Un revés judicial sacude las políticas migratorias de Estados Unidos. Una jueza federal ha bloqueado las deportaciones exprés de Trump, poniendo en entredicho el controvertido plan del Departamento de Seguridad Nacional para acelerar expulsiones, incluso basándose en leyes del siglo XVIII.
Bloqueo judicial a las deportaciones exprés
La jueza del Tribunal de Distrito en Washington DC, Jia Cobb, emitió ayer una orden temporal que detiene la iniciativa del presidente Donald Trump para agilizar las expulsiones de migrantes indocumentados detenidos en el país. En una opinión de 48 páginas emitida antier por la noche, Cobb calificó de «verdaderamente sorprendente» el argumento gubernamental.
Según la magistrada, el gobierno sostiene que quienes ingresaron ilegalmente a la nación «no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que el Congreso les otorgue». Esta postura, advierte la jueza, ignora principios fundamentales del debido proceso.
Contexto de la política migratoria y advertencias
Desde la llegada por segunda vez de Trump a la Casa Blanca a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha buscado métodos para acelerar las expulsiones de migrantes. Para ello, se ha refugiado en una ley del siglo XVIII con el fin de reducir los procesos de deportación. La magistrada Cobb, nombrada por el ex presidente Joe Biden, ha señalado que el Ejecutivo estadunidense ha utilizado esta figura legal de manera «ampliada». Inicialmente diseñada para quienes eran arrestados cerca de la frontera o poco después de cruzarla, ahora se aplica contra aquellos que «hace mucho que llegaron a nuestro país».
Cobb aseguró que «priorizar la rapidez sobre todo lo demás llevará de forma inevitable al gobierno a expulsar erróneamente a personas a través de este proceso truncado», subrayando los riesgos inherentes a una aplicación tan laxa de la ley.
Casos emblemáticos exponen el impacto humano
Las políticas de deportación acelerada ya han generado controversia y denuncias de violaciones a los derechos humanos, como lo demuestran varios casos recientes.
Detención de bombero mexicano en Oregon
El abogado de un bombero mexicano, detenido mientras combatía un incendio en Oregon, denunció la ilegalidad de su arresto. Según publicó *The Guardian*, el cliente estaba en camino de obtener su estatus legal cuando fue aprehendido por la Patrulla Fronteriza. Stephen Manning, litigante de Innovation Law Lab, organización sin fines de lucro con sede en Portland, expuso que el mexicano también colaboraba con investigadores federales para resolver un crimen ocurrido contra su familia. Manning argumentó que el programa de visa U, establecido por el Congreso, está destinado a la protección de víctimas de delitos graves que asisten a las autoridades.
Perfilamiento racial y demanda en Los Ángeles
La madre de un adolescente de 15 años con discapacidad, ciudadano estadunidense, exigió un millón de dólares en reparación de daños y perjuicios. Acusó al gobierno de encarcelamiento injusto y «perfilamiento racial inconstitucional». Los hechos ocurrieron el 11 de agosto en Los Ángeles, cuando agentes de inmigración enmascarados rodearon el vehículo donde el joven viajaba con su madre, frente a la secundaria Arleta. Los agentes, quienes aseguraron que el adolescente era sospechoso de un delito, posteriormente se dieron cuenta de que se habían equivocado de persona, según reportó *Los Angeles Times*.
Estrategias del gobierno y denuncias humanitarias
Con la finalidad de aumentar la tasa de deportaciones, la administración Trump considera un plan para que al menos 600 abogados militares laboren temporalmente como jueces de migración, de acuerdo con un informe de *The New York Times*.
En tanto, Human Rights Watch denunció la situación «abusiva e inhumana» en la que se encuentran los migrantes encarcelados en la prisión de Guantánamo, en Cuba. Esta denuncia se emitió tras conversar con una veintena de venezolanos que fueron trasladados allí a principios de año y que estuvieron detenidos entre 11 y 16 días antes de ser deportados a su país natal.
La decisión de la jueza Cobb no solo representa un freno a la administración actual, sino que también reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y la salvaguarda de los derechos fundamentales. ¿Podrán las protecciones constitucionales resistir la presión de las políticas de expulsión acelerada en un contexto de polarización política?
