La reconfiguración de la política social en México durante el periodo 2018-2024, con miras al sexenio 2024-2030, marcó un viraje histórico: el adiós a los esquemas condicionados (Progresa, Oportunidades, Prospera) y la adopción de la universalidad de derechos. En este nuevo ecosistema, sustentado en la transferencia directa de recursos sin intermediarios, el programa Precios de Garantía (PG) opera con una lógica distinta y compleja, lo que cuestiona su eficiencia programas sociales México. Este análisis exhaustivo busca diseccionar su competitividad.
La hipótesis que guía este reportaje sugiere que, si bien PG cumple una función teórica vital para la seguridad alimentaria, su desempeño en términos de Retorno de Inversión Social (SROI), generación de empleos y eficiencia operativa es significativamente inferior al de las transferencias directas. Esta disparidad se debe a una combinación de fricciones logísticas y graves problemas de integridad administrativa, notablemente el caso Segalmex.
Para sustentar este análisis, se examinarán datos de la Cuenta Pública, informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio fiscal 2025. Se compararán los costos de transacción para determinar cuánto le cuesta al Estado entregar un peso de beneficio a través de la compleja maquinaria de acopio de granos versus el costo marginal de una transferencia electrónica.
Arquitectura operativa y el dilema de la intervención física
La eficiencia programática no es accidental, sino resultado directo del diseño institucional. Es imperativo desglosar la mecánica interna para entender la competitividad relativa de cada intervención.
El mecanismo de precios de garantía: intervención y fricción
El programa Precios de Garantía es un esquema de compra y regulación, no un subsidio simple. Es administrado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y requiere una infraestructura física masiva.
Según las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2025, el programa mantiene una dualidad operativa compleja:
- Pequeños productores (acopio físico): Para productores de maíz con hasta 5.5 hectáreas y frijol con hasta 30 hectáreas de temporal, el Estado garantiza un precio de compra superior al mercado (e.g., $5,840 por tonelada en ciclos previos, ajustado anualmente).
- La gran fricción: Este mecanismo exige que el productor lleve físicamente su cosecha a los Centros de Acopio autorizados, lo que implica costos de flete, espera, validación de calidad y riesgo de rechazo.
- Medianos productores (incentivos monetarios): Para productores de mayores dimensiones (hasta 50 hectáreas), el programa no compra el grano, sino que otorga un incentivo monetario o subsidia la compra de instrumentos de administración de riesgos (coberturas).
Esta arquitectura obliga al Estado a gestionar inventarios, almacenes, logística de transporte, conservación de granos y comercialización posterior (venta a Diconsa o al mercado abierto). Cada uno de estos pasos representa un costo operativo hundido que reduce la porción del presupuesto que llega al beneficiario.
La mecánica de los programas de transferencia directa
En contraste, los programas de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) simplificaron radicalmente su cadena de suministro, operando bajo el modelo de la «dispersión digital».
- Pensión para el Bienestar (PAM): La mecánica es binaria. El ciudadano (de 65 años o más) recibe un depósito bimestral en el Banco del Bienestar. No hay contraprestación ni validación de producción. El costo administrativo se limita a la gestión del padrón y la comisión bancaria.
- Sembrando Vida (SV): Opera bajo una lógica de confianza. El apoyo de $6,250 pesos mensuales (2024), que aumenta a $6,450 en 2025, se deposita directamente. La condicionalidad es trabajar 2.5 hectáreas, verificada por técnicos. El Estado paga por el servicio ambiental y social de sembrar, no compra la cosecha.
- Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF): El gobierno paga directamente al aprendiz ($7,572 en 2024, ajustado al salario mínimo de 2025, aprox. $8,480). Al no dar dinero a la empresa (tutor), se elimina el riesgo de desvío de recursos por intermediarios corporativos.
Insight de primer orden: La competitividad operativa de Precios de Garantía es estructuralmente inferior. Mientras PAM, SV y JCF son «ductos de liquidez» con fricción mínima, PG es una «maquinaria logística» con alta fricción y depreciación de recursos operativos.
