La reforma constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas fue aprobada por unanimidad (48 votos) en las comisiones unidas del Senado el 10 de febrero de 2026. Este avance legislativo, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se discutirá en el Pleno este miércoles y busca beneficiar directamente a 13.5 millones de trabajadores mexicanos.
Aunque el dictamen recibió el respaldo de Morena, sus aliados y el bloque opositor (PAN y PRI), la discusión estuvo marcada por serias críticas sobre los vacíos legales del proyecto. Legisladores advirtieron que la falta de inclusión explícita de dos días de descanso obligatorio y la alta permisividad de horas extraordinarias podrían desvirtuar el espíritu social de la ley, convirtiéndola en una reforma de nombre, no de beneficio real.
El peso estadístico del agotamiento y la salud pública
El impulso a la reforma del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución se sostiene en datos estadísticos que reflejan el grave problema de la sobrecarga de trabajo en México. Las personas trabajadoras en el país laboran, en promedio, más de 2,100 horas al año, una cifra muy superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las comisiones dictaminadoras señalaron que el 27% de la población ocupada trabaja más de 48 horas semanales, el porcentaje más alto entre los países miembros de la OCDE. La consecuencia directa es que el 75% de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, situando al país en el primer lugar mundial en esta problemática.
La senadora de Morena, Martha Lucía Micher, defendió que el exceso de trabajo produce estrés, menor concentración, aumento de enfermedades crónicas y accidentes laborales. El dictamen reconoce el estrés laboral como un problema estructural de salud pública, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que relacionan las jornadas prolongadas con infartos, accidentes cerebrovasculares y agotamiento profesional. Se estima que una cuarta parte de los infartos registrados anualmente está relacionada con factores laborales.
Esquema de implementación gradual y redefinición de horas extras
La iniciativa fue presentada al Congreso el 3 de diciembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue trabajada en mesas de diálogo durante ocho meses, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños, sindicatos y el empresariado.
Para evitar impactos abruptos en la economía y los procesos productivos, la reforma establece que la reducción de la jornada será progresiva, tomando como referencia experiencias internacionales como las de Chile, Colombia y Corea del Sur.
La información disponible detalla dos posibles inicios para la gradualidad:
- Fuente 1: Implementación gradual entre 2026 y 2030, priorizando la salud pública, el bienestar social y la dignidad laboral.
- Fuente 2: El proyecto comenzará a acortarse a partir de enero de 2027, restando dos horas cada año hasta alcanzar la meta de 40 horas semanales en 2030.
El dictamen garantiza que la disminución de horas no implicará reducción salarial y refuerza la excepción de las horas extraordinarias.
Modificaciones clave al trabajo extraordinario
La reforma redefine las reglas del trabajo extraordinario con las siguientes condiciones:
- Se permitirá un máximo de 12 horas extras a la semana.
- Estas horas deberán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias, hasta en cuatro días dentro de la misma semana.
- El pago de las horas extraordinarias será del 100% adicional.
- El pago se elevará hasta el 200% cuando se rebasen los límites semanales establecidos, reforzando su carácter excepcional.
- Se endurecen las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años.
- Se mantiene el derecho constitucional a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con goce de salario íntegro.
El punto ciego de la reforma: El debate sobre el descanso obligatorio
La unanimidad en la votación en comisiones tuvo matices y críticas significativas que se centran en el riesgo de que el beneficio se diluya por la ambigüedad en el descanso y la gestión de las horas extra.
El senador del PT, Alejandro González Yáñez, aunque a favor, cuestionó por «obligación ética, moral y parlamentaria» que la iniciativa no expresara claramente el descanso de dos días por semana. Esta crítica fue secundada fuertemente por el bloque opositor.
Advertencias del PRI y PAN sobre la simulación
El PRI, por medio de la senadora Carolina Viggiano, y el PAN, a través de su coordinador Ricardo Anaya, respaldaron la reducción de la jornada por congruencia histórica, pero alertaron que la reforma podría convertirse en una simulación.
Viggiano sostuvo que «reducir horas sin atender el transporte, la salud y el esquema de horas extraordinarias mantendría el agotamiento de los trabajadores». Calificó como una «trampa» quitar una hora al día si se incrementan las horas extras a 12. Por ello, la bancada priista propuso establecer una jornada máxima ampliada de 49 horas y un tope de nueve horas extras semanales (en contraste con las 12 horas permitidas por el dictamen).
Por su parte, Ricardo Anaya calificó la reforma como «justa y humana», pero cuestionó la permisividad de las 12 horas extras, lo que, según él, «abre la puerta para que se mantenga la jornada de lunes a sábado, descansando solo los domingos».
El líder panista también cuestionó la gradualidad extendida hasta 2030, acusando al oficialismo de retrasar la entrada en vigor de reformas laborales clave.
El objetivo de la oposición es establecer en la Constitución que por cada cinco días de trabajo, el trabajador goce de dos días de descanso, ya que, sin ese cambio explícito, millones de trabajadores seguirán laborando de lunes a sábado.
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Advertencias clave sobre el dictamen (Riesgo de simulación)
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Este dictamen, avalado con apoyo de la CTM, ahora se enfrenta al debate en el Pleno. La discusión girará en torno a si el modelo propuesto realmente privilegia el equilibrio entre trabajo y vida personal, o si el miedo a los impactos económicos ha diluido el alcance social de la reducción, manteniendo a México en la lógica de que más horas equivalen a mayor productividad, incluso al costo de la salud pública.
