El empresariado mexicano observa con detenimiento la ofensiva judicial coordinada que enfrenta Ricardo Salinas Pliego. Este jueves 13 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para dar un golpe que podría superar los 48 mil millones de pesos en adeudos Grupo Salinas SCJN, mientras que en Nueva York, la presión por la deuda de bonos se intensifica. La decisión podría marcar un hito en la relación entre el gobierno federal y el magnate.
El golpe fiscal: la SCJN se alinea para fallar contra Grupo Salinas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada para este jueves 13 de noviembre la discusión de diversos litigios planteados por Grupo Salinas relacionados con créditos fiscales pendientes. De acuerdo con las listas de la Corte, los ministros analizarán recursos de reclamación, amparos directos en revisión e impedimentos, cuyas propuestas implican el pago de multas y créditos fiscales que suman un total aproximado de 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos al fisco.
Estos créditos han sido reclamados por el gobierno federal desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora, en el contexto de la nueva conformación del tribunal, se prevé que la mayoría de los fallos sean en contra de las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
La revocación del impedimento a Lenia Batres
Uno de los puntos centrales de la discusión es el proyecto de resolución presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En este proyecto se plantea abandonar el criterio establecido previamente por la extinta Segunda Sala de la Corte, que declaró impedida a la ministra Lenia Batres Guadarrama para intervenir en los litigios de Salinas Pliego.
El impedimento 33/2024 fue planteado en el amparo directo en revisión 6321/2024 contra Batres, Yasmín Esquivel Mossa y el ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán. La base del impedimento eran comentarios publicados por la ministra Batres en la red social Twitter (hoy X), considerados por los ministros en retiro como una manifestación expresa de enemistad con el empresario.
En su proyecto, Espinosa Betanzos establece varios puntos clave:
- Declara sin materia el caso con relación a Pérez Dayán debido a su salida de la Corte.
- Desestima los argumentos de Grupo Elektra sobre un presunto conflicto de interés de la ministra Esquivel Mossa por su afinidad con el gobierno federal.
- Revoca el criterio contra Batres, argumentando que sus expresiones fueron anteriores a su inicio de funciones como ministra de la Suprema Corte y a que el asunto fuera del conocimiento del tribunal.
El documento señala explícitamente: “Las expresiones atribuidas a la Ministra Batres Guadarrama son anteriores no solo al inicio de sus funciones como Ministra de la Suprema Corte, sino también al momento en que el asunto fue del conocimiento de este Tribunal Constitucional.” La propuesta subraya que, aunque los jueces gozan de libertad de expresión, no es razonable aplicar el estándar de mesura jurisdiccional a actos del pasado.
La sanción por obstaculizar el proceso
El ministro Espinosa Betanzos también propondrá una multa para Grupo Elektra de 70 Unidades de Medida de Actualización, equivalentes actualmente a 7 mil 919.8 pesos. Esta sanción se debe a que, a juicio del ministro, la empresa intentó prolongar los casos y obstaculizar el dictado de las resoluciones de la Corte mediante la presentación de numerosos impedimentos, recursos de reclamación y ampliaciones.
“Este comportamiento evidencia una intención manifiesta de prolongar artificialmente el trámite del juicio y de obstaculizar el ejercicio regular de la función jurisdiccional,” plantea el proyecto.
Desechamiento y confirmación de los principales créditos fiscales
La agenda del 13 de noviembre está marcada por proyectos que buscan desechar los recursos de Grupo Salinas, lo que confirmaría la obligación de pago.
El caso de los 33 mil millones de pesos
En el recurso de reclamación 544/2024, el ministro Arístides Guerrero García presentará un proyecto en respuesta a la impugnación que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la admisión del amparo directo en revisión 6321/2024.
- El monto en juego para Grupo Elektra es de 33 mil 306 millones 306 mil 476 mil 349 pesos (ejercicio 2023), uno de los más altos.
- El ministro Guerrero propone declarar que el caso carece de excepcionalidad y no cumple con los requisitos para ser revisado por el Máximo Tribunal, por lo que debe ser desechado.
De aprobarse este proyecto, la Corte confirmaría la obligación de Elektra de pagar el crédito fiscal por esta cantidad multimillonaria.
El uso de la reforma a la Ley de Amparo
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentará un proyecto de resolución para un impedimento planteado por Grupo Elektra contra Batres y Pérez Dayán, relacionado con otro recurso de reclamación dentro del amparo directo en revisión 5654/2024, donde está en juego un crédito fiscal por mil 431 millones 466 mil 606 pesos (ejercicio 2008).
Aguilar Ortiz planteará la aplicación de la recién aprobada reforma a la Ley de Amparo para declarar que los impedimentos solo proceden para el fondo de los asuntos, y no para cuestiones accesorias. Esto permitirá que el caso, trabado en la Corte desde 2024, sea discutido de manera definitiva.
