La Universidad Veracruzana (UV) enfrenta una crisis institucional profunda tras la prórroga de cuatro años al rector Martín Aguilar Sánchez. La Red UV por la Legalidad se movilizó este 3 de octubre de 2025 en Xalapa, Ver., para exigir al Congreso de Veracruz una interpretación jurídica que dirima la controversia y siente un precedente legal clave.
La prórroga que desató la controversia en la Universidad Veracruzana
El pasado 1º de septiembre, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana otorgó una ampliación de mandato por cuatro años a Martín Aguilar Sánchez, actual rector de la máxima casa de estudios de Veracruz. Esta decisión ha generado un amplio rechazo y señalamientos de irregularidades e ilegalidades por parte de diversos actores de la comunidad universitaria. Se acusa a la Junta de Gobierno, en conjunto con el rector Aguilar, de haber violentado la ley de la Universidad para extender su permanencia al frente de la institución.
La Red UV exige intervención legislativa al congreso local
En respuesta a esta situación, la Red UV por la Legalidad se manifestó a las afueras del Congreso de Veracruz. Su principal demanda es que las y los diputados emitan una interpretación jurídica sobre la legislación universitaria, específicamente en torno a la prórroga otorgada al rector.
La ex rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, confirmó la entrega de un escrito, fruto de un consenso entre la comunidad universitaria, para que la cámara local de diputados se posicione públicamente sobre la problemática. Ladrón de Guevara destacó que, si bien la interpretación del Congreso no sería vinculante, sentaría un precedente crucial para las y los juzgadores que actualmente tramitan los seis amparos interpuestos contra la prórroga.
Argumentos de la comunidad universitaria y presuntas ilegalidades
Los manifestantes sostienen que la interpretación realizada para justificar la prórroga fue «a modo». La ex rectora Sara Ladrón de Guevara fue enfática al señalar: «Martín Aguilar inventó un procedimiento que no está en la legislación». Esto subraya la acusación de que la Junta de Gobierno y el rector ignoraron la ley orgánica y la ley de autonomía que rigen a la institución.
Responsabilidad del congreso y la exigencia de transparencia
La comunidad universitaria ha solicitado que las comisiones de puntos constitucionales y de educación, junto con la Presidencia del Congreso, analicen el tema y emitan una resolución que se dé a conocer públicamente. Insisten en que es una facultad del Congreso interpretar las leyes que ellos mismos emitieron, buscando así claridad y justicia ante la presunta manipulación de la legislación.
Movilización estudiantil y el llamado a un nuevo proceso electoral
Ante la percepción de ilegalidad, grupos de alumnos y académicos se han movilizado en Xalapa, Ver., exigiendo la salida de Martín Aguilar y de la Junta de Gobierno. Consideran imperativa una nueva convocatoria para elegir a un rector que cumpla con los procedimientos establecidos, restaurando la legalidad y la confianza en la máxima casa de estudios. ¿Será el Congreso de Veracruz el contrapeso necesario para garantizar la legalidad y la autonomía universitaria en un escenario político cada vez más polarizado?
