El mercado del maíz en México opera bajo una asimetría estructural diseñada durante décadas. La investigación revela cómo el control estratégico del almacenamiento permite a un oligopolio imponer precios. El presunto conflicto de interés de Altagracia Gómez Sierra, líder de Grupo Minsa y asesora presidencial, plantea serias interrogantes sobre la soberanía alimentaria y la captura regulatoria en la 4T.
La arquitectura de la asimetría estructural
Aunque México es el centro de origen genético de la planta y cuenta con una capacidad productiva robusta —particularmente en maíz blanco para consumo humano—, la dinámica económica del grano está subyugada a un esquema de control logístico y financiero que favorece sistemáticamente a un oligopolio agroindustrial sobre la base productiva primaria.
Este reporte exhaustivo analiza los mecanismos mediante los cuales se perpetúa esta desigualdad, desglosando cómo el control estratégico de la infraestructura de almacenamiento permite a grandes conglomerados, como Grupo Minsa y Gruma, dictar las condiciones del mercado. El principio operativo es: «Quien tiene la bodega, tiene el precio».
La investigación examina la figura central de Altagracia Gómez Sierra. Su dualidad como presidenta de un imperio agroindustrial (Grupo Minsa y Almacenadora Mercader, ALMER) y coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la presidencia de Claudia Sheinbaum, plantea interrogantes críticos sobre el conflicto de interés y la captura del diseño de políticas públicas.
El desmantelamiento de las instituciones estatales de soporte, como la extinta CONASUPO y la reciente liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), ha dejado al campo mexicano en una indefensión financiera y logística.
En este vacío, los actores privados no solo han ocupado el espacio físico de los silos, sino que han instaurado un régimen de «regulación en la sombra», donde se utilizan herramientas como:
- La especulación financiera.
- Los cupos de importación.
- La manipulación de las bases de precios en la Bolsa de Chicago (CBOT).
Estos mecanismos buscan maximizar márgenes corporativos a expensas de la rentabilidad del productor rural y, en última instancia, de la soberanía alimentaria nacional.
La infraestructura del control: el almacenamiento como mecanismo de arbitraje
La tesis central para comprender la economía del maíz en México es que el almacenamiento no es un servicio pasivo, sino un activo financiero activo y una barrera de entrada formidable. La capacidad de retener el grano en el tiempo permite a sus poseedores desvincularse de la estacionalidad de la cosecha y arbitrar sobre la volatilidad de los precios.
El colapso de lo público y la hegemonía privada (ALMER)
Históricamente, el Estado mexicano gestionaba el inventario estratégico a través de Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) y CONASUPO, estabilizando precios mediante la compra y almacenamiento masivo.
Las privatizaciones de los años 90, particularmente bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, transfirieron estos activos estratégicos a manos privadas. Fue en este periodo cuando la familia Gómez Flores adquirió activos clave que hoy conforman Promotora Empresarial de Occidente (PEO), matriz de ALMER y Minsa.
En la actualidad, existe un desequilibrio abismal entre la capacidad pública y la privada. Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) opera con una infraestructura limitada y tecnológicamente rezagada, enfocada casi exclusivamente en el acopio de subsistencia para pequeños productores (menos de 5 a 20 hectáreas) para abastecer la red de tiendas DICONSA.SEGALMEX carece de la capacidad logística:
- No tiene las espuelas de ferrocarril.
- No tiene las terminales portuarias necesarias para gestionar los volúmenes comerciales masivos de estados como Sinaloa, que producen millones de toneladas en ciclos cortos.
Por el contrario, el sector privado controla la «infraestructura estratégica». Almacenadora Mercader (ALMER), presidida por Altagracia Gómez, es el paradigma de este dominio. No es simplemente una bodega; es un Almacén General de Depósito (AGD) certificado, con capacidad para emitir títulos de crédito sobre las mercancías y operar como una entidad financiera auxiliar.
| Característica operativa | SEGALMEX (sector público) | ALMER / Sector privado (Minsa, Gruma, Cargill) | | :— | :— | :— | | Objetivo primordial | Abasto social (DICONSA), soporte a precios de garantía | Maximización de utilidades, arbitraje temporal, gestión de inventarios industriales | | Público objetivo | Pequeños productores (<20 ha) | Productores comerciales, importadores, industria harinera | | Infraestructura | Centros de acopio rurales, baja tecnificación | Silos de gran capacidad, terminales «carrusel», conexión ferroviaria, laboratorios certificados | | Capacidad financiera | Dependiente del presupuesto federal (subsidios) | Emisión de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda (apalancamiento privado) | | Impacto en precio | Soporte local limitado (precios de garantía) | Determinación de «bases» regionales y descuentos por calidad |
La financialización del grano: certificados y habilitación
El poder de ALMER radica en su facultad legal para transformar el maíz físico en activos líquidos financieros. Mediante la emisión de Certificados de Depósito (CD) y Bonos de Prenda, ALMER permite a sus clientes (incluyendo a su empresa hermana, Minsa) monetizar inventarios sin venderlos.
