Entre el dolor de un velorio y el clamor por la justicia, familiares y amigos despidieron a Fernando, de cinco años, en La Paz, Estado de México. Su trágica muerte, tras ser sustraído por una deuda de mil pesos de su madre, desvela una compleja trama de omisiones institucionales y vulnerabilidad social. Este caso exige un análisis profundo sobre la eficacia de las autoridades y la protección de la infancia en el país.
Un adiós entre el dolor y la exigencia de justicia
El cuerpo de Fernando, de cinco años, fue velado ayer en la casa donde vivía con Noemí, su madre, en la calle Eva de la colonia San Isidro La Paz, en el municipio de La Paz, Estado de México. Entre reclamos de justicia, flores, veladoras y globos blancos, familiares y amigos acudieron a darle el último adiós. Frases como «No habrá descanso hasta que la justicia hable por ti», «Los niños no se tocan» y «Justicia para el pequeño Fernando» resonaron entre sus conocidos, quienes se congregaron alrededor del féretro. Por la tarde, se llevó a cabo una misa en memoria del niño, y su sepelio está programado para este sábado a las 10 horas.
Una deuda, un secuestro, una tragedia anunciada
Fernando fue encontrado sin vida el pasado lunes en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino. Las indagatorias iniciales establecen que prestamistas lo habrían sustraído como garantía por una presunta deuda de mil pesos que su madre, Noemí, de 25 años, no había podido pagar. El 28 de julio, las dos mujeres imputadas acudieron al domicilio de Noemí para cobrar, y ante la falta de dinero, habrían sustraído al menor, indicándole que no se lo entregarían hasta que pagara. Carlos N, el otro imputado, las esperaba en la esquina de la calle, retirándose juntos con el niño.
La abogada de la familia, Fabiola Villa, del colectivo Amor y Rabia, acusó que tras la sustracción, Noemí acudió al DIF municipal y a la Fiscalía Regional de Los Reyes La Paz, donde, de forma alarmante, las autoridades no le brindaron ayuda. La mujer «hizo todo lo posible por recuperar a su hijo, pero siempre las dependencias le cerraron las puertas». Fue hasta el pasado lunes, cuando el cuerpo fue hallado, que Noemí acudió a la Fiscalía de Género, donde se iniciaron las indagatorias. Villa enfatizó que «si cuando ella fue al DIF le hubieran prestado el apoyo, esto no hubiera pasado». La madre intentó en varias ocasiones visitar a su hijo en el domicilio de los captores, pero le fue negado el acceso. Finalmente, el 4 de agosto, presentó la denuncia formal ante la fiscalía.
La autopsia revela brutalidad y el fallido actuar institucional
La necropsia reveló que Fernando murió a causa de un traumatismo craneoencefálico. Aunque no se ha precisado la fecha exacta de su fallecimiento, una teoría sugiere que ocurrió dos días después de su sustracción. Las autoridades informaron que las personas que lo retuvieron no le proporcionaron alimentos ni bebida. La fiscalía, durante el proceso, presentó pruebas periciales detallando que el menor presentaba dos fracturas de cráneo, una en la clavícula derecha, otra en la costilla del lado derecho, y moretones en pantorrillas y piernas.
Testimonios de vecinos, citados en las indagatorias, indican que se habían percatado de la presencia de un menor ajeno a la familia en la vivienda de los implicados, pero lamentablemente no tomaron ninguna acción. Cuando el cuerpo de Fernando fue encontrado, no estaba en condiciones de ser reconocido a simple vista debido a los golpes recibidos. El mismo 4 de agosto, agentes de la Policía Municipal de Género se trasladaron al inmueble habitado por los probables implicados, donde fue hallado el cuerpo del niño en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo, resultando en la detención de la familia.
Los implicados ante la justicia: versiones y contradicciones
Ayer, en los juzgados de Neza Bordo, se llevó a cabo la audiencia inicial del caso. El juez dictó prisión preventiva justificada para Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N, quienes son investigados por el delito de desaparición de persona, y además se dictaminó la legal detención de los presuntos responsables.
Durante la diligencia, Ana Lilia N ofreció una versión que contrasta con la investigación, asegurando que Noemí, la madre de Fernando, les había pedido una carretilla para trasladar sus pertenencias al cambiarse de casa y que, el 24 de julio, al entregarla, les dejó al niño. Afirmó que intentó regresarlo al lugar donde vivía, pero no obtuvo respuesta. También sostuvo que, al menos en dos ocasiones, el menor se cayó mientras se bañaba, lo que habría provocado sus lesiones. Incluso, declaró haberlo llevado al médico. En otra ocasión, mencionó que Fernando presentó malestares como calentura y vómito, además de negarse a comer.
Por su parte, la fiscalía, durante la presentación ante el juez, narró que la madre acudió en varias ocasiones a la casa donde se llevaron al niño, y que los ahora detenidos le ofrecieron distintas versiones sobre el paradero de Fernando, diciéndole una vez que ya se lo habían entregado al papá y, en otra ocasión, a la abuelita. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la autoridad judicial estableció el 11 de agosto para la continuación de la comparecencia, fecha en la que se determinará la situación jurídica de los acusados.
El contexto de vulnerabilidad y la respuesta ciudadana
La vivienda donde Fernando y su madre vivían se ubica en una loma de difícil acceso, en la parte alta del municipio, caracterizada por la ausencia de calles pavimentadas y escasos servicios públicos, lo que subraya un contexto de alta vulnerabilidad. Vecinos comentaron que Noemí trabaja como checadora en la Ruta 53 y también arma puestos en tianguis, pero ninguno de sus trabajos es fijo o bien remunerado. Fernando era su único hijo y asistía al jardín de niños Moctezuma Xocoyotzin de la comunidad.
La indignación ante la muerte del menor se hizo palpable. Un grupo de colonos se manifestó durante la mañana del viernes en la lateral de la carretera México-Texcoco para exigir justicia. El clamor «Los niños no se tocan» se ha convertido en un eco de exigencia en medio de la tragedia. La muerte de Fernando no solo expone la brutalidad de un crimen, sino que también interpela a las instituciones sobre su capacidad de respuesta y protección a los ciudadanos más vulnerables. ¿Hasta cuándo se seguirán ignorando las señales de alarma y negando la ayuda a quienes más la necesitan?
