En un giro que evoca los tiempos más oscuros de la censura, una jueza en Campeche ha prohibido al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico *Tribuna* referirse a la gobernadora Layda Sansores. ¿Estamos ante un ataque directo a la libertad de expresión o una medida para proteger la dignidad de la mandataria?
Censura Judicial en Campeche: Un Ataque a la Libertad de Expresión
La jueza de control interina, Ana Maribel de Atocha Huitz May, ha dictado medidas cautelares que han generado indignación en el gremio periodístico. Estas medidas incluyen:
- Interventores judiciales: Designados por el Tribunal Superior del Estado para revisar el contenido antes de su publicación.
- Prohibición estricta: Referirse a la gobernadora LAYDA Sansores San Román.
- Supervisión constante: Todo lo relacionado con publicaciones, comentarios y opiniones debe ser vigilado.
Medidas «Más Drásticas y Violatorias»
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El periodista Jorge Luis González Valdez, con 40 años de experiencia como director del diario *Tribuna*, ha calificado estas medidas como «excesivas, aberrantes y violatorias de sus garantías individuales». A pesar de la suspensión definitiva de la prohibición de ejercer el periodismo y la bajada de la plataforma digital de *Tribuna*, la jueza Huitz May condicionó el ejercicio del oficio con estas nuevas medidas.
Justificación de la Jueza: Protección de la Dignidad
La jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May argumenta que estas medidas no impiden la libertad de expresión, sino que buscan «cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora». Esta justificación ha sido cuestionada por el propio González Valdez, quien considera que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión.
El Papel del Asesor Jurídico y el Ministerio Público
Las medidas cautelares fueron dictadas en apoyo a las peticiones del asesor jurídico de la gobernadora, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta. Estas peticiones incluyen que el periodista Jorge González sea acompañado por un «censor oficial» cuando grabe algún programa, ofrezca una conferencia de prensa u opine.
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Reacciones y Consecuencias
La decisión de la jueza ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el papel del poder judicial en la protección de los derechos de los ciudadanos. ¿Estamos ante un precedente peligroso que podría silenciar las voces críticas en el estado de Campeche?
