El excampeón mundial Julio César Chávez Jr. enfrenta su capítulo más complejo fuera del ring: cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Tras ser deportado y llevado a un Cefereso, su situación legal revela supuestos nexos cártel que sacuden al boxeo y al círculo rojo, prometiendo un juicio de alto impacto.
La primera comparecencia y la estrategia legal
Julio César Chávez Jr. tuvo su audiencia inicial ante un juez federal en Hermosillo, Sonora, la madrugada del 19 de agosto. El hijo de la leyenda Julio César Chávez fue trasladado la noche del 18 de agosto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Sonora, después de ser deportado por autoridades de Estados Unidos.
Según información presentada por la periodista Michelle Rivera, en entrevista con Radio Fórmula y citando fuentes del Poder Judicial, la audiencia inicial comenzó aproximadamente a la 1:30 a.m. del martes. Chávez Jr. permaneció callado durante toda la comparecencia, siguiendo la recomendación de sus representantes legales. La defensa del boxeador solicitó la “duplicidad del término constitucional”, ampliando de 72 a 144 horas el plazo legal para que el juez resuelva su situación jurídica. Este periodo adicional permite a la defensa ofrecer pruebas y preparar argumentos para intentar desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con ello, se anticipa que la próxima audiencia, en la que se determinará su situación jurídica, se realizará el sábado 23 de agosto. De ser vinculado a proceso, también se definirá si el pugilista lleva su proceso en libertad o en prisión.
El traslado y los detalles de la deportación
El operativo para trasladar a Julio César Chávez Jr. desde la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, incluyó un resguardo policial hasta el penal de Hermosillo. El Registro Nacional de Detenciones reportó su entrega cerca del mediodía del lunes 18 de agosto.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la deportación se coordinó con agencias estadounidenses y mexicanas después de que el boxeador pasara 46 días bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Su detención en territorio estadounidense ocurrió el 2 de julio en Los Ángeles, después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo aprehendieran por ingresar y residir ilegalmente en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consideró que Chávez Jr. representaba una amenaza y detectó irregularidades en las declaraciones presentadas en su solicitud de residencia permanente.
La naturaleza de las acusaciones y los supuestos vínculos
Las acusaciones contra Chávez Jr. son de peso. La FGR lo señala por delincuencia organizada y tráfico de armas, vinculándolo directamente con actividades ilícitas de alto perfil.
El expediente migratorio y los lazos familiares
El expediente migratorio de Julio César Chávez Jr. revela que solicitó la residencia en Estados Unidos mediante su matrimonio con Frida Muñoz, quien antes fue pareja de Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, asesinado en 2008. Las autoridades estadounidenses sospechan que ambos tendrían nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
La presunta función como «ajustador de cuentas»
De acuerdo con las acusaciones de la FGR, el púgil es señalado en testimonios como supuesto “ajustador de cuentas” dentro de la estructura del cártel. Su función, según los señalamientos, era la de intimidar y castigar a integrantes de la organización criminal, utilizando su fuerza física al tomarlos como “costales de box”.
Después de confirmarse la vigencia de una orden de captura en México —emitida en marzo de 2023 debido a una investigación abierta desde 2019—, se presentaron varios recursos para evitar su procesamiento penal, todos desestimados por la justicia.
Cooperación binacional y el impacto del caso
Tras su deportación, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, calificó la entrega de Chávez Jr. como prueba de la sólida cooperación bilateral para combatir el crimen organizado. Johnson destacó en redes sociales que “El Departamento de Seguridad Nacional deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”.
El desenlace de este proceso no solo definirá el destino de una figura pública, sino que también arrojará luz sobre la efectividad de la cooperación binacional y la persistencia de estructuras criminales. ¿Será este caso un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia organizada que alcanza incluso a los íconos nacionales?
