La élite judicial española ha elevado la voz en el panorama internacional. Más de un centenar de personalidades firmaron en Madrid un manifiesto contundente, fechado el 07 de enero de 2026, contra el reciente ataque e intervención estadunidense en Venezuela. Instan formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar para defender la legalidad internacional y el respeto de su Carta.
La jurisprudencia española deslegitima la acción contra Venezuela
El manifiesto, suscrito por prominentes figuras del mundo judicial y académico de España, establece una posición firme a favor de la legalidad internacional. En su texto, los firmantes critican la detención que califican de «ilegal» y el traslado forzoso del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Las firmas de la élite judicial y académica
Entre el más del centenar de personalidades que se adhirieron al documento, destacan nombres reconocidos que aportan peso jurídico y político al pronunciamiento:
- Baltasar Garzón: Ex magistrado español.
- Victoria Rosell: Jueza y ex delegada del Gobierno contra la violencia de género.
- Javier Pérez Royo: Catedrático de Derecho Constitucional.
Argumentos basados en la Carta de las Naciones Unidas
El núcleo del documento legal se centra en la violación de principios fundamentales del derecho internacional. Los firmantes recuerdan de forma explícita que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está estrictamente prohibido.
Se cita textualmente el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, considerada la «norma fundamental del orden jurídico internacional y de carácter imperativo (ius cogens)».
Los expertos subrayan que dicha prohibición solo permite dos excepciones claramente delimitadas:
- La legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta.
- La autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El manifiesto advierte que, hasta la fecha, «no se ha acreditado públicamente» la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que pudiera justificar una actuación en legítima defensa. Por tanto, cualquier intervención militar unilateral en territorio venezolano «constituiría una violación grave del principio de soberanía, de la prohibición de la intervención y de la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos».
Los firmantes instan formalmente a la ONU a evaluar las consecuencias jurídicas de estas acciones y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto irrestricto de la Carta de las Naciones Unidas.
El contexto de la tensión regional e internacional
La declaración de los jueces y catedráticos españoles se da en un ambiente de alta volatilidad regional. Mientras el presidente Maduro declaró que “Venezuela está en paz, tranquila y segura de su destino y su camino”, el panorama político estadounidense mantiene su presión.
El senador Rubio ha manifestado que Estados Unidos «no está improvisando», sino que «tiene un plan para Venezuela», lo que sugiere una estrategia deliberada y escalonada de confrontación.
Movimiento diplomático en américa y la actividad petrolera
En paralelo a la tensión política y las declaraciones judiciales, el Grupo de Puebla también ha emitido un comunicado importante, al repudiar las declaraciones intimidatorias de Donald Trump contra la política Claudia Sheinbaum y el político Gustavo Petro. El foro político declaró que “estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas”, sumando una condena más a las acciones que ponen en riesgo la estabilidad regional.
En el ámbito económico, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó sobre negociaciones con Estados Unidos para vender su petróleo. La estatal petrolera venezolana detalló en un comunicado que se utilizará el mismo esquema con que opera la compañía Chevron en el país.
Este contexto geopolítico se desarrolla mientras otros países experimentan sus propios desafíos internos. En Europa, una mega nevada ha provocado la cancelación de vuelos y viajes en trenes en varios países, resultando en la muerte de seis personas (cinco en Francia y una en Bosnia), evidenciando las múltiples crisis que enfrenta el mundo.
¿Hasta qué punto esta crítica unificada del mundo judicial y académico internacional obligará a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas a reevaluar la legalidad de la presión ejercida sobre Venezuela, o terminará siendo simplemente una condena moral sin efectos prácticos en el terreno político y militar?
