La justicia en entredicho: el escándalo de los jueces “cachirules” en Yucatán
En Yucatán, un grupo de jueces habría ejercido funciones sin haber rendido protesta legal. El caso estalla justo cuando el sistema judicial nacional atraviesa un proceso de renovación crítica.
La palabra “cachirul” no suele relacionarse con tribunales, pero hoy marca uno de los mayores escándalos judiciales en Yucatán. Al menos once jueces y juezas estarían ejerciendo sin haber cumplido el acto constitucional obligatorio para asumir el cargo: rendir protesta. La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los hechos.
Una estructura judicial bajo sospecha
El caso más emblemático es el de Jazmín Ojeda Alayón, Jueza Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, quien dictó resoluciones penales desde 2024 pese a no haber sido designada oficialmente ni haber rendido protesta. Así lo reconoció el propio Consejo de la Judicatura del Estado, que la señala por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, con posibilidad de enfrentar cargos por usurpación de funciones.
Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. A Ojeda Alayón se suman al menos diez jueces más, quienes, según los expedientes, actuaron en funciones judiciales pese a no haber completado el proceso legal requerido, lo que pone en tela de juicio la validez de decenas de resoluciones judiciales emitidas desde 2024.
¿Quiénes son los jueces “cachirules”?
De acuerdo con documentos oficiales y denuncias presentadas ante la FGR, los jueces involucrados incluyen a:
- Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz
- Rodrigo Dajdaj Germón
- Silvia Pamela Zetina Bautista
- Mónica Acosta García
- Silvia Elena Torres Cobá
- Raúl Edilberto Bardales Alcocer
- Suemi Cecilia Alejos Góngora
- Elsy Margarita Basto Uc
- Janet de Rocío Rodríguez Tilán
Algunos de ellos habrían incluso desobedecido suspensiones otorgadas por jueces federales, en claro desacato al Poder Judicial de la Federación.
Casos graves de parcialidad e influencias
Las actuaciones de la jueza Ojeda Alayón no solo generan dudas legales, sino también éticas y de imparcialidad. Un ejemplo: en marzo de 2025, liberó al ciudadano español Joan Serra Montagut, quien causó destrozos y amenazas en una cafetería de Mérida. Serra estaba en prisión preventiva por los delitos de daño en propiedad ajena, amenazas y lesiones, pero fue beneficiado por la jueza pese a la evidencia.
Otro caso delicado involucra a los empresarios María Engracia García Chávez y Gregorio Oliva Miranda, víctimas de fraude por más de 31 millones de pesos a manos de Gabriela Mendoza Hernández y Manuel Bargas Díaz, familiares de un exfuncionario judicial. En lugar de proteger a las víctimas, Ojeda Alayón les impuso grilletes electrónicos, violando su derecho a la privacidad.
La lista sigue. En enero de 2025, la jueza exoneró a los hermanos Herbé Jesús y Gibrán Rodríguez Coello, acusados de fraude y falsificación para apropiarse de 58 inmuebles en cinco municipios yucatecos. La familia tiene vínculos políticos: su padre fue exalcalde de Mérida.
El problema de fondo: falta de protesta legal
El conflicto jurídico central es claro: los jueces no rindieron protesta como establece el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y el artículo 105 de la Constitución estatal. La protesta no es un mero trámite: es el acto que legaliza el ejercicio del cargo.
Según el abogado Justo Medina Escobedo, asesor legal del denunciante ante la FGR, las actuaciones judiciales dictadas por estos jueces son jurídicamente nulas, lo que podría desatar una cadena de impugnaciones y abrir la puerta a procesos de revisión y revocación de sentencias emitidas durante más de un año.
Designaciones irregulares y desacato a la justicia federal
El origen del escándalo se remonta a un concurso de selección de jueces entre 2023 y 2024, donde uno de los aspirantes fue eliminado de forma supuestamente irregular. Al promover un amparo, obtuvo una suspensión federal que el Consejo de la Judicatura estatal ignoró deliberadamente, permitiendo que las designaciones ilegales continuaran.
Ese desacato se configura como delito federal, tipificado en el artículo 262 de la Ley de Amparo, por lo que el ciudadano afectado (cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad) presentó denuncia penal contra los involucrados.
Una oportunidad para el sistema judicial… o una crisis anunciada
Este escándalo judicial en Yucatán estalla justo cuando en el país se lleva a cabo un proceso nacional para designar nuevos jueces y magistrados, lo que ha despertado mayor escrutinio sobre las estructuras de justicia locales.
La pregunta es clara: ¿cuántas resoluciones se han dictado ilegalmente en Yucatán? ¿Qué consecuencias enfrentarán las víctimas de decisiones tomadas por jueces sin nombramiento? ¿Quién responderá por la pérdida de confianza en la justicia estatal?
¿Refundar el Poder Judicial de Yucatán?
Lo que inició como una denuncia aislada ha destapado una crisis estructural en el Poder Judicial de Yucatán. El nombramiento irregular de jueces no es solo una falla administrativa; es una violación constitucional que pone en riesgo la legitimidad de cientos de procesos judiciales.
La intervención de la FGR es clave. Pero más allá del castigo penal, lo que se requiere es una revisión profunda del sistema de selección, designación y control de jueces, para garantizar que nunca más se repita un caso como el de los “jueces cachirules”.
La justicia debe ser ciega, no sorda ni complaciente. Y en Yucatán, hoy más que nunca, se pone a prueba su integridad.
