En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el debate sobre las deudas históricas que persisten con estas comunidades cobra una urgencia renovada. El Congreso de la Unión se prepara para un momento legislativo histórico.
Un hito legislativo inminente para pueblos indígenas y afromexicanos
El próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que se iniciará en septiembre, será testigo de la presentación de la iniciativa de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Este avance ha sido confirmado por Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien ha expresado la expectativa de su pronta aprobación. «Esperamos que sea en el próximo periodo ordinario de sesiones en el que se esté aprobando esta histórica ley», afirmó Regino Montes, subrayando que esta será la primera vez que el Estado mexicano cuente con una legislación de carácter general en la materia, calificándola de una «asignatura pendiente».
El consejo nacional de pueblos indígenas se reúne en Los Pinos
En sintonía con la trascendencia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas se reunió en el Complejo Cultural de Los Pinos. El objetivo principal de este encuentro fue analizar la implementación de la reforma constitucional vigente y avanzar en la construcción de la mencionada Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
La reunión contó con la participación de representantes de los 70 pueblos indígenas de México, así como de comunidades afromexicanas, lo que garantiza una representación plural y auténtica. La relevancia del evento se vio acentuada por la presencia de Hugo Aguilar Ortiz, el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una representación oficial de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que subraya la mirada internacional sobre el proceso.
Deudas históricas y desafíos persistentes: la voz de las organizaciones
Paralelamente a los esfuerzos legislativos, organizaciones sociales han utilizado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas como un «recordatorio urgente de las deudas históricas, estructurales y actuales que persisten» hacia estas comunidades. La cruda realidad de la violencia que enfrentan es una de las más alarmantes; se ha documentado que, entre 2016 y 2025, al menos 68 personas indígenas fueron asesinadas en México por su labor en defensa del territorio.
Desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se ha reiterado que los pueblos indígenas «aún enfrentan desafíos significativos», enfatizando la importancia de continuar el desarrollo de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos como un paso crucial para superar estas barreras. Otros problemas documentados incluyen la trata de personas en comunidades indígenas, un grave problema señalado por la ONU, y la apropiación cultural, como la reciente denuncia del INPI a Adidas por el uso de diseños de huaraches.
Otros puntos clave en la agenda legislativa nacional
Mientras la atención se centra en la ley indígena, el panorama político nacional presenta otros temas de relevancia. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha denunciado una «parálisis institucional» en torno a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. Ante esta situación, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio, informó que se establecerá una mesa técnica de trabajo para fortalecer el mecanismo de respuesta. Asimismo, la Comisión de Reforma Política-Electoral ha aprobado dictámenes que abordan el voto de los mexicanos en el extranjero. Esta iniciativa busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para permitir que los connacionales puedan sufragar en comicios locales, extendiendo así su participación democrática.
La próxima Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se erige como un potencial punto de inflexión, una oportunidad para saldar una deuda histórica y redefinir la relación del Estado mexicano con sus pueblos originarios. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de su aprobación, sino de una implementación efectiva y del compromiso continuo para abordar las múltiples dimensiones de la injusticia que aún persisten. ¿Podrá este nuevo marco legal transformar la realidad de quienes han sido históricamente marginados?