Alcance social: la brecha de lo universal a lo nicho
La «competitividad social» de un programa se mide por su capacidad para cubrir a la población objetivo y reducir las carencias sociales, según las métricas del Coneval.
Cobertura y exclusión de la subsistencia pura
Los datos de cobertura revelan una asimetría abismal:
- Pensión adultos mayores (PAM): Es la columna vertebral de la política social, con un padrón que supera los 11.5 millones de derechohabientes. Su alcance es casi universal. Su presupuesto, proyectado en más de 480 mil millones de pesos para 2025, refleja la prioridad nacional.
- Sembrando vida (SV): Es regional, cubriendo a 426,979 sembradores (dato a junio 2025) y abarcando más de 1 millón de hectáreas, con alta densidad en zonas rurales y de rezago.
- Precios de garantía (PG): Su alcance es paradójicamente limitado. Informes de gobierno indican que en ciclos recientes (2023-2024) se benefició a aproximadamente 83,000 pequeños y medianos productores, una cifra que fluctúa con el ciclo agrícola.
¿Por qué PG tiene un alcance tan bajo? La respuesta está en las barreras de entrada. Para beneficiarse, el campesino debe tener excedentes comercializables. El productor más pobre, aquel que siembra apenas para el autoconsumo, no tiene nada que vender a Segalmex, excluyendo irónicamente a los agricultores de infrasubsistencia. Además, las barreras logísticas (costo de flete) obligan al pequeño productor a vender «a pie de parcela» al intermediario (coyote), sacrificando el beneficio del programa por la inmediatez.
Impacto en la reducción de la pobreza
Las evaluaciones del Coneval indican que la pobreza multidimensional se redujo entre 2018 y 2022, sacando a 5.6 millones de personas de la pobreza. Este éxito se atribuye desproporcionadamente a los aumentos del salario mínimo y a las transferencias directas (PAM y Becas).
- PG y la pobreza: Es una transferencia condicionada a la venta. Si la producción se destruye por sequía o plagas, no hay transferencia. Su capacidad para actuar como red de seguridad social en años de crisis climática es nula.
- SV y la pobreza: Garantiza el ingreso (exige trabajo, no éxito biológico inmediato). Esto proporciona una estabilidad de ingresos (suavización del consumo) mucho más efectiva para mantener a los hogares rurales por encima de la línea de bienestar mínimo.
Insight de segundo orden: Precios de Garantía es regresivo en la base de la pirámide rural. Beneficia más a quien tiene capacidad productiva y logística (deciles 3-5 rurales) que a los productores de infrasubsistencia (deciles 1-2).
Generación de riqueza y el factor de estabilidad
La liquidez inmediata y la estabilidad del flujo de efectivo son cruciales para el usuario final.
Liquidez, estabilidad y el riesgo de mercado
Los programas de Bienestar actúan como una renta básica. En Sembrando Vida, el flujo de $6,250 – $6,450 mensuales permite a las familias rurales planificar e invertir, circulando el dinero mensualmente en la economía local. En JCF, el salario mínimo mensual inyecta una masa salarial enorme en comunidades urbanas y rurales, con un presupuesto de más de 24 mil millones de pesos.
En contraste, la riqueza generada por PG es estacional y contingente, pues el productor recibe el pago una vez al año, tras la cosecha. Además, estudios indican que en ciertas regiones el Precio Medio Rural (mercado libre) puede superar al Precio de Garantía, haciendo irrelevante el programa. Históricamente, Segalmex ha enfrentado críticas por la lentitud en la validación y pago a productores, lo que obliga a los campesinos a recurrir a crédito informal mientras esperan el recurso federal.
La trampa de los costos de producción
El informe oficial destaca que los beneficiarios de PG vieron un incremento del 46% en sus ingresos, con un apoyo promedio por productor de maíz de $127,256 pesos por ciclo. En un año de buena cosecha, esto supera el ingreso anual de Sembrando Vida ($75,000 – $77,400).
