Elia Castillo Jiménez, Andrea Becerril y Georgina Saldierna, Francisco Garfias.
En medio de una profunda polarización y protestas masivas en todo el territorio nacional, el Congreso mexicano cerró de manera expedita el proceso legislativo de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. La legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en el Senado con la urgencia de un proceso fast track, avivando el debate sobre si su objetivo es garantizar el derecho humano al líquido o centralizar el control en manos del Estado.
El trámite relámpago en el congreso: 85 votos por la 4t
La nueva Ley General de Aguas fue enviada al Ejecutivo para su promulgación tras un proceso acelerado que incluyó la dispensa de trámites. El bloque oficialista, conocido como la 4T e integrado por Morena y sus aliados (PT y PVEM), consumó la aprobación en el Senado la noche del jueves 5 de diciembre de 2025, apenas unas horas después de que la minuta fuera turnada por la Cámara de Diputados.
La votación final en la Cámara alta se registró al filo de la medianoche, resultando en 85 votos a favor y 36 en contra, con cero abstenciones, ratificando el dominio de la coalición gobernante. Previamente, en la Cámara baja (San Lázaro), la iniciativa de la presidenta Sheinbaum había sido avalada con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, luego de una extenuante sesión de 24 horas, calificada como la más larga de la que se tenga memoria.
La cronología de una legislación acelerada
A pesar de que a la iniciativa presidencial se le hicieron 50 modificaciones y se le agregaron 18 reservas durante su discusión en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada directamente al Pleno del Senado, sin pasar por comisiones. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, manifestó su euforia al concluir la votación con el grito: «¡Es un honor estar con Claudia hoy!».
La celeridad del proceso fue el primer punto de ataque de la oposición y de las organizaciones campesinas, que habían solicitado diálogo.
La gran batalla: ¿Se prohíbe la transmisión de concesiones?
El punto más conflictivo de la legislación se centró en la transmisión de las concesiones. La ley, según el oficialismo, redefine la gestión del agua como un derecho humano prioritario y elimina la posibilidad de que particulares compren, vendan o transfieran concesiones de manera libre, buscando así acabar con el mercado ilegal y el «hampa hídrica».
No obstante, esta disposición ha generado dos narrativas completamente opuestas en el debate público:
- Visión de la Oposición y Campesinos: Argumentan que la ley centraliza el control del agua en manos del Gobierno y prohíbe la transmisión de derechos entre particulares. Esto obliga a las concesiones a volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las reasigne. El panista Ricardo Anaya advirtió que al vender la tierra, «el agua regresa al Gobierno», lo que imposibilitaría a los productores heredar o vender sus tierras con valor. La senadora del PRI, Paloma Sánchez, sostuvo que el dictamen tiene tres objetivos: centralizar el control, reasignar volúmenes y prohibir que los productores sean agentes libres. Por su parte, el senador Mario Humberto Vázquez, del PAN, señaló que la eliminación de la transmisión automática implica un nuevo trámite, sirviendo como «control político del agua» y un plan «perverso» para construir un fondo de reserva.
- Visión del Oficialismo (4T): Los senadores de Morena y aliados defendieron que la ley protege a los pequeños y medianos agricultores. Ante las acusaciones de la oposición, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, leyó el artículo 49 de la Ley General de Aguas, asegurando que al vender la parcela, el nuevo propietario conservará los derechos sobre el uso y aprovechamiento del líquido. La morenista Andrea Chávez y la petista Lizeth Sánchez también intervinieron, citando el artículo 37 bis, que supuestamente establece la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y fusiones, protegiendo así el patrimonio de las familias campesinas.
La postura de los campesinos y el «engañó»
Los legisladores del oficialismo hicieron oídos sordos a las protestas y bloqueos carreteros que organizaciones campesinas llevaron a cabo durante semanas, colapsando carreteras, garitas, puentes internacionales y aduanas en una veintena de Estados.
Los líderes del campo recibieron la aprobación de la Ley General de Aguas como un engaño y una «traición». Eráclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate al Campo y exdiputado del PT, declaró: “Es una traición porque estuvimos durante un mes trabajando, tuvimos avances importantes para el campo y de pronto todo se terminó”.
Rodríguez, productor de Chihuahua, reconoció que las modificaciones de última hora empujadas por Morena en la Cámara de Diputados «alivian un poco» las demandas, pues «por lo menos ya no somos delincuentes y nos dan cierta garantía de que vamos a seguir trabajando aunque no lleguemos a resolver el problema». Sin embargo, los campesinos advirtieron que la norma ha sufrido solo «cambios cosméticos» que no tocan la esencia del problema: si la concesión regresa al Estado, los grandes empresas obtendrán las tierras a precios irrisorios.
Control del estado versus acaparamiento hídrico
La confrontación política escaló en el salón de sesiones del Senado. Mientras la bancada guinda colocaba carteles con la leyenda “El agua es vida, no mercancía”, los priístas exhibían la acusación “Morena traiciona a los campesinos” y los panistas desplegaron una manta gigantesca con la frase “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo”.
El oficialismo respondió a la ofensiva. La morenista Andrea Chávez recordó a la oposición que sus gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, que incluía la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, hace justo un año. Chávez remató su intervención diciendo: “No es sequía, es saqueo”. Asimismo, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de Morena, declaró que la intención es que «el control del agua lo tenga el Estado, no los ricos».
Las priístas Melly Romero Celis y Paloma Sánchez insistieron en que la 4T toma el control del agua y que se simuló el diálogo con el campo. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, amagó con dar a conocer el nombre de un morenista que, según él, concentra más concesiones que los exgobernadores del PAN.
Las consecuencias políticas y la movilización en puerta
Los críticos han calificado la norma como “el último clavo al ataúd del campo mexicano”. A pesar de que la sede senatorial estuvo protegida por un dispositivo policiaco en prevención de movilizaciones, los campesinos han puesto en la mira un objetivo de mayor impacto: la movilización convocada por Sheinbaum y Morena para este sábado.
Los productores no descartan cercar la concentración en el Zócalo de Ciudad de México para sabotear el séptimo festejo de Morena por su llegada al poder. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de recibir a los agricultores, Adán Augusto López, líder de la mayoría en el Senado, se mostró impasible: “Yo no lo he escuchado, pero eso es decisión de ellos”, dijo, añadiendo que no tiene prisa de escucharlos, pues podría recibirlos «el miércoles o jueves de la semana próxima».
Con la Ley General de Aguas enviada al Ejecutivo, la lucha se traslada del Congreso a las calles. La pregunta que define el futuro de la agricultura nacional es si la centralización del control hídrico por parte del Estado logrará acabar con el acaparamiento o si, por el contrario, resultará en la «más grande traición al campo», como la calificó la senadora Mely Romero Celis.
