En un giro crucial para la política migratoria estadunidense, un juez federal de California ha extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unas 60 mil personas de Centroamérica y Nepal. Esta decisión clave, que salvaguarda la protección migratoria para centroamericanos, evita deportaciones masivas y desafía la línea dura de la administración actual.
Batalla legal por el estatus de protección temporal
San Francisco, 31 de julio de 2025. Un juez federal en California amplió este miércoles el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unas 60 mil personas originarias de Centroamérica y Asia, incluyendo a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. Las protecciones estaban programadas para expirar en agosto y septiembre, pero la decisión judicial evitó que miles de personas quedaran expuestas a inminentes procesos de deportación.
Revocación frustrada: el plan de la secretaría de seguridad interior
La secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kristi Noem, había determinado previamente que las condiciones en los países de origen ya no justificaban la permanencia del programa. La funcionaria aseveró que tanto Honduras como Nicaragua “hicieron progresos significativos” desde el paso del huracán Mitch en 1998, justificando la cancelación.
La anulación del TPS afectaba directamente a 51 mil hondureños, casi 3 mil nicaragüenses y 7 mil nepalíes, quienes han residido en territorio estadunidense durante más de dos décadas, construyendo vidas y comunidades.
El debate entre política y derecho: voces a favor y en contra
Organizaciones de derechos migrantes denunciaron que la cancelación de este beneficio forma parte de una política sistemática impulsada por el presidente Donald Trump. Según estas voces, la estrategia busca eliminar protecciones migratorias y facilitar deportaciones masivas. Abogados de la National TPS Alliance advirtieron que las decisiones de Noem responden a criterios políticos y raciales, y no a un análisis imparcial de las condiciones reales en las naciones de origen.
Te puede interesar:Tráfico droga México EU: Sheinbaum exige parte de Estados Unidos
- Ahilan Arulanantham, abogado, expresó su profunda preocupación durante una audiencia judicial el pasado martes: “Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”. Esta declaración subraya la urgencia y el impacto humano de la medida gubernamental que la corte ha frenado.
La postura del gobierno estadunidense: autoridad legal y temporalidad
En contraste, el gobierno estadunidense sostuvo que la secretaria Noem ejerció su autoridad legal sobre el programa, y que su determinación refleja los objetivos de la administración en materia de política exterior e inmigración. El abogado del Departamento de Justicia, William Weiland, afirmó que la existencia de una postura crítica sobre el TPS no constituye un argumento jurídico para impedir su eliminación. “No está destinado a ser permanente”, subrayó Weiland, reforzando la narrativa oficial de que el TPS es un alivio temporal, no una vía a la residencia permanente.
Un patrón de revocaciones de protecciones migratorias
Esta acción judicial se inscribe en un contexto más amplio de revisiones y cancelaciones de TPS por parte de La Casa Blanca. La administración ya ha revocado el estatus de protección temporal para otros grupos significativos, incluyendo:
- Cerca de 350 mil venezolanos
- 500 mil haitianos
- Más de 160 mil ucranianos
- Miles de personas de Afganistán, Camerún y el propio Nepal.
Este historial subraya una tendencia clara en la política migratoria actual, donde la administración busca redefinir la temporalidad y los criterios de elegibilidad para estas protecciones.
La decisión de este juez no solo representa un respiro crucial para decenas de miles de migrantes, sino que también reaviva el debate sobre la discrecionalidad del poder ejecutivo en materia migratoria. ¿Hasta qué punto la política debe someterse a la evaluación de la realidad, más allá de las intenciones políticas?