Este mecanismo funciona como una palanca de desigualdad:
- Monetización vía pignoración: Cuando una gran empresa deposita maíz en ALMER, recibe un Certificado de Depósito. Este documento sirve como garantía colateral para obtener créditos bancarios inmediatos (pignoración) por un porcentaje alto del valor del grano. Esto otorga liquidez inmediata para seguir operando o comprando más grano, mientras el inventario físico espera a que suban los precios.
- Habilitación de bodegas: ALMER tiene la facultad de «habilitar» bodegas de terceros. Esto extiende su estatus legal a las instalaciones privadas de un cliente o socio. Así, el maíz almacenado en una bodega privada adquiere el estatus de garantía financiera regulada, permitiendo financiamiento sobre inventarios que físicamente no están en las instalaciones centrales de ALMER.
- El «reporto»: ALMER opera esquemas de reporto sobre certificados de depósito, funcionando efectivamente como una institución financiera no bancaria.
El pequeño y mediano productor carece de acceso a estos instrumentos. Al no tener capacidad de almacenamiento certificado, no puede emitir un CD sobre su cosecha. Por tanto, su maíz es «capital muerto» hasta que lo vende. Esto lo obliga a vender «a pie de camión» inmediatamente después de la cosecha, en el momento de mayor sobreoferta y menor precio, transfiriendo la oportunidad de arbitraje al comprador industrial.
El costo del tiempo y la economía del almacenaje
El almacenamiento no es barato, lo que constituye otra barrera de entrada. En el contexto de la crisis de comercialización en Sinaloa, se estimó que el costo de mantener maíz almacenado (cuando el gobierno estatal intentó intervenir) ascendía a 4.7 millones de pesos diarios por concepto de maniobras, conservación y financiero.
Esta cifra revela por qué el gobierno federal a menudo prefiere «dejar hacer» al sector privado. Asumir el control del inventario nacional implicaría costos fiscales astronómicos. Al no invertir en infraestructura pública, el Estado se vuelve dependiente de la infraestructura de ALMER y sus pares para mover la cosecha nacional, otorgando a estas empresas un poder de negociación implícito sobre las políticas agrícolas.
Mecánica de la especulación: cómo «comprar barato y vender caro»
La ganancia industrial reside en la manipulación de la estacionalidad y la estructura de precios internacionales, un juego donde el campo mexicano está estructuralmente diseñado para perder.
La formación del precio y la manipulación de la «base»
En teoría, el precio que recibe el productor mexicano se determina por la Bolsa de Chicago (CBOT) más una «Base».
$$Precio{Productor} = (Futuros{CBOT} + Base_{Local}) \times TipoDeCambio$$
La Base representa los costos logísticos y la oferta/demanda regional. En un mercado justo, debería compensar al productor por la calidad y cercanía al mercado.El mecanismo de extracción de valor:
- Durante la cosecha (mayo-julio en Sinaloa, el ciclo Otoño-Invierno), la oferta satura el mercado.
- Los grandes compradores industriales (Minsa, Gruma, Cargill) se retiran tácticamente del mercado o declaran sus silos llenos. Esto provoca el colapso de la «Base».
- Base negativa: En momentos de crisis, los compradores imponen bases negativas o castigadas, argumentando altos costos de transporte o almacenamiento. El productor, desesperado y sin silos, acepta precios que a menudo no cubren los costos de producción.
- Coberturas asimétricas: Las grandes empresas compran «coberturas» (opciones put/call) en Chicago para protegerse de la volatilidad. Si el precio internacional baja, ganan en el mercado financiero; si sube, su inventario se revaloriza. El productor promedio, descapitalizado, rara vez accede a estas coberturas de manera efectiva.
El arbitraje temporal (el «carry») de Grupo Minsa
Aquí es donde entra la estrategia de Altagracia Gómez y Grupo Minsa:
- Compra en la depresión: Minsa adquiere volúmenes masivos de maíz blanco durante la cosecha de Sinaloa, cuando el precio está en su punto más bajo debido a la presión de la oferta y la falta de liquidez de los agricultores.
- Almacenamiento interno: Al ser dueños de la almacenadora (ALMER), Minsa no paga primas de mercado por el almacenamiento; es una transferencia interna de costos.
