Por Tomás Mejía
El retiro de la concesión del suministro de agua potable y alcantarillado a favor de Aguakán está paralizado porque la empresa tiene abierto un segundo juicio de carácter civil-mercantil que se resuelve en juzgados de la Ciudad de México, donde busca que un arbitraje francés le resuelva el pleito que mantiene contra Quintana Roo.
Se trata de un juicio de amparo que otorgó a la empresa una suspensión definitiva contra la nulidad del retiro de la concesión, el cual tiene su origen en un Juicio Especial Mercantil sobre Transacciones y Arbitraje, que se promovió en 2022, días después de que se validó la consulta pública que tuvo una mayoría que votó a favor del retiro del servicio proporcionado por la empresa en Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres; no pasó lo mismo en Playa del Carmen, donde no se logró el mínimo requerido.
Es este el juicio que no fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril pasado y a la que se refirió erróneamente la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 6 de mayo.
La jefa del ejecutivo citó este proceso legal como el mismo que había perdido la concesionaria contra la aprobación del Congreso del Estado de Quintana Roo; es decir, se refirió sobre este proceso legal como si fuera el mismo juicio de amparo cuya sentencia fue dictada el pasado 14 de abril y no benefició a la marca de Desarrollos Hidráulicos de Cancún; sin embargo, es otro, de acuerdo con expedientes a los que ha tenido acceso este medio de comunicación.
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Segundo frente legal de Aguakán: origen
En la segunda modificación del título de concesión aprobada por el Congreso del Estado en diciembre de 2014 y prolongado hasta el 2053, con la cual también se entregó el control del agua potable de Playa del Carmen, se fijó una cláusula acordada entre el gobierno de Quintana Roo y Aguakán sobre que cualquier intento de retiro del servicio sería resuelto mediante un arbitraje internacional.
Se trata de la cláusula Trigésima Primera (cláusula jurisdiccional), que establece que el pleito sería iniciado -en caso de retiro de la concesión- en un juzgado local de la capital del país.
Así lo hizo valer Aguakán, la cual inmediatamente vio afectados sus intereses demandó al gobierno de Quintana Roo en junio de 2022 en el Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, donde inició el Juicio Especial Mercantil sobre Transacciones y Arbitraje.
Aparejado al inicio de la demanda, solicitó un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, Francia.
No obstante, el juzgado de la Ciudad de México decidió concluir el juicio el 23 de enero de 2024 alegando que Aguakán había perdido interés en el mismo.
(En esas fechas esta empresa hacía frente con toda su fuerza jurídica a la reciente aprobación del retiro anticipado de la concesión por el Congreso del Estado, aprobado unas semanas antes, en la última semana de diciembre de 2023).
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La concesionaria calificó de ilegal la terminación del juicio por el juzgado de la Ciudad de México e inmediatamente presentó una demanda de amparo contra estos actos.
Dos veces un juzgado federal de la capital del país le rechazó resolver su asunto, aunque luego de impugnaciones logró su cometido y consiguió la admisión. Es este ya el juicio que se buscó llevar a la Suprema Corte.
En este proceso legal Aguakan cuenta con una suspensión definitiva que no permite que le sea retirada la concesión del servicio en Cancún e Isla Mujeres; mas no en Puerto Morelos y Playa del Carmen.
Para lograr hacer efectiva la suspensión definitiva contra cualquier retiro de la concesión, la empresa entregó una garantía de cinco millones 500 mil pesos el 15 de julio de 2024.
Ante estas suspensiones que no benefician al gobierno de Quintana Roo, éste ha presentado impugnaciones. El último es un recurso de queja radicado bajo el número de expediente 394/2024 con el cual se busca que la suspensión cese. Ha ofrecido entregar una garantía mayor que la que ofreció Aguakán, aunque ninguna autoridad judicial le ha aceptado.
Un Tribunal Colegiado de Circuito recibió el caso de apelación (recusación como se le conoce en el juicio de amparo).
Ante este Tribunal la Consejería Jurídica de Quintana Roo solicitó que, en vez de éste, sea la Corte la que resolviera la impugnación.
El rechazo fue contundente por los ministros de la Corte y tendrá que ser este Tribunal y sus magistrados que resolverán la impugnación.
El caso de atracción es ya por demás conocido porque la Corte se negó a resolver la impugnación.
Con esto Aguakán no se le puede retirar la concesión, más aún porque en el juicio de amparo del expediente 1323/2023 que resolvió en sentencia el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún no se ha causado ejecutoria y la suspensión definitiva que ganó en enero de 2024, como candado legal a favor de esta empresa, continúa surtiendo efectos.
Todos estos actos se perfilan a ser resueltos a largo plazo, aunque mientras tanto, socios y directivos de Aguakán tienen órdenes de aprehensión por lavado de dinero que han logrado paralizar de manera momentánea con otros amparos, aprehensiones que podrían ser utilizadas de presión para que suelten el contrato de una vez por todas y entreguen el servicio al gobierno de Quintana Roo, vía Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la CAPA.
