Tras la masacre de 13 de sus integrantes, 85 comunidades mixtecas de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, se han levantado en armas. Exigen justicia y capturan a presuntos responsables identificados como miembros del grupo delincuencial Los Ardillos, en una escalada que redefine el complejo conflicto en Guerrero contra Los Ardillos.
El levantamiento armado y la exigencia de justicia en Ayutla
Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, han tomado las armas para exigir justicia. Esta acción se desata tras el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en una emboscada perpetrada el pasado 17 de agosto en la localidad de El Cortijo. La Upoeg identifica a los responsables como miembros del grupo delincuencial Los Ardillos.
Desde la noche del domingo, contingentes de la Upoeg, a invitación de autoridades comunitarias o municipales, iniciaron recorridos y operativos en las comunidades de Lagunillas, El Refugio y Colotepec. El objetivo es ubicar y capturar a los perpetradores de la masacre.
Detenciones y el señalamiento a los implicados
Resultado de estas operaciones, voceros de la Upoeg, quienes solicitaron el anonimato, informaron la detención de dos hombres y una mujer. Los capturados fueron entregados al Ministerio Público. Según los informantes, «los sujetos participaron en la matanza de El Cortijo y la mujer era halcón en el pueblo, y vendía droga».
La Upoeg, junto con los habitantes de Ayutla y los vecinos de El Cortijo, exigen justicia de manera contundente. Critican la falta de avances en la investigación del gobierno federal por el asesinato de los que califican como «compañeros policías ciudadanos».
Ultimátum al gobierno estatal y organización comunitaria
Ante la percibida inacción gubernamental, los pobladores de Lagunillas, El Refugio y Colotepec han anunciado que «harán sus asambleas y se organizarán para integrar sus policías comunitarios». Esta medida también será replicada por los residentes de la comunidad de Colotepec.
En asambleas celebradas el pasado fin de semana en los poblados de Ayutla de los Libres, surgieron propuestas de trasladarse hasta Chilpancingo, la capital del estado, en el transcurso de esta semana. Esta movilización se llevaría a cabo si las autoridades del gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, no ofrecen una respuesta satisfactoria a su exigencia de justicia.
El contexto de la disputa territorial: Los Ardillos contra Los Rusos
El trasfondo de este conflicto se enmarca en la compleja dinámica de la delincuencia organizada en Guerrero. El grupo delincuencial de Los Ardillos mantiene una fuerte presencia en municipios de la Montaña Alta y Baja, abarcando desde Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande y Actepec, hasta Chilapa. También operan en la Costa Chica, en localidades como Tecoanapa y Ayutla de los Libres. En estas zonas, Los Ardillos se disputan el control del territorio y el trasiego de droga con la organización delictiva de Los Rusos.
Un llamado a la unidad de las policías comunitarias
En este escenario de violencia y fragmentación, Gonzalo Molina González, promotor de la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), ha ofrecido una perspectiva crítica. Molina González recordó que Bruno Plácido Valerio «cometió un error al permitir que se infiltraran grupos de la delincuencia organizada en la Upoeg».
Sin embargo, Molina González, quien es fundador de la CRAC-PC en Tixtla y otros municipios, y estuvo preso de noviembre de 2013 a marzo de 2019, hizo un enérgico llamado a la Upoeg y a la CRAC-PC. Instó a ambas organizaciones a «unir fuerzas para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en los municipios de la Montaña y la Costa Chica». Consideró que la unidad es crucial «porque de lo contrario los pueblos sufrirán las consecuencias, como sucede en Tixtla y en varios municipios de la zona centro de la entidad».
La reconfiguración de las fuerzas comunitarias y la escalada del conflicto en Ayutla de los Libres plantean serias interrogantes sobre la capacidad del estado para garantizar la seguridad. ¿Está Guerrero al borde de una mayor autonomía comunitaria armada, o esta ola de autodefensa forzará una intervención más efectiva de las autoridades? La respuesta a esta incógnita definirá el futuro inmediato de la región.