- Venta en la escasez: Seis meses después, cuando la oferta nacional disminuye, el precio del maíz sube. Minsa procesa ese maíz barato (adquirido a $5,000-$6,000 pesos) y vende la harina nixtamalizada a precios ajustados a la inflación actual o al precio de importación marginal, que es más alto.
Resultado: El margen de ganancia se expande no por eficiencia productiva, sino por capacidad de acaparamiento y resistencia financiera.
Descuentos por calidad: la «rasurada» en la báscula
Otra táctica para abaratar la compra es la aplicación rigurosa y a veces arbitraria de normas de calidad (NMX). Al llegar a los centros de acopio (muchos operados o habilitados por ALMER), el maíz se somete a pruebas de humedad e impurezas.
El castigo: Si el maíz supera el 14% de humedad, se aplica un descuento al peso (merma) y un cobro por secado. Los productores denuncian frecuentemente que las básculas y los medidores de humedad están calibrados para favorecer al comprador, reduciendo el pago neto efectivo muy por debajo del precio pactado. Este «ahorro» en la compra se traduce directamente en utilidad para el industrial.
Altagracia Gómez Sierra: el nexo del poder y el conflicto de interés
La figura de Altagracia Gómez Sierra cristaliza la intersección entre el poder económico heredado del periodo neoliberal y la influencia política en la administración de la «Cuarta Transformación». Su rol dual es el eje sobre el cual giran las sospechas de manipulación del mercado a alto nivel.
Perfil corporativo y herencia privatizadora
Altagracia Gómez lidera el conglomerado familiar forjado por Raymundo Gómez Flores, quien se benefició de las privatizaciones bancarias y estatales de los 90 (incluyendo Minsa y banca Cremi). Hoy, preside el Consejo de Administración de Grupo Minsa (segundo productor mundial de harina de maíz) y PEO (propietaria de ALMER). Su poder no es solo industrial, sino logístico y financiero.
El rol político: coordinadora del Consejo Asesor Empresarial
Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, Gómez Sierra ha sido nombrada Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR). Este organismo tiene facultades para:
- Diseñar la política de atracción de inversiones (Nearshoring).
- Proponer infraestructura estratégica (Polos de Bienestar).
- Servir de enlace para la revisión de aranceles y políticas comerciales.
Mecanismo de fijación del precio de importación y conflicto
Altagracia Gómez no firma decretos de precios, pero su posición le permite influir en las variables que determinan el precio.
La Secretaría de Economía administra los «cupos» para importar maíz libre de arancel desde países sin tratado de libre comercio (como Brasil o Argentina) o para gestionar el abasto. Como asesora clave, Gómez Sierra tiene acceso privilegiado a la información sobre inventarios nacionales y previsiones de cosecha.
Si el Consejo Asesor recomienda abrir cupos de importación alegando riesgo de desabasto, la entrada de maíz extranjero inunda el mercado. El efecto: Esta oferta adicional actúa como un «techo» para los precios del maíz nacional. Aunque el maíz blanco mexicano sea de calidad superior, su precio no puede subir demasiado si la industria tiene la alternativa de importar barato. Esto beneficia directamente a Minsa al reducir sus costos de insumos, y perjudica al productor nacional. La información asimétrica le permite ajustar sus posiciones en el mercado de futuros y sus niveles de inventario en ALMER.
Estructura de mercado: el duopolio harinero y la ceguera regulatoria
El mercado de la masa y la tortilla en México está dominado por la transición tecnológica a la harina de maíz, proceso impulsado por el duopolio Gruma (Maseca) y Minsa.
Investigaciones de la COFECE: el caso Gruma vs. Minsa
En octubre de 2024, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió un dictamen preliminar explosivo declarando que no existe competencia efectiva en el mercado de harina de maíz.
- El dictamen contra Gruma: COFECE señaló a Gruma como el agente económico preponderante con capacidad de fijar precios, controlando entre el 50% y 90% del mercado en diversas regiones. Se le ordenó desincorporar cinco plantas.
- La inmunidad de Minsa: A pesar de ser el segundo actor dominante con cerca del 20% del mercado, Minsa no recibió sanciones de desinversión comparables. Los críticos señalan que, en un duopolio, el segundo actor a menudo se beneficia de las prácticas del líder («price follower») sin incurrir en los costos regulatorios. La disparidad en el trato ha levantado sospechas dada la cercanía política de la presidenta de Minsa con el nuevo gobierno.
