La antigua sede del Senado en Xicoténcatl fue el epicentro de una nueva controversia política cuando personal del Ministerio Público (MP) acudió para recabar la denuncia de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. Este suceso, calificado como «justicia a domicilio», ha encendido el debate sobre el acceso equitativo a la justicia en México.
La indignación pública por la “justicia a domicilio”
La visita del Ministerio Público a las instalaciones legislativas, en lugar de que los senadores acudieran a la Fiscalía, detonó una ola de críticas en redes sociales. Ciudadanos, activistas y figuras públicas arremetieron contra los morenistas por lo que percibieron como un trato diferenciado en el acceso a la justicia.
Voces que cuestionan la desigualdad
La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, expresó su inconformidad con una contundente comparación: “Los senadores tienen justicia a domicilio, mientras las madres tenemos que rascar tierra para buscarla”. Esta declaración reflejó el sentir de sectores sociales que enfrentan severos obstáculos para presentar denuncias ordinarias.
La periodista Leti Robles reforzó esta crítica: “Servicio a domicilio. El MP llega hasta Xicoténcatl 9 para levantar la denuncia contra Alito Moreno y otros diputados del PRI. No fueran las madres buscadoras…”. A ella se sumó la diputada Lorena Piñón, señalando la existencia de “dos México: VIP para los de Morena, otro para nosotros”, calificando a Noroña como el “senador burgués”.
Usuarios de redes sociales destacaron la disparidad respecto al trato cotidiano que reciben miles de ciudadanos, quienes deben acudir personalmente a las agencias del MP, a menudo tras largas horas de espera. El periodista Luis Cárdenas publicó: “¡Servicio a domicilio! El MP en el Senado. Aunque Fernández Noroña y Emilio González dijeron que acudirían a presentar denuncia, fue el Ministerio Público quien llegó a Xicoténcatl para tomarles declaración”. Juan Ortíz, también en redes, cuestionó la excepcionalidad de la situación.
David Castruita, usuario de X, reflejó la molestia social al escribir: “¿Cuánta gente se quedó sin poder presentar su denuncia en la agencia del MP por el servicio VIP y a domicilio del senador Noroña? Le irán a decir como a la mayoría de ciudadanos de a pie: ni te hizo nada, no hay delito, busquen llegar a un acuerdo”.
El zafarrancho legislativo: Origen y consecuencias
La polémica visita del MP se produjo horas después de un enfrentamiento físico y verbal protagonizado por Fernández Noroña y Alejandro Moreno en la tribuna del Senado, tras una jornada marcada por discusiones sobre la postura de la senadora Lilly Téllez en torno a la seguridad y la intervención militar extranjera.
El altercado, captado en video y difundido ampliamente, inició al término del himno nacional cuando Alejandro Moreno confrontó a Noroña. Se registraron forcejeos y agresiones, acompañados de intensos intercambios verbales. Moreno reclamó a Noroña: “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, seguido de expresiones como: “¡Te parto tu madre, cabrón! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put, cabrón! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la chingada.” Noroña, por su parte, respondió: “¡No me toques!”, antes de que otros legisladores intervinieran para separarlos. La diputada de Morena, Dolores Padierna, intentó apartar a Noroña cuando el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla lo jaló de la gabardina y lo golpeó en la cabeza.
En medio del incidente, Emiliano González, asesor de Noroña, resultó herido en el brazo y el cuello al intentar calmar la situación, recibiendo también agresiones verbales, como el “no te metas, cabrón” atribuido a Rubén Moreira.
Fernández Noroña responsabilizó directamente a Alejandro Moreno, al senador Pablo Angulo, Manuel Añorve y a los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla de las agresiones físicas. Anunció la presentación de denuncias penales por lesiones, amenazas de muerte y daño en propiedad ajena, además de solicitar el desafuero de los legisladores implicados, dejando a la Fiscalía General de la República (FGR) la determinación de los pasos legales.
En respuesta, Alejandro Moreno declaró que la agresión física partió de Noroña y enmarcó el suceso dentro de una supuesta estrategia política: “No es un hecho aislado ni un accidente: es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia. Pero conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo.”
La percepción de una “justicia a domicilio” para los actores políticos de alto nivel, contrastada con la realidad de miles de ciudadanos, pone en evidencia la profunda brecha en el acceso equitativo a las instituciones de justicia. ¿Qué implicaciones tiene esta dualidad en la credibilidad y legitimidad de las instituciones ante la sociedad?
