Un extraordinario drama legal y humanitario se desarrolló en las últimas horas, marcando un enfrentamiento de alto riesgo entre la administración de Estados Unidos y los defensores de los derechos de los menores. Una jueza federal ha emitido una orden de emergencia, deteniendo la posible deportación niños migrantes estados unidos que ingresaron al país sin sus familias, una acción que abogados consideran una violación de las leyes de protección infantil.
La batalla legal por los derechos de los niños migrantes
El sábado por la noche, abogados de diez menores guatemaltecos, cuyas edades oscilan entre los 10 y 17 años, presentaron documentos judiciales alertando sobre la inminente salida de aviones con destino a Guatemala. Esta acción gubernamental, según los letrados, vulneraría las leyes federales que garantizan protecciones a los niños migrantes. En respuesta, una jueza federal en Washington dictaminó que estos niños no podrán ser deportados durante al menos 14 días, a menos que ella decida lo contrario, y programó una audiencia virtual para este domingo por la tarde.
Solicitudes de emergencia similares se extendieron rápidamente a otras jurisdicciones. Abogados en Arizona e Illinois también pidieron a jueces federales bloquear las deportaciones de menores no acompañados, evidenciando la amplitud de la pugna legal. Esta situación ha encendido las alarmas entre los defensores de inmigrantes, quienes advierten sobre una posible transgresión a las leyes diseñadas para salvaguardar a los niños que llegan sin sus padres.
El contexto de la protección a menores migrantes
Los niños migrantes que arriban a las fronteras de Estados Unidos sin un padre o tutor son clasificados como no acompañados y, conforme a la ley federal, son enviados a refugios administrados por el gobierno hasta que puedan ser reubicados con un familiar o en un hogar de acogida. Una vez en el país, estos menores a menudo residen en refugios supervisados o con familias de acogida hasta que son liberados a un patrocinador, usualmente un miembro de su familia residente en Estados Unidos.
Estos menores tienen derecho a solicitar asilo, estatus de inmigración juvenil o visas para víctimas de explotación sexual. Su tratamiento es uno de los temas más sensibles en la política migratoria debido a su edad y las frecuentes experiencias traumáticas que afrontan. De hecho, grupos de defensa ya han demandado previamente para detener nuevos procedimientos de investigación de la administración Trump dirigidos a niños no acompañados, argumentando que estos cambios prolongan la separación familiar y son inhumanos.
Operación de deportación y la respuesta del gobierno
La mañana de este domingo, la escena en el aeropuerto de la zona fronteriza era de una actividad frenética. Autobuses con migrantes se dirigían a la pista, mientras agentes federales se movilizaban rápidamente entre vehículos y aeronaves. Automóviles de policía rodeaban el perímetro, y oficiales y guardias de seguridad apartaban a los reporteros de las cercas. En la pista, los aviones mantenían los motores encendidos, y las tripulaciones de tierra realizaban los preparativos finales, sugiriendo una salida inminente, incluso mientras la batalla judicial se libraba a cientos de kilómetros de distancia.
Shaina Aber, del Acacia Center for Justice, un grupo de defensa legal de inmigrantes, informó haber sido notificada el sábado por la noche sobre la creación de una lista oficial de niños guatemaltecos que el gobierno federal intentaría retornar. Los defensores se enteraron de que los vuelos partirían de Harlingen y El Paso, en Texas. Aber indicó que funcionarios federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) «todavía estaban llevando a los niños» sin aparente conocimiento de la orden judicial. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no emitieron comentarios.
Los planes de la administración y las objeciones legales
La administración Trump tiene planes de expulsar a casi 700 niños guatemaltecos no acompañados, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden de Oregon. El gobierno guatemalteco ha manifestado su disposición a recibirlos. Esta medida se enmarca en los amplios esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración de la administración de Donald Trump, que incluyen la intensificación de deportaciones y el fin de protecciones para personas con permiso de residencia y trabajo en Estados Unidos.
Los abogados de los niños guatemaltecos argumentan que el gobierno estadounidense carece de autoridad para expulsar a los jóvenes, privándolos de debido proceso al impedirles presentar solicitudes de asilo o alivio migratorio. Muchos de estos menores tienen casos activos en los tribunales de inmigración. La presentación judicial de los abogados del Young Center for Immigrant Children’s Rights y el National Immigration Law Center sostiene que, aunque los niños deben estar bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, el gobierno los está «trasladando ilegalmente a la custodia de Inmigración y Control de Aduanas para ponerlos en vuelos a Guatemala, donde pueden enfrentar abuso, negligencia, persecución o tortura».
Una abogada del National Center for Youth Law, Becky Wolozin, relató que hace semanas su organización recibió reportes de proveedores de servicios legales sobre agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), brazo de investigación de ICE, entrevistando a niños, particularmente guatemaltecos, en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, preguntándoles sobre familiares en Guatemala. Posteriormente, el viernes, los defensores de todo el país comenzaron a recibir noticias de la cancelación de audiencias de inmigración para sus jóvenes clientes.
La postura de Guatemala
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, confirmó el viernes que el gobierno ha informado a Estados Unidos de su disposición a recibir a cientos de menores guatemaltecos no acompañados. Guatemala ha expresado particular preocupación por los menores que pudieran superar los límites de edad para las instalaciones infantiles y ser enviados a centros de detención para adultos.
El presidente Bernardo Arévalo ha declarado que su gobierno tiene la obligación moral y legal de abogar por estos niños. Sus comentarios se produjeron días después de la visita a Guatemala de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.
