El periodismo de investigación revela una tragedia invisibilizada por el registro oficial. En un periodo de cinco años, entre 2020 y 2024, México atestiguó la desaparición defensores ambientales México que luchaban por la tierra y el agua. La cifra, estremecedora, asciende a 59 activistas, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.
La crisis silenciosa: 59 defensores desaparecidos entre 2020 y 2024
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), por medio de su director, Gustavo Alanís, confirmó y documentó 59 casos de defensores del medio ambiente y del territorio que fueron desaparecidos durante el cumplimiento de su labor. Estas desapariciones ocurrieron en el lapso de cinco años, específicamente entre 2020 y 2024.
Los datos recabados subrayan que las víctimas son, predominantemente, integrantes de comunidades indígenas que protegen recursos naturales en sus territorios.
La anatomía de la agresión: colusión de estado, empresas y crimen
Una de las características más preocupantes de esta ola de agresiones es la pluralidad de los perpetradores involucrados, lo que incrementa la complejidad de la investigación y la impunidad resultante.
Entre los implicados en los actos violentos y las desapariciones, el Cemda identificó:
- Policías y autoridades estatales o municipales.
- Empresas privadas.
- Grupos de la delincuencia organizada.
- Grupos paramilitares.
El activista Gustavo Alanís enfatizó que esta colusión entre múltiples agresores origina una violencia estructural y generalizada que dificulta significativamente la protección de los ecologistas y los líderes comunitarios.
El factor de riesgo: megaproyectos en territorios indígenas
Alanís indicó que uno de los principales factores de riesgo detrás de la violencia y las desapariciones es la instalación de megaproyectos.
Estos proyectos se implementan sin garantizar dos derechos fundamentales:
- Acceso a la información para la población.
- Participación del público en las tomas decisiones ambientales.
Las desapariciones y otras agresiones ocurren principalmente en territorios indígenas, zonas elegidas por la disponibilidad y el estado de conservación de sus recursos naturales, lo que las convierte en objetivo del extractivismo.
La condena internacional: impunidad y falta de registros
La crisis de las desapariciones de ambientalistas ha escalado a la esfera internacional. Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), destacó que uno de los mayores obstáculos es la ausencia de registros oficiales.
Esta falta de documentación tiene un impacto directo en la capacidad del estado para reaccionar:
- No permite diseñar políticas públicas específicas para atender el problema.
- Las políticas existentes resultan a menudo insuficientes para garantizar la protección de los activistas.
Citroni explicó que, en el caso de los defensores de recursos naturales, existe una «tasa de impunidad casi absoluta en todos los países» debido a la complejidad del crimen y la pluralidad de los perpetradores.
Además de la violencia física, los defensores son extremadamente vulnerables:
- Están estigmatizados.
- Enfrentan amenazas y criminalización por su actividad.
Según Gabriella Citroni, esta situación «crea una situación de desconfianza, aumenta la vulnerabilidad de las personas y disminuye la atención e indignación de la sociedad por defender la tierra», lamentó la funcionaria internacional.
El círculo vicioso de la justicia negada
Gustavo Alanís coincidió en que la ausencia de acceso a la justicia es un catalizador para que las desapariciones y agresiones continúen. Los activistas que sufren ataques y denuncian no obtienen medidas de protección adecuadas ni eficientes.
En muchos casos, la impunidad imperante incluso disuade a las víctimas de acudir ante las autoridades.
El director del Cemda sostuvo que la «insuficiencia de investigación en las desapariciones ya ocurridas favorece que dichas agresiones sigan ocurriendo».
Para romper este ciclo, se requiere urgentemente:
- Una política pública integral que aborde las causas estructurales.
- Mayor coordinación institucional para el cumplimiento de las medidas de protección controladas por el Mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Finalmente, el impacto de estas desapariciones es doble: además de la tragedia humana, estas agresiones causan la desarticulación del movimiento de defensa, lo que opera como un «mensaje intimidatorio» directo hacia los demás integrantes y activistas.
Como contexto regional, un informe reciente señaló que 120 ambientalistas fueron asesinados o desaparecidos en América Latina tan solo en 2024, lo que subraya la crisis continental. En este panorama, la Semarnat ha reconocido que son las mujeres las principales defensoras del bosque y el agua, destacando su rol crucial y, por ende, su vulnerabilidad incrementada en el conflicto territorial.
La impunidad casi absoluta que rodea los 59 casos de desaparición defensores ambientales México no solo castiga a las víctimas y sus comunidades, sino que envía una señal clara a los perpetradores de que la violencia contra quienes defienden el territorio es aceptable. Si el Estado mexicano no logra coordinar sus esfuerzos y garantizar la investigación y la justicia, ¿cuántos defensores más tendrán que desaparecer antes de que la verdad se imponga a los intereses de la colusión?
