La compleja batalla legal del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por acceder a atención médica especializada en prisión ha tomado un nuevo giro. El 9 de septiembre de 2025, Abarca interpuso un recurso de revisión contra la anulación de su juicio de amparo, generando expectación en el círculo rojo político.
El recurso de revisión y la demanda por atención médica
En un movimiento legal crucial, José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, interpuso un recurso de revisión. Esta acción busca impugnar el fallo de una juez federal que anuló el juicio de amparo que Abarca había promovido. Originalmente, el amparo buscaba asegurar que las autoridades del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, le brindaran atención médica especializada.
En su demanda, Abarca Velázquez, quien es relacionado por las autoridades con el cártel Guerreros Unidos y con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclamó la omisión de las autoridades penitenciarias. La solicitud era específica y urgente, abarcando diversas especialidades médicas:
- Gastroenterología
- Cirujano vascular
- Nefrología
- Nutrición
- Siquiatría
- Odontología
- Oncología
- Endocrinología
- Medicina interna
- Traumatología
La resolución de la jueza y el traslado de Abarca
No obstante, en mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que los actos reclamados eran improcedentes. Por consiguiente, sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo.
La decisión de la juzgadora se fundamentó en el traslado del quejoso. De acuerdo con copias certificadas remitidas por el Director General del Altiplano, el 30 de abril de 2025, Abarca egresó de dicho centro penitenciario. Fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número Dieciocho “CPS” Coahuila.
Argumentos legales de la jueza sobre la imposibilidad de reparación
La jueza Duarte Cedillo señaló que la reparación de la omisión de la autoridad responsable de proporcionar atención médica especializada no se ha concretado en la esfera jurídica de José Luis Abarca Velázquez, ni se concretará. Esto se debe a la modificación de su entorno jurídico, derivado de su traslado del Altiplano al penal federal de Coahuila.
En sus argumentos, la togada explicó que, «si en sentencia se concluyera que la omisión de las autoridades responsables es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo de la omisión de la responsable, ha sido modificada con el traslado del quejoso a diverso centro penitenciario, y aun cuando esta omisión subsiste, lo sucedido en la esfera jurídica del gobernado (aquí quejoso), no es susceptible de reparación, por parte de las autoridades señaladas como responsables, lo que impide que el fallo protector pudiera cumplir con su finalidad, ya que el quejoso no se encuentra a disposición de la autoridad responsable penitenciaria responsable”.
Además, la juzgadora agregó que, si bien las promociones de Abarca se recibieron antes de su traslado, acordarlas ahora carecería de sentido práctico. Insistió en que ya no es posible que se le otorgue la atención médica solicitada por las autoridades originales del Altiplano.
El futuro del caso: En manos de un tribunal colegiado
Ante este escenario, el ex funcionario público impugnó el fallo de la impartidora de justicia. Actualmente, el caso ha sido turnado a un tribunal colegiado, el cual tendrá la tarea de resolver en los próximos días si confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia.
El destino de la atención médica de José Luis Abarca pende ahora de la decisión de un tribunal colegiado. Este caso subraya las complejidades y los desafíos procesales que enfrentan los reclusos en busca de sus derechos fundamentales, incluso cuando la burocracia penitenciaria redefine su entorno jurídico.
