A casi 24 años del asesinato de la abogada Digna Ochoa, su caso se erige como un símbolo sombrío de la impunidad en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dictó 14 medidas de reparación, pero el Estado mexicano ha cumplido solo una, dejando a la justicia Digna Ochoa en un limbo inaceptable.
La deuda pendiente del estado mexicano con Digna Ochoa
Familiares y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales han denunciado el absoluto incumplimiento de la sentencia de la Coridh, emitida hace cuatro años por el tribunal internacional. De las 14 medidas de reparación ordenadas, únicamente una ha sido ejecutada hasta la fecha.
Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), reveló que la única medida cumplida es el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y la petición de disculpas del Estado mexicano hacia la familia de la defensora, llevado a cabo en octubre de 2022.
Medidas de reparación: una ejecución mínima y plazos vencidos
De las 14 medidas dictadas por la Coridh, 13 permanecen en supervisión de cumplimiento. Sánchez advirtió que algunas de estas medidas «nunca» han sido sometidas al diálogo bilateral y no registran ningún avance a la fecha. Todas las disposiciones de la sentencia se encuentran fuera de los plazos establecidos inicialmente por la Corte Interamericana.
«La Corte no sólo dictamina las medidas, sino que además le pone un plazo de cumplimiento al Estado; todos esos plazos se encuentran vencidos, algunos casi en el doble del tiempo que la Corte dispuso”, subrayó la abogada.
Reparación individual y cambios estructurales
Soledad Sánchez detalló que, de las 14 medidas de reparación, cinco corresponden a la reparación individual de la familia de la activista, quien fue ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho el 19 de octubre de 2001. Las nueve restantes buscan generar cambios estructurales para evitar la repetición de hechos tan lamentables como este asesinato. De estos nueve puntos, ocho están en «absoluto incumplimiento» y uno de ellos se ha cumplido de manera parcial.
Exigencias de justicia y el señalamiento a exfuncionarios
Jesús Ochoa, hermano de Digna, reprochó la falta de avance en las investigaciones, las cuales, según la sentencia, deberían ser exhaustivas. Demandó que se investigue a los exfuncionarios responsables de las indagatorias en aquel entonces. Particularmente, señaló a Renato Sales Heredia, quien en diciembre de 2021 «fue el creador de la hipótesis del suicidio simulado».
También se solicitó la investigación de Margarita Guerra y Tejada, José Antonio Pérez Bravo y Miguel Ángel Mancera Espinosa. «La familia Ochoa y Plácido pedimos públicamente a las autoridades la investigación, porque prácticamente está igual que cuando comenzamos en 2001. No hay ningún avance, hay mucha omisión”, reclamó Jesús Ochoa.
La impunidad sistémica y la fragilidad de la protección a defensores
Soledad Sánchez destacó la importancia de acatar las medidas, ya que nueve de ellas tienen el potencial de «generar cambios estructurales y desarticular la impunidad» sobre los ataques contra personas defensoras en el país. Entre estas, mencionó la adopción de un protocolo federal de investigación para este tipo de crímenes y la necesidad de fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección a personas defensoras y periodistas.
Al respecto, Saulo Loya, integrante del Espacio OSC que agrupa a diversas organizaciones de derechos humanos, señaló que, desde 2016, han sido asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas. Además, reveló que el 47 por ciento de los ataques han sido perpetrados por funcionarios públicos.
Asimismo, Loya advirtió sobre los «retos persistentes» en el Mecanismo Nacional de Protección. Entre enero de 2023 y julio de 2025, se rechazó el 68 por ciento de las solicitudes de defensores y el 45 por ciento de periodistas para ser incorporados a dicho mecanismo.
La persistencia de este incumplimiento no solo representa una afrenta a la memoria de Digna Ochoa y su familia, sino que también lanza una sombra preocupante sobre el compromiso de México con los derechos humanos y la justicia. ¿Hasta cuándo prevalecerá la impunidad en los casos que sacuden los cimientos del Estado de Derecho?
