Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un ciudadano presentó un Juicio para la protección de los derechos político electorales, por la inacción legislativa derivada de la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2023 del estado y del municipio de Benito Juárez, “por su omisión de hacer cumplir la declaratoria de vinculante del resultado de la jornada de consulta popular del pasado 5 de junio”.
Lo que se aduce en el juicio es que en esas leyes y presupuestos ya se debería haber destinado un recurso para el procedimiento contra Aguakan, empresa a la que de acuerdo a los resultados de la consulta popular realizada el pasado 5 de junio, se le deben rescindir sus concesiones en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
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El pasado 23 de agosto, el Instituto Electoral del estado declaró vinculante la consulta popular (o sea, es obligatoria de cumplir), y le informó al Congreso, al Poder Ejecutivo y los ayuntamientos involucrados, para “que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”, según dice la Ley de Participación Ciudadana.
Pero como hasta ahora ninguna autoridad quiere determinar qué es «lo conducente», y nadie ha hecho nada sobre el tema, se solicita “la entrega inmediata y completa de los recursos que deben reflejarse en los presupuestos de Egresos del año 2023”, tanto del Estado de Quintana Roo como de los ayuntamientos, “para hacer cumplir la declaración de vinculante de la Consulta Popular.
En el juicio, se aclara que en la Ley de Ingresos de los municipios no está la partida de ingresos por concepto de derechos de agua, y en el Presupuesto de Egresos del estado y los municipios no hay un rubro que “contemple los conceptos de gastos de ejecución para hacer cumplir la declaración de vinculante de la consulta popular”.
En el juicio, que deberá resolver el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se hace mención de manera específica al municipio de Benito Juárez, que es uno de los municipios señalados, pero cualquier resolución sería extensiva a los demás.
La decisión que tome el Teqroo empezará a darle algún rumbo a este espinoso tema.
El Gobierno del estado no sabe cómo resolver esa “bomba de tiempo” que la administración de Carlos Joaquín nunca quiso frenar.
Con información de La Opinión de Quintana Roo
