El ritmo de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos ha experimentado un descenso inesperado, cayendo casi un 20 por ciento en julio de 2025. Este fenómeno se da en un contexto de recusaciones judiciales, amenazas a agentes y continuas protestas contra los planes de deportación masiva del gobierno. Este análisis periodístico desvela las complejidades detrás de estas cifras y sus implicaciones.
Descenso en detenciones, aumento en expulsiones
Entre el 1 y el 27 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) efectuó una media de 990 detenciones diarias, una disminución significativa frente a las 1,224 del mes anterior. Esta información proviene de datos gubernamentales analizados por Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de investigación no partidista de la universidad de Syracuse.
Aunque funcionarios federales asocian parte de esta ralentización a recientes sentencias judiciales en California que impiden a los agentes realizar detenciones indiscriminadas en todo el estado, las expulsiones del país aumentaron en una media de 84 personas más al día durante el mismo periodo.
Las voces oficiales: Objetivos y desafíos
La subsecretaria de seguridad nacional, Tricia Mclaughlin, aseguró que, a pesar de la cifra histórica de órdenes judiciales, el ICE sigue deteniendo “a lo peor de lo peor”, incluyendo “miembros de bandas y terroristas hasta pederastas”, a quienes calificó como “bárbaros delincuentes ilegales”.
Estas cifras, sin embargo, se encuentran muy por debajo de las 3,000 detenciones diarias que Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y partidario de línea dura en materia de inmigración, habría instado a los agentes que lleven a cabo. Miller declaró en junio que se había fijado un objetivo de “mínimo” de 3,000 detenciones al día, aunque el gobierno ha asegurado ante los tribunales que no existe una cuota formal de arrestos.
Redadas masivas: Impacto humano y controversia
A pesar de la caída en el promedio diario de detenciones, las redadas migratorias masivas han estremecido a comunidades en todo el país. El 10 de julio, una importante operación contra dos cultivos legales de cannabis en el sur de California resultó en al menos 361 detenciones, según funcionarios federales. En medio de este operativo, un hombre falleció al caer de un invernadero y cientos de manifestantes se enfrentaron a los agentes de inmigración.
El caso George Retes: Ciudadano estadounidense detenido
Guadalupe Torres relató la angustia vivida cuando su marido, George Retes, de 25 años, veterano del ejército y ciudadano estadounidense que trabajaba como guardia de seguridad en Glass House Farms, en camarillo, fue detenido. Torres intentó, sin éxito, contactar a las fuerzas de seguridad locales para averiguar el paradero de su esposo.
Retes afirmó haber dicho a los agentes que era ciudadano y trabajaba legalmente. Fue puesto en libertad sin cargos, y planea demandar, aunque no está seguro de qué agencia lo arrestó y retuvo en el centro de Los Ángeles durante varios días. Retes declaró públicamente en julio que “nadie debería verse en esta situación. No importa si eres inmigrante, no importa el color de tu piel. No importa si votaste a la izquierda, no importa si votaste a la derecha… nadie merece ser tratado así. No debería haber ocurrido y espero que esto no le vuelva a pasar a nadie nunca más”.
Divergencia en la aplicación: Estados rojos vs. azules
En la práctica, la naturaleza de las redadas de inmigración diverge notablemente entre los estados republicanos y demócratas bajo la segunda administración Trump. Un análisis reveló que en los estados republicanos, cerca del 60 por ciento de los arrestos de inmigrantes tuvieron lugar en prisiones y cárceles, mientras que el 70 por ciento de las detenciones en los estados demócratas se realizaron en la comunidad en general.
Esta división se atribuye en parte a que muchas jurisdicciones dirigidas por demócratas limitan la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y los funcionarios federales de inmigración. Defensores argumentan que esto conduce a tácticas de aplicación más severas en áreas liberales con una gran población inmigrante. Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers For Civil Rights, considera esta situación como “una estrategia federal deliberada para castigar a Massachusetts y otros estados amigables con los inmigrantes por oponerse al insensato mecanismo de deportación de Trump”.
La narrativa del gobierno y el futuro de las operaciones
El gobierno federal, por su parte, sostiene que la continua demonización de los agentes de inmigración los pone en peligro y dificulta sus operaciones. El Departamento de Seguridad Nacional reportó en julio un aumento del 830 por ciento en las agresiones a agentes, aunque no se han aportado pruebas detalladas de estas afirmaciones hasta el momento.
Se prevé que las operaciones de inmigración aumenten exponencialmente en los próximos años, gracias a una inyección de aproximadamente 170 mil millones de dólares en fondos para fronteras e inmigración, como parte del paquete de gastos de la “gran y hermosa ley” del gobierno. Esta perspectiva augura un panorama complejo y de continuo debate sobre las políticas migratorias y su impacto social.
