La disputa por el millonario adeudo fiscal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tomado un giro dramático. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara un acuerdo previo, la compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que llevará su defensa hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevando el conflicto a la esfera internacional.
El rechazo presidencial y la amenaza internacional
La Ciudad de México fue el epicentro de un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno y el sector privado. Este 27 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó públicamente la existencia de un acuerdo fiscal entre su administración y Grupo Salinas.
Horas después del anuncio presidencial, la compañía propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ostenta el cargo de presidente del Grupo Salinas (en imagen de archivo), respondió con un contundente comunicado difundido en sus redes sociales.
El grupo empresarial aseguró que, ante la negativa de la administración actual, «seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Esta postura marca una escalada sin precedentes en la disputa por el adeudo fiscal.
Un acuerdo de “buena voluntad” versus la palabra oficial
Grupo Salinas sostiene que el acuerdo fiscal que niega el actual gobierno sí fue resultado de decenas de conversaciones sostenidas durante la administración anterior. Según la versión de la empresa, estas pláticas se llevaron a cabo «bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho».
La compañía enfatizó que es una empresa que “valora y respeta la palabra”, utilizando un argumento ético para justificar su posición frente a la administración pública:
- «El habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado.»
La versión oficial del SAT: «Falso acuerdo»
La controversia sobre si existió o no un pacto fiscal fue abordada previamente en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum. Fue allí donde el ex subdirector del SAT, Arturo Medina, desmontó la narrativa de Grupo Salinas.
Medina, en su participación del lunes, declaró que «es falso que en la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación con los adeudos desde 2008 al 2013».
El ex funcionario matizó que si bien es cierto que se realizaron pláticas en mesa técnica con representantes de la compañía en varias ocasiones, la realidad es que “nunca se acordó un monto ni la ruta de solución” para resolver el diferendo.
La cronología de los adeudos que se encuentran en el centro de esta disputa judicial e institucional abarca los años que van desde 2008 hasta 2013. El hecho de que la compañía contemple la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una vía de defensa subraya la complejidad y la magnitud del caso, que ahora trasciende las fronteras de la justicia fiscal mexicana.
La decisión de Grupo Salinas de llevar la disputa fiscal a instancias como la CIDH abre un peligroso precedente. ¿Podrá la justicia internacional zanjar un diferendo que implica miles de millones de pesos y que pone en jaque la capacidad recaudatoria del Estado mexicano, o es esta una maniobra dilatoria ante la presión del SAT? La respuesta definirá el equilibrio de poder entre las grandes corporaciones y el gobierno.