En la misma sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa presentará su proyecto para desechar el amparo directo en revisión, confirmando así la obligación de pago del crédito fiscal por más de mil millones de pesos. Además, la ministra Esquivel planteará desechar tres recursos de reclamación relacionados con este amparo, asegurando la confirmación definitiva del adeudo impugnado por Grupo Elektra.
Confirmación de adeudos adicionales
La misma estrategia de desechamiento será utilizada para confirmar otros adeudos fiscales:
- Crédito fiscal por 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos (ejercicio fiscal del 2010): La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá desechar el recurso de reclamación de Hacienda, y de igual modo, la ministra Estela Ríos González planteará confirmar el crédito fiscal para poner fin al litigio.
- Crédito fiscal por mil 603 millones 813 mil 882 pesos (ISR, multas, recargos, 2012): El ministro Aguilar Ortiz propondrá desechar el amparo directo en revisión 5145/2025 de Grupo Elektra, argumentando que los agravios son inoperantes y la cuestión de constitucionalidad carece de relevancia novedosa, confirmando así la negativa del amparo.
- Crédito fiscal de TV Azteca por 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos (ejercicio 2009): Aguilar Ortiz presentará la misma propuesta de desechamiento para el amparo directo en revisión 5731/2025.
- Crédito por 4 mil 916 millones 792 mil pesos (determinación de Hacienda): La ministra Ríos González planteará desechar el amparo directo en revisión 5778/2025 debido a que la cuestión ya ha sido materia de pronunciamiento de la SCJN, por lo que no se fijaría un criterio novedoso.
- Crédito fiscal de 2 mil 615 millones 750 mil 783 pesos (TV Azteca, ejercicio fiscal 2013): La ministra Ortiz Ahlf propondrá darle la razón a Hacienda sobre la improcedencia del amparo directo en revisión 6293/2025, señalando la «ausencia de excepcionalidad».
Finalmente, la Corte dejará pendiente la resolución del amparo directo en revisión 3842/2024 de Nueva Elektra del Milenio, que impugnó una multa por 67 millones 165 mil 827 pesos. La ministra Lenia Batres debe esperar la revocación formal del impedimento para que la nueva conformación de la Corte le permita conocer del asunto.
El frente internacional: deuda de 580 millones de dólares en Nueva York
Además de los litigios fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama por contribuciones de hace 17 años, Grupo Salinas enfrenta una presión financiera por la deuda de bonos que emitió en 2017.
Un juez de Distrito Sur de Nueva York, Paul G. Gardephe, emitió una orden indicando que, a más tardar este miércoles 12 de noviembre, TV Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas deben presentar una moción de desestimación o suspensión de la acusación interpuesta por la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
La medida busca detener el proceso en el juzgado estadounidense mientras se resuelve el arbitraje privado con sus acreedores, encabezados por The Bank of New York Mellon. Ese mismo día (12 de noviembre), las empresas de Ricardo Salinas Pliego y sus acreedores deben presentar sus planes de cara al inicio del juicio, que buscan que se concrete a más tardar el 5 de diciembre.
Presión en la corte de Nueva York y el arbitraje CIADI
La deuda original de bonos era de 400 millones de dólares, pero actualmente se estima en 580 millones de dólares con intereses, según los acreedores.
Los inversionistas afectados no solo están litigando en Estados Unidos; también iniciaron un procedimiento de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, demandando al Estado mexicano por los impagos de Grupo Salinas.
A finales de octubre, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó las medidas cautelares que protegían a TV Azteca, S.A.B. de C.V., dentro del recurso de revisión civil 71/2025. Esta resolución favoreció a The Bank of New York Mellon y su filial London Branch, representantes de los inversionistas afectados, y determinó la obligación de Salinas Pliego de pagar los 580 millones de dólares.
En respuesta a la resolución judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia mañanera que el empresario Ricardo Salinas Pliego “ya no tiene razón” para evadir el pago, limitándose posteriormente a pedir que “pague y ya”, parafraseando la frase popular: “Toma chocolate y paga lo que debes.”
La situación se deriva de un contrato de emisión de bonos por 400 millones de dólares. Tras el incumplimiento, los acreedores declararon el vencimiento anticipado de la obligación. La televisora presentó un juicio ordinario mercantil y solicitó la suspensión de los efectos del contrato, la cual fue concedida temporalmente por un juez local a cambio de una garantía cercana a un millón de pesos, medida que ha sido revertida.
La convergencia de resoluciones judiciales, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México como en los tribunales de Nueva York, dibuja un panorama de presión sin precedentes para el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego. Los más de 48 mil millones de pesos en juego en la SCJN, sumados a los 580 millones de dólares de deuda internacional, confirman que el cerco judicial y financiero en su contra no solo es nacional, sino que ha adquirido una dimensión global, dejando al empresario con pocas vías de escape legales.
