El conflicto fiscal entre el Estado mexicano y el magnate Ricardo Salinas Pliego subió de nivel. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó formalmente a Grupo Salinas el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos, un adeudo validado por la Suprema Corte. Sin embargo, en medio de esta disputa legal que ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su empresa Afore Azteca registró un crecimiento financiero inédito.
El contexto legal del adeudo: 51 mil millones y la notificación del SAT
El 16 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la notificación del SAT a las empresas de Grupo Salinas para liquidar los 51 mil millones de pesos ya es un hecho. La presidenta rechazó categóricamente que el empresario sea víctima de una «persecución política», tal como él lo denunció ante la CIDH en Washington.
La mandataria aclaró que no se trata de una fecha de ultimátum, sino de procesos legales. La resolución que permite la cobranza deriva de una decisión previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que el amparo solicitado por Grupo Salinas no es válido y que la resolución del último tribunal colegiado es la que debe aplicarse.
Según lo que detalló Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, el 19 de diciembre, las empresas tienen la opción de acercarse al organismo. Pueden beneficiarse de un descuento de hasta el 39 por ciento y liquidar el monto no en una sola exhibición, sino en varias, conforme al Código Fiscal de la Federación. Sheinbaum Pardo afirmó: «Por cierto, ya se notificó y estamos esperando a ver qué pasa”.
Precedentes y los adeudos acumulados
Los 51 mil millones de pesos corresponden a siete créditos fiscales que las empresas de Grupo Salinas litigaban desde 2008. El 13 de noviembre, la SCJN desechó de manera definitiva las solicitudes de amparo relacionadas con estos créditos. Esto hizo que el pago fuera exigible a partir de la notificación del SAT.
No obstante, la cifra total que se litiga es mayor. Incluyendo los créditos fiscales ya perdidos, otros adeudos pendientes superan los 74 mil millones de pesos, según información proporcionada por el gobierno en junio.
Además, el 19 de noviembre, la Suprema Corte asestó un revés adicional, obligando a Nueva Elektra del Milenio a pagar otros 67 millones de pesos. Esta deuda data del ejercicio 2012. La empresa fue multada por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió, al omitir declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario. Aunque la empresa alegó que Grupo Salinas era la sociedad controladora obligada al pago conforme a la Ley vigente en 2012, la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la imposición del pago de 67 millones 165 mil 827 pesos.
La defensa política y la acusación de acoso sistemático
Ricardo Salinas Pliego ha escalado la disputa a nivel internacional. El empresario acudió a Washington para entrevistarse con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, donde presentó una denuncia formal contra el Estado mexicano.
Según el presidente de Grupo Salinas, las acciones en su contra representan «un acoso sistemático por parte del gobierno: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto». El magnate sostuvo que esto busca «sentar un precedente peligrosísimo: el uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión.»
El uso de plataformas mediáticas bajo el escrutinio legislativo
La narrativa de «perseguido político» ha sido fuertemente cuestionada desde la esfera legislativa. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, abordó el tema en una transmisión en vivo difundida en su canal de YouTube «GFNorona Oficial» el 15 de enero de 2026.
Noroña sostuvo que personajes públicos se presentan como víctimas, pero mantienen una constante estrategia de confrontación desde sus propias plataformas mediáticas. Cuestionó que el dueño de TV Azteca utilice sus espacios para difundir su versión y presentarse como afectado por el poder público, mientras conserva amplias vías para la difusión.
El legislador expresó que no existe evidencia de presión física ni de restricción a los derechos del empresario, sugiriendo que el discurso es usado para evadir responsabilidades fiscales.
Deudor vs. cliente: la analogía de Elektra
Para ilustrar su postura, Fernández Noroña comparó la situación del empresario con la de los clientes de Elektra que enfrentan procesos de cobranza por deudas menores.
El senador comentó que, siguiendo la misma lógica del empresario, «todos los deudores de Elektra deberían ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que son perseguidos políticos por Ricardo Salinas y sus cobradores brutales”. Con esta comparación, el senador buscó subrayar la diferencia en el trato que recibe un gran empresario ante requerimientos legales.
El patrón económico: Afore azteca duplica sus ganancias en 2025
Mientras se litigaba el destino de miles de millones de pesos, Afore Azteca, una de las administradoras de Grupo Salinas, registró un notable crecimiento. Afore Azteca administra el ahorro para el retiro de millones de trabajadores y obtiene utilidades por manejar ese dinero.
De acuerdo con la base de datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ya con cifras deflactadas para eliminar el efecto de la inflación, Afore Azteca registró el mayor crecimiento en ganancias de la iniciativa privada durante 2025. El aumento anual fue del 106 por ciento.Rendimiento en millones de pesos reales:
- 2024: 290.9 millones de pesos.
- 2025: Casi 600 millones de pesos.
Este rendimiento colocó a Afore Azteca por delante de sus competidores en crecimiento porcentual. Por ejemplo, Invercap tuvo un incremento de 59.81%, y Afore Coppel reportó un aumento de 41.82%. Afore Inbursa (34.08%) y Profuturo (31.38%) también mostraron incrementos sólidos.
Afore XXI Banorte, de la familia Hank González, tuvo un crecimiento moderado del 8.92%, pero sigue siendo la afore que concentra el mayor monto de ganancias totales, superando los 3 mil millones de pesos en 2025. En el otro extremo, Principal fue la única afore con pérdidas, con una caída de 33.35%. La única afore pública, PensionISSSTE, tuvo el mayor incremento de todo el sistema, con 127.88%.
El dato crucial es este: mientras se libra una batalla pública por el pago de un adeudo fiscal que supera los 74 mil millones de pesos, las administradoras del mismo grupo siguen obteniendo utilidades récord manejando el dinero de millones de mexicanos.
La coyuntura nos obliga a ver más a fondo la relación entre el poder económico, el poder mediático y las obligaciones cívicas. Cuando un gran empresario utiliza su enorme plataforma para cuestionar los requerimientos fiscales como si fueran un ataque político personal, ¿está defendiendo la libertad de expresión o buscando un trato preferencial que el ciudadano común nunca obtendría? La decisión de la SCJN es clara, la notificación del SAT está en curso, y el camino legal se estrecha. El contraste entre la exigencia de pago de miles de millones de pesos y el desempeño financiero estelar de sus empresas en 2025 revela un patrón que va más allá de un simple pleito fiscal: es la definición de hasta dónde puede llegar la influencia empresarial en la vida pública de México.
