Una jueza federal en Miami ha rechazado la suspensión de su orden para desmantelar el controvertido centro de detención de migrantes «Alcatraz de los Caimanes», ubicado en los Everglades de Florida, mientras el gobierno federal de Estados Unidos apela su fallo. La decisión judicial reaviva un pulso entre la administración federal y los defensores del medio ambiente.
La contundente decisión judicial y la respuesta federal
El 28 de agosto de 2025, la jueza federal de distrito Kathleen Williams ratificó su mandato, negando la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) de pausar la orden. Los abogados del DHS habían argumentado que la exigencia de desmantelamiento afectaría significativamente la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración en la región.
La negativa a suspender la orden es un respaldo claro a la posición de grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, cuya demanda original llevó al fallo de la jueza. Ambas partes se habían opuesto firmemente a la solicitud de suspensión presentada por el gobierno federal.
El mandato de desmantelamiento: Plazos y prohibiciones
En su orden original de la semana pasada, la jueza Williams estableció un plazo de 60 días para que la población de «Alcatraz de los Caimanes» disminuyera progresivamente mediante la transferencia de los detenidos a otras instalaciones. Una vez completado este proceso, se exige la retirada de las cercas, la iluminación y los generadores del sitio.
La jueza también fue explícita al prohibir el traslado de nuevas personas a la propiedad, indicando que los demandados estatales y federales no pueden ingresar a nadie más que a aquellos que ya se encuentran detenidos en la instalación. Esta medida busca detener cualquier expansión o continuidad de las operaciones del centro en su ubicación actual.
Argumentos ambientales y la lucha por los Everglades
La demanda de grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee se fundamentó en la urgencia de detener la construcción y las operaciones del centro hasta que las autoridades federales y estatales cumplan con las leyes ambientales federales. Su argumentación principal destacaba que la instalación representa una grave amenaza para los humedales sensibles de los Everglades, un ecosistema vital que alberga plantas y animales protegidos.
Además, los demandantes advirtieron que la operación del centro podría revertir miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental de esta crítica región de Florida. La decisión de la jueza Williams subraya la primacía de la protección ambiental frente a las operaciones de detención de migrantes en áreas ecológicamente vulnerables.
La pugna entre la soberanía judicial y las políticas migratorias federales continúa, ¿podrá el gobierno federal revertir esta decisión que defiende un equilibrio vital entre la aplicación de la ley y la preservación ambiental?
