La defensa de Víctor Álvarez Puga usa una jugada legal para evitar México

Detenido en Miami, el presunto facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont enfrentan cargos por desvío de 3,000 millones de pesos. Su defensa intenta frenar su extradición a México.
La defensa de Víctor Álvarez Puga usa una jugada legal para evitar México

México aprieta el cerco sobre el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por las autoridades como el cerebro de una red de compañías factureras que ha drenado millones de pesos al erario. Detenido en Miami, Florida, la Fiscalía General de la República (FGR) busca activar su extradición. Sin embargo, la defensa del presunto delincuente organizado ha puesto en marcha un recurso legal clave para impugnar la orden judicial de deportación y frenar su inminente traslado a México.

La estrategia de la defensa para evitar la extradición

La FGR ha confirmado que busca la extradición del letrado, quien fue detenido en días recientes en un centro migratorio de Miami, Florida. Las autoridades mexicanas han acusado a Álvarez Puga de delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal, delitos por los cuales cuenta con una orden de aprehensión vigente dictada por un juez federal de México.

La detención de Álvarez Puga, ocurrida el pasado lunes, trascendió inicialmente como parte de una revisión de su estatus migratorio en Estados Unidos, si bien los detalles de su captura no se conocían públicamente. La información aportada por la FGR este martes sugiere que la captura obedece directamente al trámite de extradición emprendido en su contra.

La cronología del proceso legal

El proceso migratorio en Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión. La Fiscalía detalló que, el pasado 17 de octubre, un juez migratorio de Estados Unidos autorizó la deportación del abogado.

No obstante, esta decisión no es definitiva, pues los abogados de Álvarez Puga impugnaron la orden. La FGR ha precisado que el caso tocará a otro juez, quien deberá resolver el diferendo el próximo 12 de noviembre. De momento, y a pesar de la batalla legal en curso, la orden de localización y captura girada por la Interpol en su contra continúa activa.

Las imputaciones: Delincuencia organizada y desvío de 3,000 millones

Víctor Manuel Álvarez Puga está casado con la famosa conductora de televisión Inés Gómez Mont, a quien la Fiscalía considera su cómplice en los esquemas de corrupción. Las autoridades señalan que la red de factureras encabezada por el abogado desvió 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación.

El dinero sustraído formaba parte del presupuesto que debía ser utilizado para el mejoramiento de las cárceles federales. La investigación ha detallado que una parte de esos recursos, específicamente tres millones de pesos, llegó directamente a las cuentas bancarias del matrimonio.

La fuga a Estados Unidos y la fortuna ilícita

La Secretaría de Hacienda y la FGR presentaron la denuncia formal ante un juez en septiembre de 2021. Tras la presentación de cargos, la pareja escapó a Estados Unidos, donde han continuado disfrutando de su fortuna ilícita.

Se ha documentado que Álvarez Puga y Gómez Mont compraron lujosas mansiones en Florida, destacando aquella que perteneció a la famosa cantante Cher.

La postura presidencial y el futuro del caso

La presidenta, Claudia Sheinbaum, fue informada sobre la situación. Durante su conferencia diaria en Palacio Nacional, la mandataria señaló que estaba al tanto de la detención provisional del abogado en Miami. «La idea es que se envíe a México», declaró Sheinbaum, enfatizando la postura del Gobierno federal respecto al caso.

Respecto al papel de la esposa del abogado, la presidenta señaló que la FGR debe determinar si Inés Gómez Mont está implicada en los delitos. La Fiscalía, por su parte, ya señala a la conductora de haber participado junto con su esposo en el esquema millonario de desvío de recursos.

Mientras Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa continúan disfrutando de su «fortuna ilícita» en lujosas mansiones de Florida—incluyendo la que perteneció a la cantante Cher—, la batalla legal del 12 de noviembre no solo definirá el destino de un presunto facturero, sino que pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para cerrar la pinza contra la corrupción de cuello blanco y recuperar los millones desviados del presupuesto destinado a las cárceles federales.

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