Tras años de litigio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará al Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el requerimiento de pago por 51,000 millones de pesos en enero de 2026. Este cobro, derivado de una larga disputa fiscal, se materializa luego de la resolución definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), marcando un punto de inflexión en la histórica Grupo Salinas deuda SAT.
El requerimiento: 51 mil millones y la ventana del descuento
El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, expuso en la conferencia de prensa de Palacio Nacional el cronograma del proceso de cobro. La diligencia oficial se realizará en enero de 2026.Puntos clave del proceso de cobro:
- Monto total: 51 mil millones de pesos (mdp) es la cifra que Grupo Salinas deberá pagar al erario.
- Base legal: El requerimiento de pago se hará conforme al Código Fiscal de la Federación.
- Posibilidad de ajuste: Una vez que el contribuyente manifieste su intención de saldar el adeudo, podrá ser sujeto a “ajustes” o descuentos.
- Límite de descuento: El ajuste podrá ser de hasta 39 por ciento, de conformidad con la ley y a las sentencias de los tribunales.
Martínez Dagnino puntualizó que, una vez que surta efectos la notificación del requerimiento, se iniciará el plazo para el pago voluntario. El funcionario hizo un llamado a estas empresas a realizar los pagos correspondientes, citando el Artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución, que establece la obligación de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa.
La diferencia en la cifra del adeudo, que se actualizó a 51 mil millones, se debe, según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a que «la ley también dice que se va actualizando, así dice la ley, así dice la resolución de los tribunales, y nosotros tenemos que cumplir la ley».
La respuesta del empresario y el origen del litigio
Tras la información presentada por el SAT, Ricardo Salinas Pliego solicitó una aclaración sobre el monto del cobro. A través de su cuenta de X, el empresario pidió que se le hicieran llegar «por escrito los fundamentos de la cifra» que señala el SAT como adeudo, así como un «desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan». Subrayó que, solo a partir de información clara, legal y verificable, será posible alcanzar una solución justa.
Cronología de la disputa fiscal
El caso del adeudo del Grupo Salinas tiene sus raíces en la determinación de la autoridad fiscal de la siguiente manera:
- Periodos fiscales: La autoridad fiscal determinó que el corporativo tenía saldos por pagar correspondientes a los ejercicios fiscales de seis años (de 2008 a 2013). La Fuente 2 detalla que, en resoluciones previas, la SCJN ya había determinado que se debían pagar 48,326 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas, correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra.
- Improcedencia: Los reportes de pérdidas fiscales emitidos por las empresas de Ricardo Salinas Pliego resultaron improcedentes.
- Cadena impugnativa: Las empresas impugnaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados por el SAT eran procedentes. Posteriormente, los tribunales colegiados negaron el amparo entre 2024 y 2025.
- Decisión final: Finalmente, la SCJN desechó las impugnaciones el 13 de noviembre, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales.
Además del monto principal, se recordó que la Suprema Corte asestó un revés adicional a Ricardo Salinas Pliego el 19 de noviembre, al determinar que Nueva Elektra del Milenio, otra empresa del Grupo, deberá pagar otros 67 millones 165 mil 827 pesos por una multa impuesta por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió durante el ejercicio de 2012.
La postura gubernamental: legalidad y destino social
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su confianza en que el empresario cumpla con sus obligaciones. «La verdad, ojalá paguen», expresó. Ella insistió en que el tema se llevó a la mañanera por ser de consulta recurrente, pero subrayó que se trata de un procedimiento legal, no personal ni político.Declaraciones de Sheinbaum sobre el adeudo:
- «Aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley. Entonces, no es que la Presidenta o el director del SAT estén haciendo algo particular.»
- «Se notifica en enero y esperamos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, entonces ya viene otro proceso, que ya sería tema posterior.»
- Aclaró que las empresas tienen derecho a solicitar los descuentos «de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal», evitando opinar sobre críticas previas del empresario o su asistencia a la cena de Navidad del presidente Donald Trump.
Sheinbaum Pardo destacó que los recursos obtenidos por esta vía se destinarán a incrementar los alcances de los programas sociales. Mencionó que, por ejemplo, la pensión Mujeres Bienestar tiene un presupuesto de 59 mil millones de pesos para el próximo año.
El fin de las condonaciones
La presidenta también aprovechó para recordar que el país ha incrementado la recaudación en años recientes porque ya no existen condonaciones discrecionales, que atribuyó a prácticas de corrupción.
Atribuyó el resultado positivo de la recaudación a tres factores principales:
- La medida impulsada por el expresidente López Obrador de prohibir la condonación discrecional a nivel constitucional.
- La falta de corrupción en la actual administración fiscal.
- El destino transparente de los recursos a programas sociales y obra estratégica.
Como ejemplo de inversión, citó la refinería Olmeca (Dos Bocas), que, a pesar de las críticas, está produciendo 300 mil barriles diarios de gasolina y diésel que antes se importaban, demostrando un cambio profundo.
La culminación de este proceso legal no solo representa una victoria para la autoridad fiscal y un ingreso multimillonario proyectado para programas sociales, sino que también pone a prueba el compromiso del Estado de derecho con el cobro de grandes adeudos, contrastando la firmeza gubernamental con la solicitud de fundamentos escritos del empresario en un tema que, según Palacio Nacional, es estrictamente administrativo y legal.
