La madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025 se escribió un nuevo capítulo en la saga legal del exgobernador de Chihuahua. Una jueza federal ratificó la prisión preventiva de César Duarte Jáquez, a pesar de que el delito de lavado de dinero no es grave. La Fiscalía General de la República argumentó que su poder político representaba un riesgo inminente para la investigación.
El factor político: obstaculización frente a la caución
Desde el centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la juez de distrito determinó ratificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra César Duarte. El exmandatario es acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión judicial se tomó tras una audiencia maratónica que comenzó el martes después de las 10:00 horas y culminó a la 1:38 de la mañana del miércoles.
La defensa del exgobernador solicitó que se le permitiera enfrentar el proceso en libertad mediante el pago de una caución. Este argumento se sostenía en que el delito imputado no está considerado como grave dentro del Código Penal federal.
Sin embargo, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo una postura firme y contundente, argumentando que liberar al exfuncionario representaba un peligro de obstaculización para la investigación. Esta justificación se basa específicamente en:
- El rango político que ostentó al ser gobernador de Chihuahua.
- El poder que ejerció durante el periodo 2010-2016.
El sofisticado esquema de desvío y lavado de dinero
La acusación formulada por la FGR durante la audiencia de imputación de cargos detalla que César Duarte Jáquez orquestó un complejo mecanismo para ocultar el origen de $73 millones 925 mil pesos. Este dinero fue desviado directamente del Poder Ejecutivo de la entidad fronteriza que encabezaba.
El Ministerio Público sustentó la acusación con un total de 120 elementos de prueba aportados por la Fiscalía, que delinean cómo Duarte Jáquez ideó un esquema para mover recursos hacia empresas de las cuales él mismo era el accionista mayoritario.
Uso de empresas fachada y la red familiar
La investigación documenta que el dinero desviado se canalizó a través de dependencias del gobierno de Chihuahua, las cuales firmaron convenios y entregaron subsidios a por lo menos cuatro empresas ligadas directamente al exgobernador o a su esposa.
Las empresas señaladas como receptoras de los recursos públicos desviados incluyen:
- Unión Ganadera Regional División del Norte: Duarte era el presidente del consejo de administración.
- Financiera Rural División del Norte: Duarte también fungía como presidente del consejo de administración.
- Pavimentos y Servicios Parral: Su esposa, Bertha Olga Gómez Font, aparecía al frente del consejo de administración.
- Hidroponia El Parral: Bertha Olga Gómez Font figuraba como representante legal.
El proceso de ocultamiento culminaba con múltiples transferencias entre las mismas empresas o a otras cuentas. Finalmente, el dinero llegaba a las cuentas personales de César Duarte y Bertha Olga Gómez Font. La FGR detalló que estos recursos fueron utilizados incluso para pagar la tarjeta de crédito American Express de la esposa del exmandatario.
La defensa busca la duplicidad del término constitucional
Durante la diligencia, y tras escuchar la imputación de la FGR, el exgobernador César Duarte se reservó su derecho a declarar. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, una estrategia legal para poder recabar elementos que desvirtúen la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La resolución sobre la situación jurídica de César Duarte, es decir, si existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso penal o si se determina su exoneración, se dictará hasta el sábado por la tarde. El tiempo concedido será crucial para la estrategia legal que el corresponsal Israel Dávila documenta desde Almoloya de Juárez.
