El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanece en el Reclusorio Norte luego de que su audiencia crucial para definir su libertad anticipada Duarte fuera aplazada. La decisión, a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, se postergó debido a la inesperada ausencia de testigos clave presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), intensificando la disputa legal.
La FGR obliga al aplazamiento: nueva fecha y claves del debate
La sesión, que tuvo lugar el lunes 11 de noviembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concluyó sin una resolución inmediata. La jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones, determinó posponer el encuentro para el 19 de noviembre a las 9:45 de la mañana. En esa nueva fecha, se espera que se decida finalmente si Duarte puede acceder al beneficio.
El abogado Pablo Campuzano, representante legal de Duarte de Ochoa, confirmó que el aplazamiento se debió a que la FGR solicitó un plazo adicional para asegurar la presencia de sus testigos.
- Motivo del aplazamiento: La Fiscalía General de la República (FGR) no logró tener presentes a sus testigos.
- Postura de la defensa: Campuzano señaló que la defensa ya incorporó todas sus pruebas y confía plenamente en la valoración de la jueza.
- Oposición de la FGR: La dependencia mantiene su oposición a la liberación, advirtiendo que aún existen investigaciones pendientes, incluyendo una por presunta desaparición forzada (un punto que la defensa desmiente con expedientes cerrados).
La jueza Zamorano Herrera informó que analizará y emitirá su resolución tras valorar 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la FGR. Durante la diligencia, la juzgadora rechazó cualquier intento de las partes por excluir evidencias, argumentando que «sería absurdo suprimir las pruebas de ambas partes, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme».
La defensa asegura el cumplimiento del 95% de la condena
Javier Duarte se declaró culpable en 2018 mediante un procedimiento abreviado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), siendo condenado a nueve años de prisión.
La defensa, encabezada por Campuzano, basa su solicitud en el argumento de que el exmandatario ha cumplido con los requisitos legales para obtener el beneficio de la libertad anticipada, el cual solicitó desde el 6 de diciembre de 2024.
Los requisitos que argumenta la defensa
De acuerdo con la información presentada por sus abogados, el exgobernador cumple con las exigencias de ley:
- Tiempo de sentencia: Ha cumplido 3 mil 125 de los 3 mil 285 días de su condena (más del 95%).
- Conducta: Mantiene buena conducta dentro del penal y participa en actividades de reinserción social, incluso imparte cursos a otros internos.
- Compromisos económicos: Ha cumplido con el pago de multas impuestas.
Formalmente, la condena de nueve años terminaría el 15 de abril de 2026. Si la jueza Zamorano Herrera le concede la libertad anticipada en la audiencia del 19 de noviembre, Duarte de Ochoa podría salir de prisión aproximadamente cinco meses antes de la conclusión total de su sentencia.
La cancelación de procesos judiciales
Un pilar fundamental en la argumentación de la defensa es que Duarte ya no enfrenta ningún otro proceso penal vigente. De acuerdo con los expedientes, los cuatro casos adicionales en su contra (tres del fuero común y uno federal) fueron cancelados o declarados prescritos:
- Peculado: El proceso fue anulado en abril de 2023.
- Delitos electorales: Una orden federal fue anulada en septiembre de 2021 al declararse prescrita.
- Desaparición forzada: Se le dictó la no vinculación a proceso el 14 de noviembre de 2024, cerrando el caso.
- Incumplimiento del deber legal: La causa penal fue anulada el 23 de abril de 2025 porque el delito ya prescribió.
Con todos estos procesos sobreseídos, la defensa de Javier Duarte de Ochoa sostiene que no existen impedimentos legales para que la jueza de ejecución de sanciones resuelva a favor de su liberación. Sin embargo, la persistente oposición de la FGR y la dependencia de los testigos que la Fiscalía debe presentar el 19 de noviembre mantienen la incertidumbre.