Barreras de entrada y captura normativa (NOM-187)
El control del mercado no solo es económico, sino normativo. Investigaciones periodísticas han revelado cómo Minsa y Gruma, a través de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI), influyeron en la redacción de la NOM-187, que regula la masa y la tortilla. La norma ha sido modificada para favorecer los procesos industriales de harina sobre la nixtamalización tradicional, y para permitir aditivos y blanqueadores que solo la gran industria puede gestionar eficientemente. Esto marginaliza a los molinos de nixtamal tradicionales y empuja a las tortillerías de barrio a depender de los sacos de harina de Minsa y Maseca.
La indefensión del campo mexicano
La vulnerabilidad del productor de maíz no es un accidente, sino el resultado de un desmantelamiento institucional sistemático que ha eliminado los contrapesos al poder de mercado privado.
El vacío financiero: cierre de la financiera rural
La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de liquidar la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) dejó un hueco financiero de aproximadamente 26 mil millones de pesos en cartera de crédito.
Consecuencia directa: Sin crédito público barato, los productores medianos (que no califican para subsidios de subsistencia «Bienestar» pero tampoco son corporaciones gigantes) quedaron a merced de la usura o del financiamiento de sus propios compradores.
Los acopiadores y empresas como Minsa ofrecen «paquetes tecnológicos» y financiamiento a cambio de comprometer la cosecha futura (Agricultura por Contrato distorsionada). Esto elimina la capacidad de negociación del agricultor: el precio y las condiciones de entrega se fijan cuando el productor está más desesperado por liquidez para sembrar.
Insuficiencia de los precios de garantía
El programa de Precios de Garantía de SEGALMEX tiene un techo de elegibilidad bajo. Los productores comerciales de Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, que aportan el grueso del maíz que consume el México urbano, quedan fuera de este esquema o enfrentan cupos limitados de compra.
Crisis de 2024: Ante la caída de precios internacionales, los productores exigieron un precio de $7,000 pesos por tonelada para cubrir costos. El mercado (industriales) ofrecía cerca de $5,000. La intervención gubernamental fue parcial, ofreciendo apoyos de $750 a $950 pesos por tonelada, insuficientes para cerrar la brecha, obligando a los agricultores a vender con pérdidas o márgenes mínimos.
Plan Campeche y el futuro: ¿Soberanía o nueva dependencia?
El nuevo gobierno de Sheinbaum ha lanzado iniciativas como el «Plan Campeche» y «Cosechando Soberanía» para reactivar la producción en el sur-sureste.
El Plan Campeche busca potenciar la producción de arroz, leche y maíz en el sureste, ofreciendo insumos, maquinaria y créditos a través de FIRA (ya que FND no existe).
El riesgo de captura: El plan implica convenios de compra garantizada. Si Minsa y Gruma son los «aliados estratégicos» para comprar esta nueva producción bajo la bandera de la soberanía alimentaria, el Estado estaría subsidiando la producción primaria (con fertilizantes y créditos) para entregar materia prima barata y asegurada a los oligopolios industriales.
A pesar de la retórica de soberanía, las proyecciones indican que México importará volúmenes récord de maíz en 2025 (entre 16 y 28 millones de toneladas, mayoritariamente amarillo y transgénico). Esta dependencia asegura que el precio interno seguirá atado a Chicago y al tipo de cambio.
El funcionamiento del almacenamiento de maíz en México revela un sistema de ganancias privatizadas y riesgos socializados. Un oligopolio liderado por ALMER (Familia Gómez), Gruma y Cargill controla la infraestructura logística crítica, usándola como palanca financiera (Certificados de Depósito) y mecanismo de presión de precios (manipulación de Bases).
Los grandes ganadores son los conglomerados agroindustriales que pueden arbitrar entre el precio bajo de cosecha y el precio alto de consumo, y que utilizan su influencia política para gestionar cupos de importación que topan los precios nacionales.
El papel de Altagracia Gómez es el vértice donde convergen el interés corporativo de Minsa/ALMER y la política pública del Plan México. Su capacidad para «jugar con el tiempo» es inherente a su infraestructura de almacenamiento; su capacidad para influir en el precio de importación deriva de su rol asesor en la apertura comercial.
El gobierno mexicano, al desmantelar la banca de desarrollo rural y no invertir en almacenamiento público estratégico, ha dejado al campo sin defensa. El productor subsidia con su empobrecimiento la estabilidad de precios de la tortilla urbana y los márgenes de utilidad de las harineras. En última instancia, la «soberanía alimentaria» pregonada corre el riesgo de convertirse en una soberanía corporativa, donde el Estado facilita los insumos y la paz social, mientras el oligopolio administra el grano, el precio y el poder.
