El 20 de enero de 2026, fuerzas israelíes demolieron las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el barrio de Sheikh Jarrah, Jerusalén Oriental. Este hecho, junto con el ataque a una escuela de oficios en Qalandia, intensifica la ofensiva de Israel contra la agencia que proporciona servicios humanitarios a millones de refugiados en la región.
Ataque directo a la infraestructura de la ONU: El 20 de enero de 2026
El martes 20 de enero de 2026, la ofensiva israelí se centró en la Agencia de la ONU encargada de la asistencia a los refugiados palestinos. Cuadrillas de demolición destruyeron al menos dos instalaciones de la organización.
La acción más visible fue la demolición de las oficinas de la UNRWA en Sheikh Jarrah. Roland Friedrich, director del grupo en Cisjordania reocupada, confirmó que la policía y las cuadrillas de demolición llegaron a la sede en Jerusalén Oriental ese martes temprano. Aunque el personal no había trabajado en la instalación «durante casi un año» debido al peligro y la incitación, las fuerzas israelíes confiscaron dispositivos y expulsaron a la seguridad privada que protegía el recinto.
Friedrich describió lo ocurrido como «la culminación de dos años de incitación y medidas contra la UNRWA en Jerusalén Oriental», y lo calificó como una violación del derecho internacional que garantiza la protección de esa clase de instalaciones.
Ataque con gas lacrimógeno en la escuela de Qalandia
Adicionalmente, las fuerzas lanzaron gas lacrimógeno en la escuela de oficios para jóvenes palestinos ubicada en Qalandia, en las afueras de Jerusalén. En este centro, más de 300 jóvenes refugiados reciben capacitación laboral en tecnología y soldadura.
La UNRWA advirtió que estas demoliciones podrían poner en peligro otras operaciones clave, incluyendo las de la escuela de Qalandia y el centro de salud en Shua’fat, donde la agencia sigue proporcionando educación y servicios sanitarios.
El argumento legal de Israel y las acusaciones de vínculos con Hamás
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel justificó la demolición indicando que se aplicó una nueva ley que prohíbe a la UNRWA operar en la zona. El Ministerio sostiene que Israel es el propietario del sitio y rechazó las afirmaciones de la agencia de la ONU sobre una violación del derecho internacional.
La demolición marca la intensificación de años de críticas por parte de Israel y sus líderes. Ellos aseguran que la UNRWA alberga inclinaciones propalestinas y mantiene vínculos con grupos milicianos. Israel ha acusado «desde siempre» a la agencia de tener un sesgo antisemita, a menudo, según el texto original, «con poca evidencia». Sostiene que la agencia emplea y mantiene vínculos con grupos milicianos, incluidos Hamás.
La ONU niega estas afirmaciones y la UNRWA ha asegurado actuar rápidamente para remover a cualquier miliciano sospechoso de su personal. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace más de dos años, estos ataques se han intensificado. Israel ha acusado a la UNRWA de estar infiltrada por Hamás y de permitir que los milicianos usen sus instalaciones y se apoderen de la ayuda. Si bien el gobierno israelí ha proporcionado pocas pruebas de estas afirmaciones, la Corte Internacional de Justicia ordenó en octubre que Israel debe permitir que la agencia continúe brindando asistencia humanitaria en Gaza.
La celebración política y la legislación restrictiva
Una bandera israelí fue izada sobre la instalación demolida en el barrio de Sheikh Jarrah. Varios políticos israelíes se presentaron en el lugar para celebrar la medida. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, calificó el evento como un “día histórico”.
El año pasado, el Knéset de Israel aprobó una legislación que cortaba los lazos y prohibía a la UNRWA operar en lo que define como Israel, incluyendo Jerusalén Oriental. Desde la aprobación de esta ley, las instalaciones de la agencia —escuelas, centros de salud y su sede— han sido cerradas, allanadas o dejadas sin protección de forma repetida.
Implicaciones humanitarias y el rol de la comunidad internacional
El mandato de la UNRWA es ofrecer ayuda y servicios esenciales a cerca de 2.5 millones de refugiados palestinos que viven en la franja de Gaza, Cisjordania reocupada y Jerusalén Oriental. También atiende a 3 millones de refugiados adicionales distribuidos en Siria, Jordania y Líbano. La agencia gestiona infraestructura en los campos de refugiados, administra escuelas y proporciona atención médica, aunque sus operaciones se redujeron el año pasado tras la aprobación de la legislación israelí.
Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, señaló que estos ataques buscan “borrar la identidad de los refugiados palestinos”. En un comunicado en X, Lazzarini advirtió: “Esto debe ser una llamada de atención. Lo que sucede hoy con la UNRWA sucederá mañana con cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en el Territorio Palestino Ocupado o en cualquier parte del mundo”.
La postura de Estados Unidos hacia la agencia ha sido inestable. Bajo el gobierno de Donald Trump, se cortó la financiación en 2018. Posteriormente, el presidente Joe Biden la restableció en 2021, aunque la pausó nuevamente en 2024.
Un veto más amplio a las organizaciones no gubernamentales
La prohibición de Israel a la UNRWA coincide con esfuerzos más amplios para vetar a grupos de ayuda que operan en la franja de Gaza y la reocupada Cisjordania.
Israel ha aprobado leyes que obligan a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a registrar listas de nombres como condición para poder trabajar, y exige que no contraten personal involucrado en actividades que “deslegitimen a Israel” o apoyen boicots.
Decenas de grupos, incluidos Médicos Sin Fronteras y CARE, fueron notificados de que sus licencias expirarían a finales de 2025. Las organizaciones advierten que estas reglas son arbitrarias y que la nueva prohibición perjudicará a una población civil con urgente necesidad de asistencia humanitaria.
Los partidarios de la UNRWA señalan que los ataques de Israel a la agencia están destinados a marginar el tema del estatus de refugiado palestino, uno de los asuntos más controvertidos que dividen a israelíes y palestinos. Israel, por su parte, argumenta que la agencia perpetúa ese estatus. Este escenario subraya la tensión constante entre la necesidad de ayuda humanitaria y las dinámicas políticas que definen el Territorio Palestino Ocupado. ¿Cómo afectarán estas restricciones a la capacidad operativa de asistencia en las zonas más vulnerables?
