indebidas sobre el Poder Judicial.
El objetivo, según el empresario, es “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público” y “silenciar la disidencia”. Aseveró, además, que el acoso del gobierno es un precedente peligroso para empresarios y opositores.
El patrón que denuncia Salinas Pliego y el rol de las plataformas presidenciales
En línea con su campaña para hacerse pasar por una víctima del oficialismo, Salinas Pliego acusó que la persecución se coordina desde las más altas esferas del gobierno.
Acusó a las vocerías oficiales, incluyendo las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor Andrés Manuel López Obrador, de atacarlo para dañar su reputación. Según su propio conteo, ha sido objeto de más de 600 menciones en las conferencias matutinas, con acusaciones recurrentes de evasión fiscal.
Grupo Salinas sostiene que, a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con “negativas y trato discriminatorio”, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio, y señalando un “uso político del aparato fiscal”.
El empresario, que rompió su relación con López Obrador a raíz de este diferendo fiscal y se volvió un detractor virulento de la llamada Cuarta Transformación, busca que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
Su caso, señaló el grupo empresarial, no solo es el de un contribuyente que no ha pagado sus impuestos, sino que funciona como “un aviso sobre la crisis institucional en México”, argumentando que la persecución sistemática utiliza al Estado “y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó la recepción del expediente y se comprometió a analizarlo conforme a sus procedimientos internos.
Este movimiento, que ocurre inmediatamente después de la derrota en el máximo tribunal del país, convierte el litigio fiscal millonario en un tema de derechos humanos y libertad de expresión en el ámbito internacional. La recepción del expediente por la CIDH eleva la presión sobre el Estado mexicano respecto a las consecuencias de sus diferencias con uno de los empresarios más poderosos de la nación.
