Un juez federal ha dictaminado, el 02 de septiembre de 2025, que la administración de Donald Trump violó la ley federal al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles. Este fallo histórico emerge en San Francisco en un momento crucial, mientras el expresidente pondera extender el uso de estas tropas a otras ciudades con liderazgo demócrata, como Chicago, Baltimore y Nueva York. La decisión subraya los límites del poder ejecutivo en la militarización doméstica.
El revés judicial a la administración Trump por la Guardia Nacional
El juez federal Charles Breyer dictaminó que la administración del entonces presidente Donald Trump violó la ley federal al utilizar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles y el sur de California, en medio de operaciones contra inmigrantes y las protestas que las acompañaron. La determinación del juez, aunque no exigió la retirada inmediata de las tropas restantes, estableció que su orden entraría en vigor el viernes siguiente.
Esta decisión judicial es resultado de una demanda interpuesta por el estado de California. El estado argumentó que las tropas enviadas a Los Ángeles durante el verano estaban quebrantando una ley que prohíbe la aplicación militar de leyes domésticas, específicamente la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, los abogados de la administración republicana defendieron que dicha ley no se aplicaba, ya que las tropas estaban protegiendo a agentes federales y no haciendo cumplir leyes por sí mismas. Además, sostuvieron que la movilización se realizó bajo una autoridad presidencial que permite tales despliegues.
Militarización interna: Antecedentes y futuras confrontaciones
El expresidente Trump ha sido una figura clave en la expansión de la actividad militar dentro del territorio estadounidense, incluyendo la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En el caso de California, federalizó a la Guardia Nacional a pesar de las objeciones explícitas del gobernador demócrata Gavin Newsom y los líderes locales. Trump justificó esta acción bajo una ley que autoriza al presidente a llamar a la guardia al servicio federal cuando el país «es invadido», cuando «hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno», o cuando el presidente no puede «ejecutar las leyes de Estados Unidos».
La reacción a la sentencia no se hizo esperar. El gobernador Gavin Newsom publicó en X, imitando el estilo de comunicación de Trump, una contundente declaración: «¡DONALD TRUMP PIERDE OTRA VEZ. Los tribunales coinciden: su militarización de nuestras calles y el uso del ejército contra ciudadanos de Estados Unidos es ILEGAL!». La Casa Blanca, por su parte, no ha emitido comentarios en respuesta a la solicitud de declaraciones sobre el fallo. La relevancia del fallo se acentúa dado que Trump aún considera desplegar la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas como Chicago, Baltimore y Nueva York, y ya la ha desplegado en Washington, donde ejerce un control legal directo.
Este dictamen judicial establece un precedente crítico sobre los límites de la autoridad presidencial en el uso de las fuerzas militares dentro del territorio nacional. ¿Marcará esta decisión un punto de inflexión en el debate sobre la militarización de la vida civil en Estados Unidos?
