La agresión sufrida por Ximena Pichel tras salir del Tribunal Superior de Justicia ha desatado una ola de condena institucional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fijó su postura, enfatizando la importancia de las vías institucionales para la resolución de conflictos.
El incidente en el Tribunal: Repudio oficial a la agresión
El 25 de julio de 2025, Ximena Pichel, ciudadana de origen argentino, fue objeto de una agresión al salir de una audiencia en la calle Doctor Lavista. Integrantes de un colectivo le arrojaron líquido y otros objetos mientras abordaba rápidamente un vehículo. Este suceso generó una inmediata reacción por parte de las autoridades capitalinas.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una declaración en la que “reprueba categóricamente las agresiones sufridas hoy por una mujer que acudió a una audiencia”. En el contexto de este incidente, un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, adscrito al área de seguridad procesal, actuó para recuperar la bolsa de la mujer, la cual había quedado fuera del vehículo. Posteriormente, la bolsa fue puesta a disposición del área de seguridad del Tribunal Superior de Justicia para su resguardo. La SSC concluyó su postura indicando que “confía en la procuración de justicia y está comprometida con la resolución de conflictos por vías institucionales”.
Implicaciones legales del caso Ximena Pichel
La comparecencia de la ciudadana argentina en el Tribunal Superior de Justicia se derivaba de una acusación previa por agredir a un policía. De acuerdo con el Código Penal vigente, la acusación en su contra no se clasifica como un delito grave. Esta condición legal permitiría a la mujer de origen argentino llevar su proceso en libertad. No obstante, la normativa establece penas de uno a tres años de prisión, además de una multa que oscila entre los 5 mil y los 22 mil pesos, para este tipo de delitos.
Otros sucesos relevantes en la capital
En un hecho separado, los bomberos de la Ciudad de México sofocaron un incendio en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Según el testimonio de Andrés Molina, residente de la zona, la propiedad era ocupada predominantemente por personas migrantes, originarias en su mayoría de Venezuela, Colombia y Honduras.
Este episodio subraya las complejidades en la procuración de justicia y el manejo de conflictos en el espacio público. ¿Refleja este caso las tensiones entre la acción ciudadana y el marco legal vigente?