Sin embargo, el ingreso de PG es ingreso bruto. De esos $127,000, el productor debe descontar semillas, fertilizantes, maquinaria, combustible y fletes. La utilidad neta del productor de PG es considerablemente menor, y el riesgo financiero (frente a la sequía o plagas) es asumido totalmente por él. En Sembrando Vida, el riesgo financiero es asumido por el Estado.
| Variable | Precios de Garantía (PG) | Sembrando Vida (SV) | | :— | :— | :— | | Ingreso Bruto Anual (Aprox.) | Varía ($50k – $150k dep. volumen) | $75,000 – $77,400 (2025) | | Costos de Producción | Altos (insumos, maquinaria, cosecha) | Medios (herramienta menor, insumos locales) | | Riesgo Biológico/Climático | Total: Si no hay cosecha, ingreso = 0 | Bajo: El pago continúa si se justifica el daño | | Frecuencia de Liquidez | Anual / semestral (cosecha) | Mensual |
Dinámica laboral: subsidio al status quo
Es crucial distinguir entre la creación de nuevas plazas laborales (JCF), la formalización de la actividad (SV) y el subsidio a la retención (PG).
- Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF): Es el motor de empleabilidad. Ha atendido a casi 3 millones de jóvenes históricamente. El gobierno reporta una tasa de colocación/retención del 60-65%. Técnicamente, actúa como un subsidio masivo a la nómina de microempresas.
- Sembrando Vida (SV): Generador de autoempleo rural permanente. Al garantizar un jornal seguro, SV aumenta el costo de oportunidad de la migración. Estudios sugieren una reducción en la intención de migrar y dignifica la labor del campo con ingreso fijo.
- Precios de Garantía (PG): Tiene un impacto marginal en la generación de nuevos empleos. Su función es la retención, evitando que los productores actuales abandonen la agricultura. No incentiva la contratación masiva de jornaleros porque se enfoca en pequeños productores (hasta 5.5 has) que dependen de la mano de obra familiar no remunerada.
Donde PG sí genera empleo es en la estructura administrativa: miles de plazas operativas en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Sin embargo, esto representa un aumento en el gasto corriente del gobierno (Capítulo 1000), que pesa sobre la eficiencia del programa.
Insight de tercer orden: Mientras JCF y SV transforman la estructura laboral (capacitando capital humano o creando nuevos sistemas), PG simplemente subsidia la estructura existente.
El «caso Segalmex» y la destrucción de valor
El apartado final y más crítico es la evaluación de la eficiencia operativa: cuánto convierte el gobierno de presupuesto en bienestar social. Aquí la brecha es definitiva.
El desfalco y la corrupción en Segalmex
La eficiencia operativa de Precios de Garantía ha sido devastada por problemas de integridad. Los informes de la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) documentan el caso de corrupción más grande del sexenio 2018-2024. Se han observado irregularidades por montos que oscilan entre 9,500 y 15,000 millones de pesos, con miles de millones aún pendientes de justificación.
Los mecanismos de fuga de recursos incluyen:
- Compras fantasma: Pago por granos que nunca entraron a los almacenes.
- Pérdida de inventarios: Granos que se pudrieron o «desaparecieron».
- Inversiones bursátiles ilegales: Uso de recursos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo.
El impacto en el SROI es brutal: si el programa tiene un presupuesto de 12,000 millones de pesos y 3,000 millones se pierden en corrupción o ineficiencia, el ROI social se desploma en un 25% automático.
Comparativa de costos administrativos
Contrastemos esto con la Pensión Bienestar. El dinero viaja digitalmente desde la Tesorería de la Federación (Tesofe) a la tarjeta, haciendo el desvío extremadamente difícil. El costo administrativo es marginal (< $0.03 por peso dispersado).
Para entregar un subsidio de $1,000 pesos, PG incurre en gastos de renta y mantenimiento de bodegas, fumigación, mermas físicas, nómina operativa en campo, fletes y maniobras. Por diseño, el costo operativo de PG es alto, estimado entre $0.15 y $0.20 por peso de subsidio, debido a la logística física.
| Indicador | Precios de Garantía (Segalmex) | Pensión Bienestar | | :— | :— | :— | | Presupuesto Ejercido (Ref) | ~12,000 – 16,000 MDP anuales | > 480,000 MDP (Proy. 2025) | | Costo Operativo por Peso Entregado | Alto: Estimado > $0.15 – $0.20 | Mínimo: < $0.03 | | Integridad Financiera | Crítica: Observaciones recurrentes de la ASF por miles de MDP | Alta: Bancarización universal | | Eficiencia de Transmisión | Lenta: Depende de ciclos de cosecha y validación física | Inmediata: Dispersión bimestral automatizada |
Conclusión de eficiencia: Precios de Garantía es el programa más caro de operar y el más permeable a la corrupción. La decisión de «mover mercancías» en lugar de «mover dinero» impone un impuesto operativo que reduce drásticamente su competitividad.
Perspectivas 2025: el futuro de los programas
El Paquete Económico 2025 y las primeras decisiones de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum perfilan una consolidación de las transferencias.
La Secretaría de Bienestar sigue absorbiendo una proporción creciente del gasto programable. La Pensión de Adultos Mayores y nuevos programas (Mujeres Bienestar, Becas Universales) son la prioridad política y financiera. El presupuesto para Sader y programas de fomento productivo no muestra el mismo dinamismo.
- Reestructuración y Segalmex: Se ha anunciado la fusión Diconsa-Segalmex y la integración de las Tiendas del Bienestar, lo que sugiere un intento de corregir el desastre administrativo, posiblemente reduciendo la autonomía operativa para cerrar las brechas de corrupción.
- Sembrando Vida (SV): Se mantiene robusto con una inversión semestral proyectada de más de 14 mil millones de pesos y metas de atención a 455,749 sujetos de derecho en 2025. Su alineación con la agenda climática le otorga una protección política de la que PG carece.
- Sostenibilidad de PG: La viabilidad de PG está en entredicho. A pesar de los años de operación, México alcanzó récords históricos en importación de maíz amarillo y frijol en 2023-2024, indicando que no ha logrado su objetivo primario de autosuficiencia alimentaria.
Es previsible que PG se mantenga como un programa «testimonial» o de nicho, enfocado estrictamente en productores muy pequeños, mientras que la política agrícola real se desplace hacia fertilizantes gratuitos y transferencias directas (Producción para el Bienestar), que son logísticamente más sencillos.
Conclusiones integrales
El programa Precios de Garantía es el menos competitivo de los grandes programas sociales. Su diseño de intervención física de mercado lo hace lento, costoso y vulnerable a la corrupción, en contraste con la agilidad de las transferencias digitales.
Mientras la Pensión Adultos Mayores y Sembrando Vida actúan como pisos de protección social, PG funciona como un incentivo comercial selectivo que deja fuera a los productores más pobres (autoconsumo) y, al ser volátil y bruto (sujeto a altos costos de producción), su efecto multiplicador keynesiano es inferior al ingreso neto, estable y predecible que ofrecen PAM, SV y JCF.
Para aumentar la competitividad de PG, sería necesario desacoplar el subsidio del acopio físico y purgar la estructura de Segalmex. Sin embargo, la tendencia inercial favorece la expansión de la Secretaría de Bienestar sobre la Sader, sugiriendo que el futuro de la política social mexicana es la transferencia directa de ingresos.
El contraste entre la dispersión digital y la maquinaria de Segalmex es claro. La hipótesis central se confirma: la métrica de eficiencia gubernamental favorece contundentemente a la transferencia directa de ingresos. La política social mexicana ha optado, irrevocablemente, por la bancarización del bienestar. ¿Es esta tendencia irreversible la sentencia final para la intervención de mercado en el sector primario?
